Catalá cree que el ataque de La Manada fue una violación y no un abuso

Rafael Catalá lo dejo hoy muy claro en el pleno del Congreso cuando puso un ejemplo para aclarar que considera que la encerrona en grupo a la que los cinco acusados sometieron a la víctima es ya en sí misma un evidente acto de intimidación, justo el elemento que no apreció en estos hechos el tribunal y que impidió que diesen el salto en el fallo del abuso por prevalimiento a la violación, y que los autores fueran sentenciados a más tiempo de cárcel que los nueve años de condena que recibieron.

«Estoy seguro de que si a una mujer cinco personas le roban un móvil nadie va a dudar de que ha habido una intimidación», aseguró el ministro, para añadir que «creo que ningún delito sexual puede estar exento de esa consideración», en referencia al elemento intrínseco de coacción que tiene un ataque grupal. «Creo por lo tanto que coincido en su planteamiento», le contestó a la diputada de Unidos Podemos Irene Montero, que acababa de exigirle a Catalá que tomase las medidas necesarias para que si una mujer no dice sí a las posibilidad de mantener relaciones sexuales los jueces deban considerar «todo lo demás» violación.

Catalá, justo el día previo a que se reúna la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación del ministerio para estudiar modificaciones en los delitos contra la libertad sexual a raíz del escándalo de esta sentencia, insistió en que es necesario hacer cambios en el Código Penal para adaptar estos delitos «al momento social y a la realidad de España» y para clarificar una tipificación que el propio Tribunal Supremo considera «farragosa y compleja», de forma se eviten interpretaciones de la ley no deseadas como la de La Manada.

Pero sobre todo considera que, para evitar casos similares, hay extender la formación en perspectiva de género a todos los operadores judiciales, porque hay que cambiar «comportamientos» y «culturas». «Hay que exigir ética en la aplicación de estas reglas, y por tanto control y seguimiento», dijo. Dio a entender que el hecho de que el tribunal navarro no apreciase la intimidación que hubiese condenado a La Manada por violación «no es un tema de leyes». «Es un tema de cultura, de implantación de esa manera de entender las cosas, y por lo tanto en eso hay que trabajar desde la formación», matizó. Pese a que aseguró que en los últimos años las horas de formación de jueces, abogados, fiscales o forenses en violencia machista han aumentado un 187% y los profesionales formados en un 400%, confesó que sentencias como la de La Manada «ponen de manifiesto que nos queda mucho camino por delante».

Justo eso, el problema «estructural» de una justicia española sin perspectiva de género y con «falta de empatía» hacia las víctimas de violencia sexual, es lo que le echaron en cara en el Congreso tanto las diputadas de PSOE como Unidos Podemos, que acusaron a Catalá de no haber hecho nada para cambiarlo durante su mandato. Montero, de hecho, le lanzó un ultimátum: «Rectifique usted, y si no dimita».

Sobre lo que el ministro no dijo una sola palabra fue sobre la exigencia que le hicieron los dos partidos para que modifique de inmediato la composición de la comisión que va a analizar la posibilidad de cambios en la regulación de los delitos sexuales para que pase de estar formada completamente por hombres a ser paritaria.

Le advirtieron de que no van a aceptar que para maquillarlo haya incluido a cuatro mujeres como invitadas solo para este estudio. «Las mujeres no son invitadas a las comisiones, somos protagonistas», le reprochó la socialista Adriana Lastra. «Se le están revelando las mujeres porque las está metiendo a capón para intentar disimular, porque quieren ustedes que sobre las mujeres legislen solo hombres», aseguró Montero, haciéndose eco de la rebelión de las catedráticas españolas de Derecho Penal, que en su mayoría se han negado a estar en esa comisión hasta que no disuelva la actual y se constituya otra paritaria.