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Olatz Hernández
Bruselas
Miércoles, 2 de febrero 2022, 13:04
El Ejecutivo de la Unión Europea aprobó ayer el texto definitivo en el que etiqueta como verdes el gas y la energía nuclear. Bruselas considera que estas dos fuentes son «necesarias» para lograr la neutralidad de emisiones en 2050 y, por ello, las clasifica como « ... energías transitorias». O lo que es lo mismo; les pone una etiqueta verde temporal.
El texto acordado difiere poco del presentado el 31 de diciembre de 2021, en el que Bruselas ya defendió abrir la puerta a que el gas y la nuclear se situaran entre las inversiones verdes. El Ejecutivo comunitario hizo finalmente oídos sordos a las críticas de los expertos asesores y a países como España y Dinamarca, que consideran esta medida como «un paso atrás».
El debate sobre esta medida ha provocado grandes divisiones entre los Veintisiete, pero Bruselas dice haber encontrado un «equilibrio» de opiniones. Las posturas se reparten en dos grandes bloques, dependiendo de los intereses de cada estado y de su dependencia del gas y las nucleares. Esas costuras entre países también se vieron en la votación del Colegio de comisarios, que alcanza sus decisiones por consenso y donde hubo, al menos, tres votos discordantes, según fuentes comunitarias.
Francia es la principal defensora de las centrales nucleares -el 75% de su electricidad proviene de esta fuente-, una postura que defiende una docena de países. Alemania, rechaza la nuclear, pero está a favor de que el gas sea considerado como verde. En el lado opuesto está el bloque formado por España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca que han rechazado firmemente la modificación de la ley.
Antes de entrar en vigor, la propuesta deberá pasar el filtro del Parlamento Europeo y del Consejo. Los dos organismos tendrán un plazo de cuatro meses -ampliables a seis- para presentar objeciones a la normativa. En caso de que ninguna de las instituciones se posicione en contra, entrará en vigor.
Bruselas espera que los Estados miembro comprendan que la decisión adoptada es necesaria para llevar a cabo la transición verde. «Tratamos de pasar de un sistema basado en energías emisoras de grandes cantidades de carbono, a otro de fuentes menos contaminantes. Es un camino. Actualmente no tenemos los medios para lograr la neutralidad», explicó la comisaria de servicios financieros, Mairead McGuinness.
El Ejecutivo comunitario también quiso dejar claro que la taxonomía es una herramienta para el mercado financiero y que no define la política energética europea. «Cada país es libre de usar su propio mix energético. La taxonomía permite que los inversores privados sepan, con total transparencia, en qué tipo de energía invierten», destacó McGuinness. La comisaria defendió que Europa está centrada en cumplir los compromisos acordados en Glasgow y desterrar el uso carbón en el continente.
El comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, que participó en la reunión del Colegio de forma telemática, defendió que el gas y la energía nuclear son «un puente» hacia la neutralidad. «El objetivo es una economía basada en las renovables», señaló.
Bruselas espera que la decisión adoptada ayer sirva para acelerar las inversiones privadas en energías menos contaminantes en los próximos diez años. Ante las reservas y de varios países y del informe crítico elaborado por los asesores expertos, Bruselas asegura que fija «estrictas condiciones» para el gas y la energía nuclear y prevé sanciones para aquellas compañías que no cumplan los estándares medioambientales.
Para lograr la etiqueta verde, las centrales nucleares deberán mantener un alto nivel de seguridad y tendrán que trabajar en el tratamiento de los residuos altamente radiactivos, el 1% de los que generan. La iniciativa otorga la etiqueta verde a las centrales en funcionamiento y aquellas que se construyan hasta 2045. Las plantas de gas, por su parte, tendrán que operar con energías bajas en emisiones de carbono -hasta 270 gramos de CO2 por Kw/h- y ser totalmente verdes para 2035.
Se trata, en definitiva, de una propuesta «pragmática y realista», apuntó McGuinness, y que tiene en cuenta la tecnología con la que cuenta hoy en día la UE. «Este es un documento vivo, que se revisará cada tres años y estará sujeto a posibles modificaciones. Este no es el final, es una iniciativa que va en esa dirección», concluyó.
Desde que se publicara el primer borrador de la iniciativa del Ejecutivo de la UE, han sido muchas las voces que se han pronunciado en contra de la iniciativa. A ecologistas y formaciones políticas se han sumado países como España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca, que se negaron a calificar como verde la energía nuclear.
Austria y Luxemburgo fueron más allá y anunciaron que acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si ambas fuentes de energía son calificadas como sostenibles. Austria ha publico su promesa y ayer mismo elevó sus quejas sobre esta materia al TJUE.
El ministro de Finanzas de Austria, Magnus Brunner, lamentó ayer la decisión de Bruselas y la calificó de «miope» e incomprensible». También acusó al Ejecutivo comunitario de «frustrar la agenda del Acuerdo Verde», al tiempo que ha insistido en que para Viena esta decisión «no es ecológica ni económicamente sostenible».
España tampoco coincide con el criterio de la UE y opina que «no da las señales adecuadas a la inversión en energía limpia», ya que da el mismo tratamiento al gas y a la energía nuclear que a fuentes como la eólica o la solar. Según comunicó el Ministerio de Transición Ecológica, la decisión de Bruselas podría llegar a «distraer» fondos e inversiones dirigidas a las renovables.
'Greenwashing'
Otros muchos países europeos aún no se han pronunciado sobre su postura en esta cuestión. El equilibrio en el seno de los Veintisiete podría llegar a través de esa calificación verde «transitoria» de la que hablaba Bruselas y con la que podría lograr el consenso de la mayoría de Estados.
Lo cierto es que el paso de la normativa por la Eurocámara tampoco será un camino de rosas. Los socialdemócratas (S&D) y los Verdes, ya se han mostrado contrarios a calificar como verde la energía nuclear y acusaron al Ejecutivo comunitario de hacer un lavado de cara a las centrales nucleares, una táctica conocida en inglés como 'greenwashing'.
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