Baleares restringirá la circulación de los coches diésel en 2025

Durante el debate en el Parlament no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados.

En su defensa de la norma, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 -coches, motos, furgones y furgonetas-. Los ya existentes en Baleares antes de esa fecha podrán seguir circulando. También introduce cambios para las empresas de alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El conseller de Energía ha intervenido en primer lugar para defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las islas«, una comunidad autónoma con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, el conseller ha insistido en que la norma »es la hoja de ruta« para »hacer efectivo el cambio de modelo« y que es una ley »de hechos y no intenciones«.

Tras la aprobación de la ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

La carta remitida este lunes al Parlament por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, el presidente del organismo avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado este martes, y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs ha cuestionado la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras. Además, Borràs ha dicho que las enmiendas de PP y Cs convertirían la Ley en un mero «manual de buenas prácticas» y se ha preguntado «a quién quieren proteger».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al 'Pacte' de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. Además, la 'popular' ha dicho que la Ley, que ha descrito como «prohibitiva e impositiva», será «pionera en lapidar el mercado europeo común» y por ello el Govern es «más independentista que Puigdemont, porque no sólo reniegan de España sino de Europa».

También ha pedido a los grupos de izquierda que aprobaran su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista«. »No por correr más llegaremos antes, pero a más velocidad el impacto puede ser mortal«, ha avisado Marí, que cree que la norma es »una ley de gestos para reconciliarse con la izquierda ecologista y tapar la carretera Llucmajor-Campos«.