El Gobierno investiga el Ingreso Mínimo Vital

Los resultados del IMV, aprobado en mayo de 2020, están lejos de sus metas. Se benefician de esta medida 799.203 personas, calcula la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuando el cometido inicial era de 2,3 millones, como se proponía el mismo Escrivá hace casi dos años.

Otro propósito del IMV era abrir el abanico para llegar a 850.000 hogares en riesgo de pobreza e incluir a familias que no percibían ninguna ayuda, algo que tampoco parece superar el sistema de las comunidades autónomas que ya existía y que en 2020 llegaba a 795.861 personas. «Únicamente un 0,04% es lo que el ingreso mínimo vital habría mejorado la cobertura de las rentas mínimas de las comunidades autónomas», indica el documento que examina datos de los ministerios implicados en los derechos sociales.

«Sólo el 9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las rentas mínimas», cuya cuantía media, además, ha perdido dos puntos en dos años si se compara con la renta media por hogar. Ha pasado del 17% al 15% en este periodo, «condicionado probablemente por la aparición del ingreso mínimo vital», mantiene esta organización. En su proyecto del IMV, el Gobierno definió como personas en el umbral de pobreza alta o extrema a las que tenían ingresos menores a 4.300 euros al año. Según el análisis, han quedado sin «gestionar» unos 1.000 millones de euros en 2020 de una partida anual de 3.000 millones.

La comisión anunciada tiene el objetivo de evaluar la normativa sobre IMV en las comunidades, donde el mecanismo funciona de forma irregular, junto a otro tipo de rentas de inserción social. Impedido por un procedimiento que debe ser «simplificado» puede pasar del 60% de personas vulnerables que reciben ayudas en País Vasco y Navarra –que reclaman la transferencia de competencias, algo que ya «analiza» el despacho de Escrivá–, hasta «coberturas del 5% en Castilla La Mancha, Canarias y Galicia».