Los avatares del empleo juvenil en España antes y después de la pandemia

Además, tienen dificultad para incorporarse al mercado laboral y, cuando lo hacen, se topan con contratos temporales, jornadas a tiempo parcial involuntarias, sobrecualificación y bajos salarios. La participación laboral de las personas jóvenes tiene consecuencias en sus condiciones de vida y en sus expectativas de desarrollo personal y familiar. Y también en la sociedad, puesto que son el principal activo para la necesaria renovación generacional de su capital humano y social.

En España, las últimas crisis han afectado de forma más intensa a las personas jóvenes. Especialmente a las que buscaban su primer empleo y a aquellas con contratos temporales y a tiempo parcial.

El impacto de la Gran Recesión de 2008 fue inmenso, puesto que en los años previos se habían incorporado al mercado de trabajo personas jóvenes y poco cualificadas que, mayoritariamente, habían abandonado los estudios. Entonces, ante la caída de la actividad productiva, especialmente los hombres fueron expulsados del mercado laboral. Creció el paro juvenil y también la tasa NEET (personas jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se forman).

Si en 2013 ambas tasas alcanzaron el 41,4% y el 22,5% (el 16,4% en personas con un nivel de estudios superiores), a finales de 2019 se habían reducido al 24,7% y al 14,9%, aunque también se redujo la presencia del colectivo juvenil en el mercado laboral.

Por otra parte, tampoco eran buenas las cifras de emancipación entre los jóvenes. Solo un 18% de ellos conseguían emanciparse (entre ellos, un 33,5% de hombres y un 48,4% de mujeres de entre 25 y 29 años).

En 2019, la remuneración media de las personas jóvenes de entre 25 y 29 años rondaba los 7 788 euros (anuales) si eran hombres (con un 77,6% de contratos temporales de los cuales un 84% eran a tiempo parcial) y un 8% menos si eran mujeres (79% de contratos temporales, de los que un 77% eran a tiempo parcial).

Desde 2008 el crecimiento del desempleo juvenil ha sido considerado un problema europeo que lideran los países del sur. Como respuesta, la Unión Europea propuso diversas iniciativas entre las que destaca la Garantía Juvenil.

Con este instrumento, Europa buscaba garantizar que todas las personas menores de 25 años en situación NEET recibieran una buena oferta de trabajo, educación continua, formación de aprendiz o un periodo de prácticas, en un plazo de cuatro meses después de finalizar la educación formal o de quedar desocupadas.

España aprobó en 2014 el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y amplió la edad de participación hasta 30 años. Entre 2013 y 2019 se redujo la población joven en situación NEET, en particular la desocupada (592 000 personas menos). Esto debido a:

1. El aumento en 349 000 de personas jóvenes ocupadas.

2. La disminución del colectivo juvenil (441 000 personas menos).

3. El aumento de jóvenes inactivos en formación (279 000 personas más).

Distintas evaluaciones y análisis han puesto de manifiesto que la implementación de la Garantía Juvenil no alcanzó los objetivos fijados por Europa.

La mayor parte de las actuaciones previstas se diseñaron atendiendo al nivel educativo, al nivel de cualificación profesional o según la necesidad de adquirir determinadas competencias y habilidades de las personas jóvenes beneficiarias.

No se consideró en su diseño un enfoque integral, ni aspectos de la vida de las personas más allá del ocupacional, como mecanismos condicionantes de la desigualdad social y la exclusión múltiple, de forma interseccional, como el género, la etnia, la edad o la clase social.

Además, mujeres jóvenes en situaciones vulnerables (inactivas, con bajo nivel formativo, con discapacidad, de origen inmigrante o pertenecientes a minorías étnicas y sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda), estuvieron infrarrepresentadas en el diseño de las medidas.

La pandemia de covid-19 ha agravado aún más si cabe la situación laboral de las personas jóvenes menores de 30 años. Especialmente de aquellas que partían de una posición más débil. Han perdido las pocas oportunidades existentes y manifiestan tener más miedo a la incertidumbre que a la pandemia. Han aparecido nuevos obstáculos para su incorporación al mercado laboral.

Los sectores que habitualmente brindan a los jóvenes su primer paso en la vida laboral (comercio minorista y hostelería, principalmente) han sido los más afectados por la pandemia.

Un año después del inicio de la crisis sanitaria se ha reducido el número de ocupados menores de 30 años en 241 400 y la tasa de actividad (que mide su presencia en el mercado laboral) ha caído en 1,5 puntos porcentuales. Las más afectadas han sido las mujeres jóvenes: tienen menor tasa de empleo (34%), mayor tasa de subempleo (20%), de contratos temporales (55,1%), de contratos a tiempo parcial (33,9%) y de paro (31,3%, llegando al 38,4% si son de nacionalidad extranjera).

Como alerta el informe sobre Perspectivas del Empleo 2020 de la OCDE, las personas jóvenes universitarias tendrán dificultades para encontrar empleo y puede que vean reducido su potencial de ingresos a lo largo de su trayectoria laboral.

En el primer trimestre de 2021 han corrido este riesgo aproximadamente 448 000 personas jóvenes con estudios superiores paradas, inactivas desanimadas e inactivas potencialmente activas (un 56,2% mujeres) y las 88 000 personas jóvenes en situación de ERTE (de las cuales 58 900 son mujeres).

Nuevamente la respuesta europea para mitigar el impacto de la pandemia ha sido el desarrollo de un programa de Garantía Juvenil, creado con la voluntad de alcanzar al mayor número de personas jóvenes posible y que integra las cambiantes realidades del mercado de trabajo y la doble transición digital y ecológica.

En el marco del Plan de Recuperación para Europa se proporcionará ayuda financiera adicional para las medidas en favor del empleo juvenil.

Por su parte, España ha aprobado el «Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes», que mantiene los elementos característicos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de 2014, aunque incorpora nuevos contenidos y cambios en los puntos del anterior programa que se mostraron ineficientes.

De momento toca esperar los resultados de este nuevo plan. La consecución de una buena oferta de empleo es un desafío. Y es urgente el establecimiento de criterios mínimos de calidad –también aplicables a las prácticas laborales– a partir de una definición legal de empleo de calidad que aborde la sostenibilidad en el mercado de trabajo.

Se trata de un empleo de calidad que permita a las personas jóvenes alcanzar un proyecto de vida digno, con una trayectoria laboral sostenible, rompiendo el círculo de temporalidad, parcialidad y bajos salarios en el que están instaladas.

Para ello, es necesario apostar por el cambio a un modelo de crecimiento económico basado en la innovación y la investigación, que sea capaz de generar empleo neto de calidad.

Se necesita un sistema educativo que de respuestas a las necesidades cambiantes del tejido económico y productivo. Y una necesaria modernización de los servicios de empleo públicos, dotándolos de más recursos, para poder llevar a cabo una atención individualizada y de apoyo a las personas jóvenes.

Al mismo tiempo, las políticas de juventud deberían situarse en el centro de las políticas públicas para generar las sinergias necesarias que favorezcan un contexto adecuado al desarrollo de las personas jóvenes y su proyecto de vida.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.