«Quien asesina a sus hijas y se suicida es un cobarde»

«Nerea me contó cómo un día que, estando solo con ellas, rompió a golpes el carrito de Martina mientras ella protegía a su hermana en el pasillo de casa», continúa Prats a través de un comunicado leído por su primo, Gabriel Rubio en la sede del Defensor del Pueblo. «Entonces, acudí al Centro de la Mujer de Castellón donde relaté lo sucedido. Me pusieron en contacto con una psicóloga. Sus amenazas eran reiteradas y siempre en el mismo sentido. 'Cuidado con lo que haces, vais a terminar todos muertos y yo en la cárcel', decía. Empecé a tener miedo real por mis hijas y un gran estado de ansiedad que me impedía dormir cuando las niñas pernoctaban con él. Por eso acudí al médico de familia para que me ayudara con esta situación. El médico sí me creyó desde un primer momento, y por iniciativa propia y sin informarme puso los hechos en conocimiento del juzgado donde se abrieron unas diligencias».

«Por otro lado», prosigue Prats, «mi abogado me recomendó que grabara las conversaciones con él, y así obtuvimos una en la que se mostraba muy violento y decía, entre otras cosas, que me preparara porque me iba a quitar lo que yo más quería. Interpuse la denuncia, relatando todos los hechos y aportando las grabaciones (…). Pasaron varios meses hasta el fatídico día 25 de septiembre pasado, en el que esas amenazas se cumplieron de la manera más cruel y cobarde».

«Cuando yo he pedido socorro no he recibido ayuda. Yo necesité protección, acudí a las instituciones con respeto a todas las normas, con las actuaciones y protocolos que el sistema facilita, los que deben seguirse sin actuar por los propios medios, pero no funcionaron. No encontré amparo. Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente (…) No hay razón alguna ni excusa de ningún tipo que justifique la violencia de ningún maltratador. Quien estos actos justifique, en público o privado, es cómplice del maltratador. La violencia de género ha de ser condenada por toda la sociedad sin paliativos, siempre. Dejad de buscar ninguna otra justificación, porque  quien mata a  sus hijas y  luego se suicida no es un 'pobre hombre'. Es un cobarde. Es esencial que así lo entendamos para erradicar el horror que estamos padeciendo, imprescindible para la dignidad y seguridad de toda la ciudadanía».

Este es el íntimo dolor de la madre de dos niñas asesinadas por su padre. Dolor por la pérdida e impotencia por la inacción de las autoridades competentes, a las que ahora exige que asuman una responsabilidad que sus representantes esquivan tras diversas escusas. Pero eran unas muertes anunciadas. No una, sino muchas veces. Itziar Prats relata que el fiscal no pidió que se adoptara medida alguna tras la primera comparecencia ante el juzgado de guardia. «Es más, se opuso a la solicitud de protección que efectuó mi abogado, tanto con respecto a mí como a mis hijas». Luego cambió de opinión ante el Juzgado de Violencia pero la jueza desestimó la orden de protección. Su argumento fue que la amenaza no era real pues la solicitante había fijado su casa cerca del de él. «Es absolutamente indiferente a cuánta distancia estuviera mi domicilio, si se permite que las niñas estén y pernocten con quien las ha amenazado de muerte», refuta Prats, que recurrió, sin el apoyo, esta vez, de la Fiscalía. Volvió a escuchar que su miedo estaba infundado.

Desde entonces, la consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana afirmó que el sistema había fallado, pero después «declaró que el fallo era del sistema judicial» en su conjunto, según enumera la madre de Nerea y Martina; los jueces decanos se exculparon y atribuyeron el error a la falta de medios materiales; la Fiscalía «se limita a decir que hizo todo correctamente», mantiene Prats, que también denuncia que la policía solo constató los antecedentes penales del padre. «Vamos a exigir que las administraciones implicadas asuman las responsabilidades en las que han incurrido o acudiremos a los tribunales donde las exigiremos hasta las últimas consecuencias», reclama Prats.

Una vez que se escuchó la voz de Itziar Prats, que se encontraba en la sede de la Defensoría del Pueblo en Madrid, a pocos metros, pero tras una puerta y sin querer declarar nada más que lo que había plasmado en el comunicado, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, advirtió que harían llegar a los poderes públicos «no sólo recomendaciones, pues se tienen que producir algunos cambios normativos».

Las propuestas de la Defensoría del Pueblo son dos: primero, suspender el régimen de visitas a los hijos cuando se dicte orden de alejamiento y, segundo, la valoración de los riesgos, cuando se presenta la denuncia, debe llevar aparejada una evaluación explícita del riesgo que tienen los hijos. «Cuesta reconocer que el sistema falla, pero es frecuente verlo», sostuvo Fernández Marugán. «Deberíamos ser capaces de detectar dónde está ese fallo».

A partir de su propia trágica experiencia, Itziar Prats -psicóloga de la Complutense y educadora social en un centro de menores- aporta también «ideas» para «contribuir al cambio», como la realización de informes que «determinen con criterios técnicos objetivos y profesionales, cuál es el nivel de riesgo real que hay en cada procedimiento» judicial y, ante el perfil típico de un hombre maltratador, «hacer diagnóstico, seguimiento o terapia obligatoria». «Este perfil de maltratador, como el que a mí me ha tocado sufrir, entiende el divorcio solicitado por su pareja como un fracaso, y habiendo perdido su papel de controlador, se siente fracasado como hombre, y reacciona culpando a la mujer y provocándole daño. Ante los indicios de que estamos ante ese perfil, se deberían poner medios de seguimiento, tratamiento y reeducación, como evidente medida de seguridad y también de convivencia social. Pero no se está haciendo. Ningún psicólogo o forense jamás se entrevistó con el asesino de mis hijas, jamás», clama Itziar Prats. Para ella y sus hijas es tarde, manifiesta. Y sin embargo espera «que  el tiempo nos ayude a vivir  con nuestra tragedia. Y que podamos encontrar algún consuelo en que se mejore la protección de tantas personas vulnerables que están en la misma situación que hemos padecido».