Aragón pide que la Policía entre en el Museo de Lérida para recuperar los 'bienes de Sijena'

La Ejecutivo aragones, en un escrito registrado hoy en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, defiende que la Generalitat ya ha incumplido la primera de las órdenes que le dio este órgano hace un mes, como era que, con fecha límite 25 de julio, debía presentar el plan de cómo iba a realizar el traslado desde el Museo de Lérida de las 44 piezas hasta el monasterio. Por este motivo, indica, «es más que evidente» que el Gobierno catalán tampoco tiene intención alguna de cumplir la resolución judicial en su extremo principal, que es la orden de que la entrega de los bienes en el templo de Sijena se debe producir como tarde el 31 de julio.

El texto señala que, «con el fin de evitar (una vez más) el incumplimiento en la entrega de los bienes», el juez debe autorizar la entrada de los técnicos aragones en el museo, para proceder a una incautación oficial y recuperación con el auxilio de los fuerzas de seguridad.

El Ejecutivo autonómico recuerda al magistrado que la Generalitat lleva camino de repetir el incumplimiento de sus resoluciones que ya realizó hace un año, motivo por el cual el propio auto avisaba a las autoridades catalanas de que en caso de ignorar su obligación legal el 31 de julio se les deduciría testimonio por desobediencia.

La anterior fecha límite puesta por el juzgado en ejecución de sentencia fue el 25 de julio de 2016. Entonces la Generalitat devolvió al monasterio de Sijena otras 51 piezas de su propiedad, pero de menos valor, conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero continuó con las alegaciones para evitar la entrega de las 44 guardadas en Lérida, entre las que hay tres tumbas policromadas de prioras del siglo XV.

Era la segunda vez que la Generalitat lograba retrasar la devolución completa de las piezas, a la espera de ver si la Audiencia Provincial de Huesca acepta su reclamación de tumbar la resolución que le condenó en abril de 2015. La primera ejecución de sentencia tenía fecha 25 de septiembre de 2015, pero las autoridades catalanas la pararon con un recurso de conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo que el propio alto tribunal consideró un mero intento de dilatar las entregas de arte.

     El juzgado de Huesca ordenó hace dos años y medio la devolución de las piezas sacras por considerar que proceden de una triple venta realizada entre 1983 y 1994 por la orden de las monjas que regentaban el monasterio a las instituciones catalanas que fue «nula de pleno derecho». Indicaron que la enajenación de los bienes del patrimonio histórico-artístico nunca se pudo realizar sin haber dado la oportunidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto al Gobierno aragonés, cosa que no se hizo.