Serrano abre la DGT al acuerdo para reducir los muertos en accidente

Miguel María Muñoz, Carlos Muñoz-Repiso y Pere Navarro dirigieron la DGT con el visto bueno de los partidos con representación parlamentaria y el apoyo, en la mayoría de las ocasiones, de los sectores que participan en el tráfico -conductores, víctimas, usuarios y fabricantes-. Lo hicieron en gobiernos del PSOE y del PP, con mayorías absolutas y relativas. Renovaron la obsoleta legislación, emprendieron campañas con mayor o menor resultado para intentar reducir la siniestralidad y se adaptaron a las últimas novedades. Sin embargo, con la llegada de María Seguí todos estos avances parece que se detuvieron y no es que la entonces directora no emprendiera nuevos caminos, sino que los avances no fueron tan significativos.

Ahora Gregorio Serrano llega a la casa con los deberes puestos. Y es que el pasado día 29 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución que insta al Gobierno a acordar un pacto de Estado sobre seguridad vial. El nuevo director de Tráfico tendrá en los próximos días que hacer frente precisamente a esa siniestralidad en las carreteras, cuyas cifras son peores que las de 2015. En materia interna, lo más cercano es la reclamación sindical de aumentar la plantilla de examinadores que, en algunos centros, obliga a largas esperas de los alumnos para pasar las pruebas y al trabajo a destajo de los funcionarios. A ello se suma la dañada imagen del organismo tras las supuestas irregularidades en la adjudicación de un estudio a la empresa del marido de la entonces directora o las sospechas sobre la adjudicación de los cursos para la recuperación de puntos del carné de conducir.

Tema estrella

El Parlamento aprobó a finales de 2013 la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que entró en vigor al año siguiente. Desde entonces, está pendiente la consiguiente reforma del Reglamento de Circulación, elemento estrella a la hora de regular comportamientos y situaciones al volante. El proyecto del Gobierno topó durante la pasada legislatura con un sinfín de rechazos tanto por los sectores implicados en el tráfico como del Consejo de Estado.

Cabe recordar que la normativa, incluida en el proyecto de Reglamento, que más polémica causó fue la relativa a los límites de velocidad. Tanto en los referente a su incremento puntual hasta los 130 km/h en autovías y autopistas, como su reducción de 100 a 90 km/h en todas las carreteras convencionales o la disminución del máximo de 50 a 30 km/h en zonas urbanas.

Otros caballos de batalla de Reglamento de Circulación en relación a las nuevas políticas de movilidad era lo relativo a la bicicleta. Para ello el proyecto de real decreto suponía toda una revolución al pasar de ser considerada la bici como un vehículo de ocio y deporte a ser ya un medio de transporte más que comparte la calzada con los automóviles. Así el casco constituyó la parte quizá más polémica. Su obligatoriedad en ciudad para los menores de 16, junto a la circulación por aceras en determinados casos dividió a políticos y usuarios. Ahora tendrá que ser replanteado todo el articulado.

Por otra parte, la DGT tiene también abierta la posibilidad de intervenir en los episodios de contaminación como los ocurridos recientemente en Madrid. Conocedora del parque móvil nacional, Tráfico puede establecer la correcta clasificación de los vehículos y facilitar de manera directa a los ayuntamientos toda esta información.