Amnistía Internacional recuerda que la pena de muerte no disuade a los terroristas

De acuerdo con las estimaciones de la ONG, un total de 1.634 personas fueron ejecutadas en 2015, más de un 50% más que el año anterior, debido a que países que hasta ahora habían impuesto una moratoria sobre la pena capital, como Pakistán, han reanudado las ejecuciones en venganza por sangrientos atentados. Otros países han respondido al terrorismo con la declaración de leyes específicas que condenan la violencia con ejecución o bien amplían los delitos que contemplan la pena capital.

Estas medidas, según Amnistía, carecen de efecto alguno porque la comunidad internacional se enfrenta a un enemigo que no solo no se siente atemorizado por la amenaza del ajusticiamiento, sino que en muchos casos lo persigue activamente para alcanzar el martirio en pro de su causa. Se trata de un complejo problema humano, a juicio de Amnistía, que ha recibido una respuesta "ineficaz y simplista" a través un castigo irreversible, el "más cruel, inhumano y degradante que existe".

El falso factor disuasorio

Según los datos de la organización, 20 países han realizado ejecuciones en 2015: Argelia, Bahréin, Camerún, Chad, China, República Democrática del Congo, Egipto, India, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Dos (Pakistán y Chad) han reanudado las ejecuciones tras largo tiempo sin recurrir a este castigo. Cinco (Emiratos, Camerún, Chad, Túnez y Guyana) han ampliado su legislación antiterrorista para incorporar la pena capital a este delito.

La ONG destaca dos casos en particular: los de Camerún e Irak. El país africano presentó en 2014 su nueva ley antiterrorista, específicamente para combatir a la hiperviolenta secta islamista Boko Haram, cuyos miembros se enfrentan a la pena de muerte en caso de su detención. En respuesta, el grupo armado ha incrementado significativamente sus ataques: desde julio de 2015 a julio de 2016, el grupo ha efectuado al menos 200 atentados que han costado las vidas de 476 personas, con una frecuencia desconocida hasta el momento.

En el caso de Irak, desde la introducción de la ley antiterrorista de 2005, cientos de personas han sido ajusticiadas mientras, según la Misión de Naciones Unidas, "la situación de seguridad ha ido empeorando progresivamente, en una demostración de que la posición del Gobierno iraquí, por la que entiende que la pena de muerte disuade a los terroristas, es inválida".

Un complejo problema humano

"La realidad", apunta la organización, "es que las cuestiones que desencadenan los ataques terroristas son complejas y comprenden muchas facetas". Un estudio de 2015 concluye en este sentido que el terrorismo se origina en "un espectro de factores específicos de cada país y de cada individuo"; factores como el nivel de desarrollo económico o cuestiones sociales como el desempleo, el narcotráfico o la xenofobia".

Frente a ello, la pena de muerte "ofrece una resupuesta enormemente simplista" amparada en un concepto, el de "terrorismo", que con el paso de los años ha adquirido una definición más vaga e imprecisa por parte de los estados, que ahora califican de "atentados contra la seguridad" a las movilizaciones pacíficas de oposición o delitos violentos que, sin embargo, no responden a la definición tradicional de homicidio".

Un pensamiento simplista que desemboca en un castigo como culminación, por norma, de un proceso judicial previo repleto de irregularidades. "Los condenados por terrorismo suelen ser objeto de juicios injustos", según la ONG, que recuerda casos como los sucedidos en Irak, donde la mayoría de los condenados fueron sentenciados tras confesar bajo amenazas y torturas.

Tal cosa sucedió en julio de 2015, cuando 24 personas fueron condenadas a muerte por su participación en los asesinatos de 1.700 cadetes del campamento militar Speicher tras un juicio que solo duró unas horas, y en el que los condenados declararon que confesaron tras sufrir abusos.

Estos procesos suelen estar dirigidos por tribunales militares que, según los expertos de Amnistía, carecen de preparación para discernir los matices que suelen acompañar a un caso donde está en juego la vida del acusado. El caso más destacado es el de la cárcel estadounidense de Guantánamo, donde el kuwaití Ahmar al Baluchi -- acusado de participar en los preparativos de los atentados del 11 de septiembre de 2001 --, aguarda su juicio en un tribunal que, según sus abogados, le ha denegado asistencia médica para aliviar el estrés postraumático que padece tras sufrir abusos durante los interrogatorios de la CIA.

"La negación última"

Amnistía Internacional quiere recalcar que no existe "justificación alguna" para el uso de la violencia contra la población y recomienda a los Gobierno afectados que dediquen sus esfuerzos en llevar a los responsables ante la justicia en un proceso que responda al estándar internacional.

El objetivo ideal, apunta no obstante, pasa por evitar la pena de muerte, que describe como "la negación definitiva de los derechos humanos".

"Es el asesinato premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos de un estado en nombre de la justicia, y un castigo que debería ser abolido inmediatamente". Un total de 103 países -- entre ellos Bosnia y Herzegovina, Burundi o Camboya, escenario de "crímenes inimaginables" han abolido la pena de muerte en todas sus formas.

"Son países que han aceptado que se puede lidiar con estos problemas sin recurrir a la ejecución y es hora de que los países restantes lo entiendan", concluye el grupo que, una vez más y en sus recomendaciones, pide que se conmuten "sin dilación", los centenares de sentencias de muerte todavía vigentes en nuestros días.