El Tribunal Superior de Justicia ratifica la ilegalidad de la planta de calor levantada por la Junta en Ponferrada

De este modo se confirma la decisión del Juzgado contencioso-administrativo de León dando la razón a la Asociación de Vecinos de Compostilla y a Bierzo Aire Limpio.

«Dijimos desde el principio que la red de calor se estaba haciendo mal, que se atropellaron los derechos vecinales por la prepotencia de la entonces alcaldesa y del Consejero de Fomento, Suárez-Quiñones; y la Justicia nos da la razón», han asegurado fuentes vecinales.

Bierzo Aire Limpio ha solicitado expresamente la dimisión de Suárez-Quiñones —principal impulsor del proyecto— y la exigencia de las responsabilidadees políticas y económicas correspondientes.

Los vecinos celebran esta victoria «después de cuatro años de lucha desigual contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública Somacyl, pues obtienen una segunda sentencia histórica que les da la razón plenamente en sus denuncias respecto a dicha Central de Biomasa que seguirá sin entrar en funcionamiento, a pesar de estar (indebidamente) construida«.

Esta sentencia ratifica la anulación de los permisos concedidos a la Central de Biomasa, «dejándola en la total ilegalidad y confirmando la decisión impuesta originalmente por el Juzgado al Ayuntamiento que le ordenó llevar a cabo la paralización de la construcción y cese de la actividad que, en su caso, se estuviera desarrollando».

Víctor A. Bayón y Gracia F. Caballero, los abogados que han llevado este procedimiento judicial, han asegurado que «aunque el TSJ se base en unos motivos diferentes de los recogidos en la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo, lo importante es que los permisos de dicha instalación han sido anulados y que se declaran ilegales cinco acuerdos municipales».

Contra esta sentencia que da la razón a la Asociación de Vecinos de Compostilla y a Bierzo Aire Limpio cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, reivindicando ambas entidades que el Ayuntamiento —la corporación actual— asuma las ilegalidades en las que se incurrió, «y se adapte a la legalidad, adelantando que presentarán alegaciones a la anunciada Ordenanza que pretende regular las Centrales de Biomasa en el municipio».

Las Asociaciones anuncian también que comunicarán «esta sentencia al Banco Europeo —que había concedido un aval a Somacyl, igualmente cuestionado— para que no se financie con dinero público la construcción de esta Central Térmica de biomasa que se pretendía costear a cargo de préstamos comunitarios, a través del denominado 'Project Castilla y León Climate Change'«.