ELBIERZONOTICIAS
Ponferrada
Lunes, 15 de noviembre 2021, 13:55
La pasada semana el Gobierno de España llegó a un acuerdo con ERC y PNV para que los trabajadores de la administración pública con carácter de interinos se conviertan en fijos -sin necesidad de oposición- si llevan cinco años en sus plazas. Una ... medida que en España afectaría a 300.000 personas y se aplicaría a las plazas que «hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016». De este modo, les bastará con acceder a un concurso de méritos, según el articulado de la reforma.
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Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para reducir la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.
Este acuerdo solo afectaría a un trabajador interino en el Ayuntamiento de Ponferrada, según confirmó a elbierzonoticias el concejal de Personal, José Antonio Cartón.
En ese sentido, el Consistorio de la capital berciana cuenta con 31 trabajadores de carácter interino, pero solo uno podría pasar a ser fijo sin necesidad de opositar. El resto «no cumplen los requisitos porque o bien están contratados por el Acuerdo Marco que hay con la Junta de Castilla y León o fueron contratados posteriormente al 1 de enero de 2016 y no cumplen los cinco años», añadió el edil, que recordo que el Ayuntamiento tiene un total de 395 trabajadores en la actualidad.
El acuerdo que hizo público Hacienda el pasado jueves tiene como fin aumentar la cobertura de los eventuales en las administraciones y en las empresas públicas. PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV unifican así sus enmiendas de cara a la votación que se producirá en el Congreso de la nueva ley de estabilización en la función pública que busca estabilizar antes de que termine 2024 a un total de 300.000 trabajadores interinos que llevan décadas encadenando esta situación y aprobar los cambios legales que eviten los excesos se reproduzcan de nuevo con una serie de medidas disuasorias y sancionadoras.
Este pacto llegó después de que Bruselas advirtiera a España en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad del sector público, con tasas de más del 30 % de eventuales, sobre todo en Sanidad y Educación. «El mapa de cómo se comporta esta temporalidad es realmente asimétrico; son las administraciones autonómicas debido a la prestación de los servicios sanitario y educativo los que tienen una mayor temporalidad y, por tanto, la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas», señaló Montero tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
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Otra de las consecuencias de estas continuas advertencias de la Comisión Europea fue la sentencia del Supremo conocida a finales de junio, en la que cambió su doctrina y fijó un periodo máximo de tres años para que el trabajador adquiera la condición de indefinido no fijo. Además, estableció una indemnización de 20 días por año trabajado a una limpiadora en dicha situación de 2009 a 2017, cuando la plaza que ocupaba fue adjudicada a otra persona en un concurso de traslados de personal fijo.
La norma, que sigue su tramitación en el Congreso, no convenció a los cerca de 800.000 interinos que hay en el país por lo que se han convocado numerosas protestas durante estos meses. El pasado octubre interinos de toda España se unieron para reclamar «voluntad política» a las Administraciones Públicas y que sus contratos se hicieran indefinidos transcurridos tres años, igual que en la empresa privada.
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