Raquel Díaz también denunciará a Pedro Muñoz en la investigación abierta por la Fiscalía contra la Policía Local de Ponferrada

27 de mayo de 2020. La fecha de marras la tiene Raquel grabada a fuego. Cómo no. Se la recuerdan cada día, «cada minuto», no sólo su silla de ruedas, sino todas y cada una de las rutinas que debe seguir en el centro sanitario donde habita a la espera del juicio. Lo cuenta ella: «A las 8 me levantan, a las 9 me bajan al desayuno, a las 12 me sacan al patio, a las 13 me llevan a comer, a las 14 me acuestan un rato…». Y a todo, fíjese bien el lector de esta historia de terror, hay que ponerle un «me» delante, porque para la mayoría de las cosas que hace necesita ayuda.

Desde apenas unos meses, lo que consuela a Raquel de una vida más propia de un recluso apartado del mundo que de una abogada deportista de 47 años es que ya está más cerca la Justicia. «Y a partir de ahí, mi nueva vida: sin pánico, libre, sin temor a que ese asesino vuelva a por mí y me haga lo que no consiguió hacer hace tres años».

Lo que el expolítico Pedro Muñoz -edil en Ponferrada por CB- «no consiguió hace tres años» fue acabar con la vida de Raquel. Él niega la versión de ella, pero según Raquel contó al juez en octubre de 2020, su entonces marido la lanzó por la terraza de la vivienda familiar de Toreno contra un pozo y después le agredió salvajemente con una especie de bate y la arrastró al interior de la casa, «mira tú qué enfermero».

Raquel estuvo entonces al borde de la muerte (quedó parapléjica y con graves daños neuronales), sobrevivió, prestó declaración e incluso participó -pese a su aún calamitoso estado y su medicación- en varias reconstrucciones de aquel horror. La Fiscalía acusó a Muñoz de tentativa de homicidio y malos tratos habituales, y un juez lo envió a prisión 6 días después de los hechos. Nadie ha explicado todavía por qué se le permitió la libertad de movimientos durante casi una semana pese a los rotundos testimonios de los médicos que asistieron a Raquel en el Hospital de León.

Tres años después de aquella barbarie (algunos sanitarios describen el estado en que estaba Raquel como «el de un montañero despeñado», con hasta 14 lesiones indescriptibles), cuesta explicar por qué aún no se ha señalado fecha para el juicio que sentará en el banquillo de los acusados a Muñoz por intentar matar a su ahora exmujer en la finca de Toreno el 27 de mayo de 2020.

Se celebrará en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de León, y algunas fuentes fiables apuntan a que «es más que probable» que éste se celebre «antes de que termine el año», pero no ha habido señalamiento oficial. En todo caso, ni siquiera ha llegado aún el momento de que la Fiscalía formule acusación y revele si la calificación del principal delito que se imputa a Muñoz será o no tentativa de asesinato.

Tres años después de los hechos, hay un sinfín de detalles que salen de ojo. Es difícil explicar, por ejemplo, cómo puede ser que ella (la víctima) permanezca «encerrada y aterrada» mientras él (el presunto agresor, a quien señalan las pruebas y el testimonio de Raquel) recuperó hace un año la libertad porque nadie -ni siquiera el abogado de Raquel- recurrió para que se prorrogara la prisión preventiva al menos hasta la celebración del juicio, como tampoco nadie solicitó unas medidas cautelares más restrictivas que impidieran que él se pueda pasear libremente por Toreno, por Ponferrada, por Coruña.

Hasta la fecha, tampoco a nadie le ha extrañado que los fallos del dispositivo de localización que porta él en su tobillo sean tan frecuentes. «Y son motivo más que suficiente para pedir que un criminal así, que se salta las medidas de protección a la víctima cuando le da la gana, vuelva a estar entre rejas», alega Raquel, harta de tantos sustos del dispositivo de Viogén que la alerta de que su presunto agresor ha vuelto a perder la señal.

Incapacitada para volver a ejercer su profesión, Raquel cuenta lo mucho que le está ayudando ahora poder revisar el sumario de su caso, el 19/2023. Lo hace mano a mano con el letrado gallego que desde hace unas cuantas semanas se hace cargo de su defensa, Felipe Patiño. Es ella quien explica a la periodista que esta semana también han revisado juntos los detalles del procedimiento 376/2020, una pieza paralela que «desconocía por completo», a pesar de que las diligencias previas se incoaron en diciembre de 2020.

Su exabogado, Pablo Bello, que era también amigo, «ni se reunió conmigo jamás en tres años ni quiso darme explicaciones de demasiados temas, ni siquiera cuando le he preguntado expresamente».

Cuando Raquel contó al juez que en su tormentosa relación con Muñoz hubo violencia verbal y física desde prácticamente el principio (2014) y que ella había pedido auxilio en varias ocasiones -antes de la fatídica fecha-, la investigación reveló que, efectivamente, el 13 de marzo de 2018 Raquel había llamado desesperada al 112 durante el transcurso de una salvaje pelea, esta vez en el domicilio habitual de la pareja, en Santo Tomás de las Ollas.

La investigación recoge que fue la Policía Local de Ponferrada la que se hizo cargo del aviso (que llegó simultáneamente a la Nacional), y que incomprensiblemente los agentes acudieron a una dirección que no era la de la pareja, quizá por un extraño y demoledor aviso que figuraba en la ficha de Raquel que constaba en el sistema de la Policía municipal: 'Pedro Muñoz'.

Las testificales de los agentes que estaban de servicio aquella noche, los informes detallados que tuvo que elaborar el intendente de los municipales del Ayuntamiento de Ponferrada y la declaración de éste último, Arturo Pereira, parece que no convencieron del todo al Ministerio Fiscal, que solicitó la inmediata apertura de una investigación a la Policía Local por la posible comisión de un delito de falso testimonio, aunque sorprendentemente la dirigió sólo contra los agentes, dejando fuera a Pereira.

¿Omitió la Policía Local el deber de socorro a Raquel Díaz cuando ésta pidió auxilio? ¿Interfirió alguien en las órdenes de quien fuera que mandara en la Policía Local de Ponferrada para que se abortara cualquier intento de estar mujer de denunciar a su marido, por entonces concejal de Bienestar social en el Consistorio de Ponferrada, y parte del equipo de gobierno que lideraba entonces una alcaldesa del PP, Gloria Fernández Merayo, con apoyo del partido de Muñoz, CB?

El expediente 2018/01866 de la Policía Local de Ponferrada arroja demasiadas dudas sobre cómo y por qué se actuó así aquella medianoche en que la asfixiante llamada de Raquel al 112 dejaba claro que en aquella casa ocurría una emergencia, como evidencia el audio recogido en el procedimiento. Quién y por qué cambió los mensajes que escribieron desde el 112 («mujer llama llorando», «emergencia», »mujer desesperada», «hombre dice que la quiere») por otros que a todas luces no se ajustaban a las indicaciones de Emergencias («ruidos», «ruidos vecinos»), por qué se acudió a una dirección donde jamás había vivido la autora de la llamada y por qué los agentes no visitaron ni una sola vivienda de aquel portal equivocado son otras de las escandalosas incógnitas que siguen sin respuesta.

El procedimiento iniciado por la Fiscalía de Ponferrada, que apreció graves contradicciones entre lo declarado por los agentes y lo documentado en las diligencias incoadas hace más de dos años, tampoco ha llegado aún a buen puerto: en la instrucción, las actuaciones se dirigieron únicamente contra los policías intervinientes aquella noche, pero no -¿por qué?- contra Pereira ni ningún otro mando.

La instrucción (dos sesiones, dos jueces diferentes) se limitó a una toma de declaraciones superficiales por parte de los instructores, sin la presencia de representante del Ministerio Fiscal ni representación por parte de Raquel, cuyo abogado no se personó ni explicó la existencia de esta causa a su cliente.

Así las cosas, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, «al no quedar acreditada la comisión de los hechos denunciados».

Es por tantos despropósitos que Raquel y su letrado han decidido ahora intentar reabrir ese procedimiento e ir también contra Pedro Muñoz en esta causa iniciada por la Fiscalía. ¿Los motivos de esta nueva acción legal? La relevancia penal de la conversión de una llamada de auxilio en una discusión de vecinos, la constatación de que se solicitó el levantamiento de falso testimonio por las declaraciones de los agentes locales intervinientes en el proceso del 13 de marzo de 2018, de que se procedió a la apertura de diligencias ante los juzgados de instrucción o de que también algún mando debería dar explicaciones que aún nadie ha solicitado.

Raquel y Patiño buscan por tanto reabrir esta causa y ampliar la investigación judicial a si los policías y/o sus superiores hubieran podido incurrir en un delito de denegación de auxilio, del delito de omisión del deber de perseguir delitos, o de falsedad. E investigar también la posible participación que Pedro Muñoz hubiera podido tener como inductor, autor o cooperador necesario, desvelando cualquier tipo de injerencia o manipulación por parte de Muñoz desde su posición de poder, como concejal miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada.

Cabe destacar que el sobreseimiento no fue recurrido por Raquel, que ni tenía conocimiento de esa nueva instrucción (y así, no pudo proponer prueba al no estar personada ni participar en los interrogatorios), y que ahora la abogada y su letrado están trabajando en la reapertura del procedimiento para exigir todas las responsabilidades penales que se pudieran derivar del funcionamiento anormal del servicio íntegro del 112.

También está pendiente de fecha para el juicio la otra causa abierta contra Pedro Muñoz por un presunto delito de alzamiento de bienes, por haber intentado el 16 de junio de 2020 -desde la cárcel- donar sus propiedades a sus dos hijos, nacidos de su primer matrimonio.

En septiembre de ese año, el instructor acordó la deducción de testimonio por si los hechos reflejados en una escritura pública de donación otorgada ante el notario de Ponferrada José Pedro Rodríguez por Pedro Muñoz a favor de sus hijos Ruth y Pedro M.B. pudieran ser constitutivos de un delito de frustración de la ejecución y/o insolvencia punible.

Se da la circunstancia de que el notario del que Muñoz se valió para llevar a cabo esta donación impugnada, es el mismo notario al que -en 2019- había acudido Raquel Díaz («no por propia voluntad») para firmar un acta notarial que «acreditara» que jamás había sufrido malos tratos psíquicos ni físicos por parte de su esposo, Pedro Muñoz. «Lo firmé porque no quería que se enfadara la bestia y sabía que aquel papel no podía tener validez legal ninguna», dice Raquel, quien se plantea ahora emprender acciones penales y deontológicas contra el notario que facilitó a su exmarido dos intervenciones de dudosa legalidad.

Respecto a la donación de los bienes de Muñoz, que podría ser constitutiva de un presunto delito de frustración de la ejecución, de una insolvencia punible, Patiño tiene ya constancia de que se investigó y se procedió a la apertura de juicio oral. Tras concluir la instrucción en el número 6 de Ponferrada, se tramita con el número 25/23 ante en el Juzgado de lo Penal de la capital berciana, aunque aún está pendiente de señalamiento la fecha para el juicio. Como la defensa de Raquel desconocía esta causa, en la que el anterior abogado tampoco se personó en las diligencias previas, ahora únicamente podrá apoyar la petición de la Fiscalía y no formular su propia acusación. Esta vez sí, ya se han personado en la causa.