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El Pleno de Ponferrada ha dado luz verde este viernes al plan de inversiones de 3.478.218,08 euros con cargo a los remanentes de tesorería para los gastos generales del ejercicio de 2020 presentado por el equipo de gobierno del tripartito que preside Olegario Ramón. La medida salió adelante con 14 votos a favor de PSOE, Podemos, Coalición por el Bierzo y PRB, los votos en contra de USE, PP y Ciudadanos y la abstención del concejal no adscrito, Manuel de La Fuente.
En un debate conjunto de cuatro de los principales puntos económicos que centraron la sesión le llovieron las críticas al tripartito desde las filas de la oposición que arremetió contra la actitud del gobierno municipal al denunciar de nuevo que no se les había convocado a los grupos para escuchar sus propuestas. Un plan del que aseguran que «nos enteramos por la prensa».
El plan de renovación de pavimentación de calles y aceras, la rehabilitación de edificios con fines sociales y el pago de 1,4 millones de la deuda de Gersul, de los cuales 290.000 euros se abonarán con cargo al fondo de contingencia, son los tres ejes sobre los que gira el programa de actuaciones. Reserva también 160.000 euros a la rehabilitación de las casas de los maestros situados junto a los colegios Navaliegos y Campo de la Cruz para destinarlos a viviendas sociales, la adquisición de una barredora-baldeadora para la recogida de residuos por 230.000 euros, la compra de un camión 4x4 de recogida de basura para el medio rural por 140.000 euros o la realización de actividades arqueológicas en el Castillo de los Templarios con una partida de 63.398 euros.
La propuesta destina 290.535 euros para cubrir las pistas de padel y de tenis, la construcción de un nuevo circuito de pump track en el barrio de La Placa y la mejora de las cubiertas de las piscinas del Plantío. Por lo que respecta a Medio Rural, el plan de obras destina 201.892,15 euros a la eliminación de pozos negros y un plan de alumbrado, el cincuenta por ciento del presupuesto para cada una de las actuaciones, y una partida de 25.000 euros para cubrir los gastos de parte de mobiliario que se va utilizar con el traslado de los funcionarios municipales al edificio de la Ciuden.
El plan de inversiones con cargo a remanentes de 2020 presentado por el tripartito incluye como créditos extraordinarios una partida de 180.000 euros que se destinará a la compensación a la empresa adjudicataria de la ORA para paliar el déficit de ingresos por la pandemia. A ello se une la adquisición de una acción de Somacyl por el encargo de gestión de conservación y mantenimiento del alumbrado público desde el año 2012.
El alcalde, Olegario Ramón, más allá de entrar en la «bondad» de las inversiones, pidió el apoyo de la oposición «para demostrar que se ponen los intereses de la ciudad por encima de los de los partidos». Entiende que se trata de obras «absolutamente necesarias» que, en caso de apoyarlas, constituyen para el resto de grupos «una declaración de voluntad de hacer cosas en conjunto», indicó. En cuanto a la deuda de Gersul de 1,4 millones que se abonará, en su mayoría, con cargo a estos fondos, explicó que el nuevo equipo se encontró con una situación «muy complicada» con una deuda arrastrada de más de 23 millones de euros y para la que se adoptó una solución que «fue aprobada por todos, también por el Partido Popular», subrayó. Todo ello después de hacer un repaso de lagestión recaudatoria que incluso llegó a los tribunales. «Estamos requeridos por el juez del contencioso administrativo», recordó Ramón, refiriéndose también al crédito de 13 millones de euros que se solicitó y a otro de 10 millones cuyo abono ofreció como solución la del prorrateo. «Estamos al corriente de pago», reseñó el primer edil. «La deuda generada por no pasar al cobro los recibos hay que abonarla proporcionalmente», subrayó, defendiendo que «a Ponferrada no le corresponda ni un solo interés» de esa deuda.
La portavoz del PSOE, Carmen Doel, defendió las obras y recordó que muchos de los pagos a los que tiene que hacer frente el Ayuntamiento son «heredados» de antiguos gobiernos del PP», entre ellos la partida de 255.000 euros reclamados por el TUP por intereses devengados hasta octubre de 2016 o los intereses de demora de una expropiación llevada a cabo en 2018. En este sentido defendió la intención del tripartito de poner un punto y aparte en la gestión política marcada por los 'populares' y USE para «poner la ciudad en orden con transparencia y honradez», apuntó. «Estas deudas son suyas, las han generado ustedes», remachó Doel. En cuanto a Gersul recordó la necesidad de abonar 1,4 millones de euros de la deuda «por orden judicial por la deuda millonaria de 23 millones de euros cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta. «Este gravísimo problema tenemos que solventarlo», indicó. «Este es el resultado de su fatal y desastrosa gestión, son datos objetivos que les manchan y les señalan», subrayó. En cuanto a los 180.000 euros de deuda con Dornier por la ampliación de terrazas durante la pandemia en las zonas de aparcamiento controlado, explicó que «era una opción para colaborar con la hostelería».
Respecto a remanentes, la también edil de Infraestructuras puso sobre la mesa el informe técnico que avala la necesidad de mejorar aceras y calles y defendió la recuperación de los pisos de los maestros para viviendas sociales, la eliminación de los pozos negros y la renovación del alumbrado en los pueblos. «Si no son una oposición desleal y les queda un poco de responsabilidad están obligados a colaborar», aseveró.
Desde el PP, su portavoz Marco Morala, calificó de «injusto» el reparto de remanentes que entiende que «no palía la ineficiente rebaja fiscal que propone el tripartito». Reiteró la «improvisación» de las obras contenidas en el plan de remanentes «al no precisar ni lugar, ni cuantía de las intervenciones». En este sentido, defendió los remanentes heredados por el tripartito de gobiernos del PP que «permiten acometer ahora obras» y criticó la mala gestión del equipo de gobierno «con mas de tres millones que no se han gastado a pesar de las necesidades de la ciudad». Se trata, a su juicio, de «una nueva chapuza más del tripartito que persigue obviar la presión fiscal insorporrable que sufren empresas y familias».
Ciudadanos puso de manifiesto la falta de consenso del tripartito y coincidió con Morala al considera que «toda la batería de inversiones son el fruto de la improvisación, de la falta de previsión preupuestaria y de una gestión populista que no defiende los intereses de Ponferrada, con pésima gestión de gasto». Para su portavoz, Ruth Morales, es «otra cortina de humo para evitar hablar de la rebaja de impuestos». Asimismo, puso el acento sobre la «inconsistencia del prepupuesto que aprobó tripartito» y criticó la «desviación» de las cuentas que «permite hacer esta operaciones en remanentes de tesoreería y acudir a préstamos endeudando más al Ayuntamiento». La líder de la formación naranja en la capital berciana entiende que se trata de una «tomadura de pelo a los ponferradinos decir que este gasto va a dirigir a la reactivación económica del municipio».
USE Bierzo explicó que los remanentes de 3,4 millones de euros «son recursos que no se gastaron en 2020» y criticó que el Ayuntamiento «está recaudando en exceso y eso no se gasta». Samuel Folgueral arremetió contra la «política económica excesivamente recaudatoria» del tripartito con medidas en remanentes «improvisadas». Puso en evidencia que el plan de remanentes se elaboró «sin ningún diálogo ni consenso» y lamentó que el Ayuntamiento no hubiera establecido contactos con Dornier, la empresa adjudicataria de la ORA, para resolver la compensación por las pérdidas de la pandemia «en otro momento o en otra circunstancia».
Por parte de Coalición por El Bierzo, Iván Alonso justificó la necesidad de asumir pagos de gestiones anteriores como es el caso de Gersul o de la ORA. «Es el Ayuntamietno el que tiene que asumir la carga y dejar a cero el contador de Gersul porque tenemos que ser respetuosos con las sentencias», explicó. Asimismo, defiendió el apoyo de su grupo para que «el municipio salga adelante de las piedras en el camino que se han puesto desde otros gobiernos» y se mostró «optimista» al considerar que «va a ser muy importante para la ciudad apoyar estos remamentes». Los bercianistas entienden que «es de sentido común» invertir más de un millón de euros en la renovación de asfaltado de aceras y calles para paliar «el deterioro que durante años ha tenido esta ciudad». Su portavoz calificó de «importantes e imprescindibles» las inversiones en obras de mejora de las antiguas escuela o en la maquinaria «que siempre tiene que ser municipal». Entiende «lógico» que se dote de nuevas instalaciones a los barrios de la ciudad. En materia de Desarrollo Rural, defendió la necesidad de contar con partidas específicas «en este caso un plan modesto pero importante» para cuestiones de alumbrado «para ir avanzando» con una partida de 100.000 euros y también para la eliminación de pozos negros. Entiende que las inversiones de remantentes permitirán «dinamizar la ciudad» y «quitar piedras en el camino». «Va a ser una oporutnidad muy importante para Ponferrada», concluyó.
Podemos, por su parte, lamentó que el cien por cien del reparto del fondo de contingencia tenga que ir destinado «a pagar sentencias firmes en contra de la gestion del PP en un año de pandemia», señaló su portavoz, Lorena González, lo que entiende que «dice mucho» de la gestión de los 'populares' y resaltó como el 33% de los remanentes «también va destinado a pagar la mala gestión del PP en Gersul». «Es injusto para la ciudadanía», apuntó. En cuanto al resto de inversiones, la formación morada defendió el plan presentado por el tripartito que ofrece alternativas de ocio saludable a los jóvenes. En cuanto al abono del déficit de la ORA, defendió la compensación económica a Dornier «porque sino nos enfrentamos a más demandas, a perderlas y a que el coste sea mucho mayor». La portavoz de Podemos solicitó ó a la oposición aclaraciones sobre «qué les parece mal de este contrato» y no dudó en pedirles «honestidad».
Desde el PRB, su portavoz Tarsicio Carballo, defendió la modificación con los fondos de contigencia y el nuevo reparto de partidas. Le preocupa que el Ayuntamiento tenga que pagar a Gersul 1,4 millones por lo que puso sobre la mesa la necesidad de que contar en El Bierzo con un consorcio propio «y así no estaríamos en esta situación», indicó. Lamentó, precisamente, que este pago afecte a los remanentes «que sólo podrá emplear un millón para aceras y calles». «Creo que debíamos de meditar y pensar que debemos hacer un consorcio de basura y gestionarlo nosotros», subrayó. En cuanto a las demás partidas manifestó su disgusto por el pago del déficit de la ORA durante la pandemia. Tiene claro que el servicio «debe de continuar para que se pueda aparcar» en la ciudad pero pide que se estudie para reducir el pago e incluso propone que la gestión la asuma el Ayuntamiento. «Conviene estudiar el tema de la ORA y ver si llegamos a algún acuerdo para rebajarla», insistió.
El concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, cree que las obras se deben destinar a los barrios más necesitados y pueblos de la periferia, gobernando «para todos» porque «hay algunos que no tienen ni calles asfaltadas como el pueblo de Vadecañada que en invierno tiene barro y en verano hierba», señaló. Criticó, además, la «improvisación» de la política conómica del tripartio «que luego repercute en el bolsillo de los ciudadanos», lamentó. Pidió, además, al equipoo de gobienro que «clarifique mejor las partidas en el presupuesto». En cuanto a la deuda de Gersul, De la Fuente no entiende que «el representante del ente no defendió al municipio como debía» y calificó la cuantía de Ponferrada que le corresponde aportar a Ponferrada de «excesiva» en relación a otros municipos como León o San Andrés del Rabanedo. «Creo que no se han hecho bien los deberes desde nuestro Ayuntamiento», subrayó. El edil anunció que solicitará un informe de ingresos que percibe el Ayuntamiento por el contrato de la ORA de los años 2019, 2020 y 2021. En este sentido recordó que en el año 2022 finaliza el acuerdo con la adjudicataria del servicio de aparcamiento regulado por lo que cree que «deberá analizarse si es conveniente seguir cargando este impuesto a los ciudadanos».
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