El fiscal pide nueve años y 6.000 euros a dos acusadas de tráfico de drogas en un bar de Ponferrada

Tras un control de vigilancia de la Policía Nacional de Ponferrada se comprobó que al establecimiento acudían consumidores habituales de droga que entraban y salían a los pocos minutos, también observaron que una de las acusadas salía con frecuencia del bar para ir a su domicilio o al de su madre, los dos situados en la misma calle.

Ante estos hechos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad obtuvieron un informe favorable del Ministerio Fiscal con la autorización judicial para la entrada y registro de los dos inmuebles, así como del bar.

El 7 de junio de 2018 los agentes entraron en las viviendas y en el establecimiento y encontraron 14 gramos de cocaína con un 66,6% al 65% de pureza. Un total de 172 gramos de resina de cannabis con una pureza entre un 27% y un 15% y 13 gramos de hoja de cannabis.

Los agentes también encontraron en el altillo de la cocina de una de las viviendas 4.650 euros y otros 150 euros en una caja encontrada en el salón. Por su parte, en el bar se encontraron 155 euros. Según explica el fiscal en las calificaciones previas del caso «todo este dinero era procedente de la venta de la droga, así como para facilitar la compraventa ilícita de la misma».

El fiscal asegura en el escrito que las sustancias incautadas «iban a ser destinadas por las acusadas para facilitar su entrega a otras personas y así proporcionar su consumo a terceros a cambio de dinero».

Tras el análisis de las sustancias por el laboratorio se determinó que la cocaína tendría un valor de 1.310 euros en el mercado ilícito, mientras que la resina de cannabis tendría un valor de 1.053 euros.

Las dos acusadas se enfrentan a juicio oral en la Audiencia Provincial de León este martes 25 de enero por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causa grave daño a la salud.

El fiscal pide para cada una de las acusadas una pena de cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 6.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de dos meses de privación de libertad en caso de impago.