Colectivos conservacionistas solicitan una reunión urgente a la ministra Teresa Ribera en su próxima visita a Ponferrada

Las cuatro organizaciones, con una larga trayectoria en la defensa del patrimonio natural del ámbito cantábrico, son integrantes del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, alianza que está presentando batalla legal «contra la desproporcionada implantación» de proyectos de energías renovables en el norte de España.

Entre las peticiones remitidas a la Ministra Ribera, demandan «elaborar una planificación estratégica y establecer zonas de exclusión que impliquen la prohibición legal de plantear proyectos de energías renovables en espacios de alto valor natural (como los afectados en la Cordillera Cantábrica); proteger la participación ciudadana como principal garante de la defensa de los territorios y los intereses de las personas que residen en ellos; implementar la exigencia de un estudio que valore la cantidad en Tep (toneladas equivalentes de petróleo) de combustibles fósiles necesaria para la puesta en marcha de cada uno de los proyectos planteados (desde el momento de inicio de las obras de acondicionamiento) y, por tanto, el tiempo estimado de funcionamiento, necesario para amortizar el consumo fósil empleado».

Según los colectivos, se debe «justificar el carácter de interés público de todos y cada uno de los parques propuestos con unos criterios que tengan en consideración los usos actuales, sin dar por supuesto que la generación de energía eléctrica lo sea en todos los casos». También solicitan al Ministerio para la Transición que facilite los listados de los proyectos con derecho consolidado de acceso a Red Eléctrica Española.

Por último, las cuatro organizaciones ecologistas y conservacionistas demandan «incrementar las medidas enfocadas al seguimiento y control de todos los proyectos de energías renovables evitando la actual laxitud que invita a la especulación por parte de las promotoras y que, a su vez conllevará una previsible judicialización de los procedimientos (algo que aspira a colapsar en un futuro los tribunales); y exigir a las promotoras avales suficientes que incluyan la necesaria provisión de fondos para retirar y reciclar las instalaciones industriales cuando finalice su vida útil, así como una fianza acorde a los riesgos que asumirá el medio ambiente de nuestra tierra, cuyo frágil equilibrio se encuentra comprometido por proyectos eólicos de magnitud inusitada que se pretenden implantar en un espacio de alto valor natural como la Cordillera Cantábrica».