La PAH Bierzo protesta ante los juzgados contra la sentencia del TS que anula las ejecuciones con cláusula de vencimiento anticipado

«Estamos aquí para pedir a la juez decana el sobreseimiento de las ejecuciones hipotecarias por vencimiento antiticipando, recordándole que el TJUE ha establecido que hay que oír al deudor para que diga si quiere que el contrato subsista sustituyendo la cláusula reciente por el artículo 24 de Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario o si quiere la nulidad del contrato por no poder subsistir sin esa cláusula», explicó la portavoz de la PAH Bierzo, Flor Álvarez.

En este sentido, el colectivo lamenta que «no siempre se está dando traslado al ejecutado para que opine al respecto» y piden que los jueces valoren los desahucios con situación de vulnerabilidad y «pidan siempre al ejecutado que los técnicos de Servicios Sociales expidan el certificado de la situación socieconómica de vulnerabilidad antes de fijar un lanzamiento de desahucio», subrayó la representante del colectivo. Insisten en que la cláusula de vencimiento anticipado «está en todas las escritura hipotecarias» pero con la nueva ley se aplica «cuando cumple las doce cuotas de impago que antes era con una, tres o cuatro», explicó Álvarez.

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El colectivo berciano se une así a las protestas que se llevarán a cabo en diferentes ciudades de Castilla y León para denunciar la «parcialidad» de la decisión adoptada por el Alto Tribunal «intentando favorecer nuevamente a la banca, dictaminando una sentencia con premisas que son cuanto menos inventadas en relación al negocio jurídico de las hipotecas».

La PAH Bierzo cuenta en este momento con 130 asociados que en su lucha conjunta han logrado ya 3 ejecuciones hipotecarias archivadas sobreseídas por vencimiento anticipado, 25 paralizadas hasta pronunciarse el TJUE por la cláusula de vencimiento anticipado, 6 condonaciones de deudas, 30 por cláusulas abusivas, la mayoría ganadas, y el resto pendientes de sentencia, y por el IRPH hasta pronunciarse el TJUE. Entre ellas se cuentan, además, 8 paralizaciones de desahucio y el resto ejecuciones hipotecarias pendientes de resolución en el Juzgado de Primera Instancia, en la Audiencia Provincial o el Constitucional.