Folgueral derogará la Zona de Bajas Emisiones de Ponferrada si llega a ser alcalde porque «el centro urbano es ya sostenible»

«Este que les habla, dentro de tres meses, siendo alcalde de Ponferrada derogará la Zona de Bajas Emisiones por considerar que el centro urbano es ya sostenible» y que las actuaciones que proyecta el gobierno municipal del tripartito que preside el socialista Olegario Ramón «acabarán convirtiendo en insostenible este espacio central de la ciudad», explicó.

Folgueral puso sobre la mesa la necesidad de tomar medidas para atajar los efectos devastadores del cambio climático y recordó como siendo alcalde en el año 2014 aprobó «un plan pionero» como fue el de Movilidad Urbana Sostenible «que ha sido la base para la búsqueda de actuaciones en el campos de la sostenibilidad en la ciudad», destacó.

No obstante, entiende que la actuación que se pretende llevar a cabo en el centro urbano de la capital berciana «adolece de varios factores que no son valorados favorablemente» por USE Bierzo. En este sentido, criticó el incumplimiento del cronograma que determina los plazos legales para la implantación de la ZBE. «Tenía que haber sido el 1 de enero de 2023 y llevamos un mes y medio sin que eso haya sido efectivo», lamentó. Asimismo, critica que no se hayan realizado estudios «lo suficientemente rigurosos que hablen de la mala calidad del aire» en la zona central de la ciudad.

La formación entiende, además, que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad «carece de un estudio económico riguroso que valore desde el punto de vista municipal ingresos y gastos de estas actuaciones» y que permita conocer, además, «el impacto negativo que pueda tener para el centro de la ciudad, es decir, para los negocios, para la hostelería y las personas que trabajan en la zona», subrayó Samuel Folgueral. «Creemos que sin ese estudio económico nace absolutamente coja», recalcó.

Por último, el candidato de USE Bierzo a las elecciones municipales cree que la puesta en marcha de la ZBE en la capital berciana supone «una clara restricción de los derechos de la ciudadanía» en base «al derecho constitucional muy claro que habla del derecho a la libre movilidad de la ciudadanía y esto sin esta justificación que estamos planteando sería claramente una restricción a la movilidad». Una medida que está convencido de que obligaría, además, «a adquirir vehículos de una tecnología que de momento no ha sido lo suficientemente contrastada como para que sea eficaz», concluyó.