El Banco Europeo de Inversiones analizará la presunta financiación ilegal de la red de calor de Ponferrada

La respuesta es consecuencia del escrito en el que los vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio pusieron en conocimiento del BEI el reciente auto del Juzgado Contencioso nº 2 de León, de admisión a trámite del procedimiento 23/2022, interpuesto conjuntamente tras las dos sentencias firmes que anularon los permisos de construcción de la nueva central térmica de biomasa en Compostilla.

«Frente a las reiteradas mentiras del consejero Suárez-Quiñones -explica Bierzo Aire Limpio en un comunicado- y frente al oscurantismo de la empresa privada Somacyl, la opinión pública ponferradina debe saber que este proyecto no cuenta con financiación del Banco Europeo de Inversiones -como falsamente ha anunciado el consejero de Fomento-; y que la supuesta financiación del BEI anunciada por la empresa privada Somacyl está bajo la lupa de las autoridades europeas, más aún cuando el primer proyecto fue declarado ilegal por dos sentencias firmes».

El colectivo resalta, en este sentido, como ahora, tras el nuevo auto del Juzgado nº 2 de León, el BEI «revisará el expediente ante la evidencia de un posible fraude». Exige a la empresa Somacyl que haga pública toda la documentación relativa al BEI, pues, como el Jefe de División del BEI, Hakan Lucios, les ha contestado por escrito: «El BEI no se opone a que los promotores, prestatarios y otras personas autorizadas proporcionen información sobre su relación con el BEI y sobre los pactos suscritos entre ambos».

Aire Limpio considera que «los ponferradinos tenemos derecho a saber quién va a pagar este despropósito de legalidad más que dudosa». Considera que el Ayuntamiento de Ponferrada «sería prudente (y transparente) exigiendo a Somacyl y haciendo pública toda la documentación relativa a la financiación de la central de calor, antes de que la solicite el Juzgado y antes de que el BEI haga su investigación».

«Hemos trasladado al BEI -concluye el colectivo ecologista- que la financiación europea de la incineradora de Compostilla es inviable por ser una planta contaminante y obsoleta, además de su dudosa legalidad, en litigio», señala. Asegura que «tenemos la certeza de que el BEI custodiará el buen uso de los fondos europeos, por lo que solo cabe preguntarse ¿quién pagará este disparate urbanístico y ecológico y por qué alguien se empeña en lavar los trapos sucios del consejero Suárez-Quiñones y de una empresa privada como Somacyl?», concluye.