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carmen ramos
Martes, 11 de octubre 2016, 18:48
El Grupo Municipal de Unidad Social de Electores a acusa al equipo de gobierno del PP que encabeza la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, de utilizar el Mundial de Ciclismo como una «cortina de humo» para enmascarar una «subida multiiimpositiva» a través del IBI. "Se monta ... una cortina de humo para no hablar de lo que va a ocurrir en Ponferrada", ha señalado el portavoz de USE, Samuel Folgueral, que avanza el incremento de un 10% del tipo impositivo aplicado en el Impuesto de Bienes Inmuebles lo que obligará a pagar más a los ciudadanos y que afectará especialmente a las capas sociales más desfavorecidas dado que con la subida del valor catastral "no una revisión" aplicada "somos más ricos en patrimonio sin serlo".
Folgueral tiene claro que "esta es la realidad del pulso político" de los últimos días una vez que se conoció la resolución del Consejo Consultivo de Castilla y León que considera nulos de pleno derecho el acuerdo plenario del 29 de agosto de 2014 por el que el Ayuntamiento de Ponferrada asumía las deudas contraídas por la Fundación del Deporte por la organización del Mundial. Una decisión que no exime al consistorio del pago de la deuda y que deja a las claras, a juicio del portavoz de USE, que "el equipo de gobierno de la señora Fernández y de los que hacen oposición a la oposición que le apoyan no han conseguido su objetivo puesto que no querían pagar la cantidad económica que estaba pendiente para cerrar económicamente el Mundial de Ciclismo y el Consejo Consultivo les dice que tienen que pagar".
El ex regidor y portavoz de USE, Samuel Folgueral, considera que lo más "grave" es que la cuantía que va a tener que hacer efectiva el Ayuntamiento para saldar los gastos del evento deportivo se van a elevar hasta los 5 millones de euros en vez de 3 "por un capricho personal, concreto y específico" por "intentar hacer política a través de que las cuestiones o las desigualdades entre los diferentes grupos políticos se acaban conviertiendo en un problema que paga al final toda la ciudadanía", señaló, por lo que los ciudadanos "van a tener que acabar pagando del entorno de 2 millones más por la broma" por poner en cuestión la validez administrativa del acuerdo plenario adoptado en agosto de 2014 y los adoptados por la Junta de Gobierno.
Desde el grupo municipal de Unidad Social de Electores recuerdan que esos acuerdos de constitución de la comisión para seguir adelante con la organización del Mundial adoptado en 2009 y aprobado por unamidad del PSOE, PP y MASS, y de la encomienda de gestión posterior a la Fundación del Deporte de Ponferrada aprobado en Pleno en 2012 son fruto de una decisión del equipo de gobierno del PP. "Todo viene dimanado de un contrato con la Unión Ciclista Internacional que hace el señor Carlos López Riesco en la que los informes de la casa dicen que están sin fiscalización de ningún tipo", reseñó Folgueral.
«Proceso político»
Ante esta situación, no duda en arremeter contra el "cinismo" de los grupos políticos que integran la comisión especial informativa constituida para analizar la gestión del evento deportivo celebrado en 2014 al considerar que "no es un proceso de clarificación de unas cuentas pero sí un proceso político" para lo que entiende que "hay que ir a la origen" pero claro "la señora Fernández no va a tomar decisiones contra el grupo popular sino que va a tomar un curruncho, un trocito para hacer esta especie de proselitismo político, esta caza de brujas".
El portavoz de USE critica, además, la falta de rigor del presidente de la comisión, el portavoz del PeC, Miguel Ángel Fernández, al hacer un "juicio previo" al asegurar que la resolución del Consultivo avala el carácter público de la Fundación del Deporte "de tal manera que con eso puede arrastrar el razonamiento, apriorístico por supuesto, de que sí se gastaron esos dineros al margen de la Ley del Sector Público, y acaba en una malversación de caudales públicos". Algo, que según Folgueral, no es así dado que "en todas las páginas del dictamen del Consejo Consultivo indica taxativamente el carácter privado de la Fundación del Deporte, sin ninguna duda" y lo único que pone en cuestión, tal y como subraya, "es que estos acuerdos que se tomaron en el pleno de agosto de 2014 y las dos juntas de gobierno dimanan de la fórmula de gestión que encomendó el PP a la Fundación del Deporte en el 2012 que dice la fórmula de encargo de gestión que no la valida porque tenían que haberse dado una serie de pasos que no dio el Partido Popular en 2012" y que se hubiera traducido en un "contrato de mandato".
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