El 'caso Vestas' lleva al Gobierno a obligar a las industrias que reciban ayudas a mantener su actividad durante tres años

Con esta red cerrada de distribución eléctrica disminuirán los costes de energía para la mediana y gran industria. Además, las redes cerradas garantizarán unas condiciones de conexión a la red pública, de manera que esta no quede afectada. «El mensaje más positivo de este real decreto es el apoyo a la competitividad de una industria que crea valor y riqueza y está territorializada y también combate el reto demográfico, la despoblación», ha subrayado Maroto.

La ministra señaló que el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%. La ministra destacó que es «relevante» vincular las ayudas a estas obligaciones para «mantener el tejido productivo y dar continuidad» a la industria, evitando así casos de cierres y marchas de empresas una vez expirado el periodo de caducidad de esas subvenciones.

En los últimos meses, el tejido industrial español ha visto como varias multinacional han anunciado el cierre de plantas en el país, como Alcoa, con sus plantas de Avilés y A Coruña, que emplean a casi 700 trabajadores; Vestas con su fábrica de Villadangos del Páramo, que finalmente será relanzada por Network Steel; o la cementera Cemex.

Maroto subrayó que esta medida permitirá que las empresas «se arraiguen con el territorio» y que las ayudas concedidas tengan por objetivo «generar y mantener el empleo».

Asimismo, la titular de Industria adelantó que antes de que finalice el año se procederá al pago de las ayudas de compensación de costes de CO2, una de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2).