![Gobierno y Vestas negocian un plan, sin apoyo sindical, para mitigar el daño laboral en Villadangos](https://s3.ppllstatics.com/leonoticias/www/multimedia/201809/19/media/cortadas/ve-kw1F-U60970034646foE-624x385@Leonoticias.jpg)
![Gobierno y Vestas negocian un plan, sin apoyo sindical, para mitigar el daño laboral en Villadangos](https://s3.ppllstatics.com/leonoticias/www/multimedia/201809/19/media/cortadas/ve-kw1F-U60970034646foE-624x385@Leonoticias.jpg)
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Los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica no han logrado, por el momento, alcanzar un principio de acuerdo con la empresa danesa Vestas sobre la factoría de Villadangos que sea refrendado por la parte social.
Inicialmente las partes hablaron de un principio de acuerdo que, finalmente, no se ha cerrado. Las diferencias se centran en la negativa a la retirada del ERE y en la falta de viabilidad industrial, extremos que no comparten ni la Junta de Castilla y León ni los representantes sindicales.
La comparetencia pública de los implicados en este acuerdo estaba prevista para primera hora de la tarde, pero la misma se ha retradado tras 'tropezar' en el acuerdo y extenderse la negociación entre las partes, según han reconocido fuentes próximas a esta 'cumbre'.
Gobierno y empresa siguen trabajando, a instancia de Junta y sindicatos, en un marco que «minimice» el 'daño laboral' en Villadangos extendiendo la continuidad de la plantilla hasta conseguir una salida empresarial a la planta a través de nuevos inversores.
Vestas, inicialmente, no quiere retirar el ERE y esa situación ha llevado a que Junta y representación sindical rechacen de pleno el documento elaborado por Gobierno y empresa. Las negociaciaciones prosiguen, pero con malas sensaciones según reconoce la parte laboral.
El pasado viernes, la dirección de Vestas comunicó a los representantes de los trabajadores que la salida de los empleados se producirá entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre.
Previamente, la empresa había notificado un ERE de extinción para 362 empleados.
Los gobiernos central y autonómico habían exigido a la dirección de la compañía dar «viabilidad» a la planta leonesa con un nuevo plan industrial.
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