Los eurodiputados españoles impulsarán una propuesta para impedir el cierre y deslocalizaciones «fraudulentas» como Vestas

Un objetivo que se traduce en una batería de compromiso, que pasan por el dictamen del CESE - Consejo Económico y Social Europeo- para no permitir la degradación del mercado así como la resolución del CESE para la búsqueda del reequilibrio y la responsabilidad social que han de tener las empresas y más en concreto las multinacionales.

En la misma línea, el compromiso de reconstruir por parte del Parlamento Europeo las decisiones antisociales que mantienen empresas como Vestas, que ha tomado una decisión drástica y que afecta a muchos puestos de trabajo directos, indirectos, empresas auxiliares y centros especiales con plantilla de capacidades reducidas, afectando en su totalidad a más de 2000 familias en la provincia de León.

Por su parte, los eurodiputados españoles de todos los grupos Parlamentarios han planteado una iniciativa legislativa popular para atacar estas situaciones en la Comunidad Europea, que se llevará a pleno en el próximo pleno de la Unión Europea.

Asimismo, se llevarán a cabo peticiones a las mesas de la UE sobre los derechos energéticos e industriales, para la modificación y regulación de estos casos, así como a la Comisión Juncker para mantener la viabilidad y visualización del problema generando la atención y el debate durante varios meses en el Parlamento.

Por último, tanto los representantes políticos como sindicales trasladaron su compromiso de impulsar diferentes gestiones al más alto nivel y establecer contactos con sus homólogos en Dinamarcar para intentar revertir la intención de cese de Vestas.

Durante las reuniones, los representantes de la Fundación Anclaje –Junta, CCOO y UGT- de la mano del Gobierno de España a través de la delegada Virginia Barcones, han trasladado la necesidad de establecer una legislación europea que impida este tipo de cierres y deslocalizaciones «fraudulentas».

En este sentido, han remarcado la necesidad de activar mecanismos para revertir los fondos y subvenciones europeas concedidas o de lo contrario encontrar soluciones de financiación para la búsqueda y el mantenimiento de unidades productivas industriales, siendo estas con garantías suficientes y de viabilidad con proyección de presente y futuro.

Las deslocalizaciones desde la Unión Europea han de ser reguladas, para no permitir que esto continúe siendo la ley de la selva, tal y como está sucediendo con la planta de Villadangos del Páramo en León con el gigante Vestas.

«No podemos permitir que se potencie y se actúe con facilidades económicas a quien deslocaliza sus producciones y cierra sus centros de producción para llevárselos a países como China, Argentina, Brasil, Túnez o Rusia y posteriormente la Unión Europea seas la chequera para la instalación de las máquinas producidas en esos países e instaladas en Europa».

Vestas ha producido de manera competitiva desde el 2006 logrando unos beneficios en el último año de 870 millones de euros. Por todo ello, ha pasado de ser una empresa industrial a un lobing financiero, ya que el mismo día que anuncio el cierre de la factoría de León, subió la bolsa más de un 6%.

«Por lo que estamos ante una operación puramente financiera y especulativa para que ganen mucho más sus accionistas. La reflexión generalizada en Europa es que Vestas son líderes en energías limpia y renovable, pero también son líderes en estrategias industriales sucias, desleales y mentirosas».