El Gobierno tramita de urgencia la Ley del Cine

Fue una de las leyes cuya tramitación quedó en suspenso tras la última convocatoria de elecciones generales, el pasado 23 de julio. Por eso ayer el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes Generales de nuevo el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, con una tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, para su aprobación antes de que acabe el año, cumpliendo así con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de fondos europeos.

Este anteproyecto sustituye a la actual ley, aprobada hace ya más de dieciséis años. Dieciséis años en los que han irrumpido en el sector las plataformas de vídeo bajo demanda, se han multiplicado exponencialmente las series y una pandemia ha herido de gravedad a las salas de cine. Tal y como indicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Ejecutivo ha aprobado el mismo texto que ya validó en diciembre de 2022, con Miquel Iceta al frente de Cultura.

Son varias las novedades del proyecto, abierto ahora a las enmiendas que puedan presentar diputados y grupos parlamentarios, pero quizá la mayor de ellas es que se amplian las subvenciones a las series de televisión, hasta ahora al margen de la Ley del Cine, algo que preocupaba a los productores de cine. Pese a todo, la futura norma considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje «significativo» de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica.

Desde Cultura se indica que el objetivo principal es el de «fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial», con especial atención a los sectores independientes, a los que aseguran destinan «mayoritariamente» las ayudas. Asimismo, trata de dar respaldo a los autores y al «pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual», además de «garantizar la defensa de la competencia» en el mercado audiovisual y la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, entre otros.

En este sentido, se obliga a las plataformas a declarar los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición. El anteproyecto concreta que la posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La futura ley presta atención a la igualdad entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Así, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción.

Con respecto a las salas de cine, el anteproyecto recoge que todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, «aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales». También se mantiene la cuota de pantalla, esto es, el porcentaje que los exhibidores han de reservar al cine nacional y europeo, que pasa de un 25 a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres. Puntuaran doble aquellas películas comunitarias y latinoamericanas dirigidas por mujeres.

Se otorgará además la protección de Bien de Interés Cultural a la Filmoteca Española, algo que consolida y garantiza el cuidado del patrimonio audiovisual, ya que determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.

Finalmente, en favor de la cooperación público-privada, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. «Se trata de una herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual». Compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales, abordará «cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de Ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias». Por otro lado, se incluye la obligada declaración por parte de las plataformas de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición, para que, entre otros objetivos, los autores puedan conocer el resultado de sus obras y reclamar los derechos de propiedad intelectual.

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