Dadas las fechas en las que estamos, en esta oportunidad no puedo resistirme a hablarles de cómo va la tramitación presupuestaria, y no solo porque convivo profesionalmente con esta realidad que, desde su vis jurídica, procuro explicar a nuestros jóvenes universitarios, haciéndoles entender su importancia ... política y social, sino porque entiendo que es un tema que nos debe preocupar a todos, debe interesarnos como sociedad, en la medida en que de estos presupuestos va a depender, en buena parte, el desarrollo de nuestro futuro inmediato.
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Procuraré darles mi opinión sincera- no digo que objetiva- de lo que estoy viendo estas últimas semanas, y con ello trasladarles algunas de las preocupaciones a las que me lleva la necesaria comparsa que está acompañando a estas cuentas que van a ser cruciales para la recuperación de nuestra economía y para conseguir la tan ansiada normalidad (la de siempre).
Hace no mucho afirmaba en un trabajo que acaba de publicarse cómo, conforme a lo dispuesto en el artículo 134.1 de nuestra Carta Magna, en la aprobación de los presupuestos confluyen las competencias perfectamente diferenciadas de dos de los Poderes del Estado: por un lado, las del Gobierno al que corresponde su elaboración, y, por otro, las del Poder Legislativo- ambas Cámaras- al que corresponde su examen, enmienda y aprobación, así como su control posterior. Existe pues, en nuestro ordenamiento jurídico un perfecto reparto de roles entre ambos poderes del Estado, Gobierno y Parlamento, que tienen papeles perfectamente diferenciados en el ciclo presupuestario cada año.
Los presupuestos contienen la previsión de ingresos y los gastos a realizar en el ejercicio, y demandan que se aprueben necesariamente en una Ley que de no aprobarse obliga a acudir necesariamente a la prórroga automática del artículo 134.4 de la misma Constitución.
En otras palabras, la presentación de los Presupuestos cada año, constituye a mi juicio, y así lo he defendido, más que un derecho, una obligación para el Poder Ejecutivo, manifestándose como una competencia irrenunciable en nuestro Estado de Derecho para que las Cortes Generales puedan aprobarlos cada año. De hecho, su aprobación se entiende como un refrendo de la acción de Gobierno, y su rechazo cabría interpretarlo como la pérdida de la confianza de la mayoría del Parlamento que, en consecuencia, determinaría la exigibilidad de la dimisión del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Al menos esa es la teoría porque la práctica, los últimos años, nos ha demostrado que no tiene que ser necesariamente así y que el actual Gobierno, antes de convocar elecciones, es capaz de estirar de forma impensable el uso abusivo de la prórroga automática de presupuestos anteriores, incluso aunque hayan sido diseñados por el Ministro Montoro.
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Así las cosas, la realidad, que es muy tozuda, ha demostrado que la aprobación de los Presupuestos no es para Sánchez una condición necesaria para terminar la legislatura porque, llegado el caso, todos lo sabemos, prorrogaría sin pudor los de 2021; y poco le importaría si no fuera por la imagen que nuestro País daría a sus socios en Europa, mas ahora, cuando los Fondos europeos resultan tan necesarios para la recuperación económica y social que el Gobierno está vendiendo «a bombo y platillo»- aunque resulte tan difícil cotejarla con la realidad que vemos a diario- publicitando unos presupuestos expansivos que traen dinero a espuertas para todo y para todos. Menuda fiesta.
El problema es el coste que nos va a suponer a todos los españoles sacar adelante estas Cuentas Públicas. Y no, desde luego, porque a Pedro Sánchez le preocupe ni un ápice prorrogar los presupuestos anteriores, con el déficit democrático que ello supone medido en falta de apoyo de las Cámaras. Eso lo superaría con facilidad. El meollo de la cuestión es poder utilizar los Fondos europeos que se incorporan en los Presupuestos para apuntalar a este Gobierno de coalición cada vez peor avenido (que se acusan unos a otros hasta de prevaricación) en un escenario de despilfarro desconocido hasta la fecha- que ni en la peor época de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto una cosa igual-, en el que igual nos vale el bono de alquiler, que el «bono cultural para jóvenes», o que la subida del 2% a los funcionarios (y por ende, a ellos mismos) que debe pensar que estamos todos felices porque claro, como somos funcionarios, no vemos más allá de la subida salarial, con independencia de las penurias por las que están pasando muchos de nuestros conciudadanos (me parece tan irritante….).
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De todas formas, no sé yo si la inflación desbocada de los últimos meses por la escalada de los precios de la luz y el gas, con el encarecimiento de las materias primas, y los cuellos de botella que se están produciendo en parte de nuestro sector industrial no van a aguarle la fiesta a Pedro Sánchez…..Por no hablar de los «gafes» del FMI, de la AIREF y del Banco de España empeñados en rebajar las optimistas previsiones de la Ministra Montero que, con el chute de los Fondos europeos, ha elaborado unas cuentas públicas con previsiones de crecimiento del 7% para el año que viene tras un avance previsto del 6,5% para este año, previsiones que el Banco de España poco ha tardado en rebajar a la mitad. Y así con todo.
Cierto es que los presupuestos han de contener una mera previsión de ingresos, pero muy mal empezamos si los datos macroeconómicos se corresponden tan poco con nuestra realidad… En todo caso, mientras Bruselas mantenga suspendidas las reglas de gasto, evitando los ajustes fiscales tan rigurosos del pasado, el recurso a la deuda pública dará alas al optimismo patológico del Gobierno más contundente de nuestra historia democrática (con 23 Ministerios y 100 millones en asesores, ya pueden).
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La pega es que esa deuda, al igual que la mitad de los fondos europeos, habrá que devolverlos no tardando, aunque, con un poco de suerte, ese es un problema al que Sánchez no habrá de enfrentarse…. Lo haremos los españoles cuando toque porque la suspensión de la prohibición de la Unión Europea al Gobierno de «gastar a lo loco» termina en 2023, fecha a partir de la cual nos volveremos a someternos a los ajustes del déficit…. Bueno, igual lo mejor es no pensarlo y, como el Presidente Sánchez y su Gobierno, dar una «patada hacia adelante». Disfrutemos del despilfarro, que ya vendrá quien gestione la ruina.
Y si para aprobar los Presupuestos de 2022 necesitamos el apoyo del PNV, de ERC o de BILDU, socios prioritarios de este Gobierno de coalición para aprobar estas Cuentas trufado de teatritos o de amagos de susto a última hora…., pues admitamos todas y cada una de sus pretensiones siempre «legitimas» y, desde luego, amparadas en la defensa de la Constitución y el interés general de todos los españoles, en particular, en lo relativo a todo lo relacionado con ETA y los presos terroristas cuyas series de blanqueo podremos disfrutar en Netflix (eso sí, en catalán).
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A estas alturas de la tramitación parlamentaria, todos se muestran contentos con este vodevil en el que el Gobierno y sus socios presupuestarios velan indudablemente por el bienestar de los ciudadanos, sin que a nadie le quepa en la cabeza que ninguno de ellos esté haciendo un uso partidista de las Cuentas del Estado que hay que aprobar, y se aprobarán, se lo garantizo, a cualquier precio. Vamos que, para que ustedes lo entiendan- y aprovechando las fechas en las que estamos- ante el «Truco o trato» de Arnaldo Otegui, Pedro Sánchez le ha respondido: trato, trato y mil veces trato...
Bueno no, no todos están contentos, porque la oposición, y en particular el Partido Popular, ya ha dicho que las Cuentas estatales se basan en indicadores macroeconómicos falsos, que van a subir los impuestos (todavía más), o que van a derogar la reforma laboral que impulsó Mariano Rajoy en 2012 -o modificar o lo que haga falta que nuestro camaleónico Presidente a cada cual le dice lo que necesita o quiere oír- reforma que generó millones de empleos y hasta los ERTES de los han podido disfrutar en estos tiempos terribles tantos de nuestros compatriotas (y no ayudas de subsistencia, subvenciones o beneficencias que solo buscan comprar votos) sin una alternativa real que garantice lo que necesitamos de verdad: generar empleo de calidad, crecimiento económico y, con ello, mayores cotas de bienestar para todos.
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