Los tractores que araban huertos solares

Antes de que el virus nos arrinconara a muchos en nuestras casas, además de esta lucha general en defensa de la agricultura, en León también se estaba librando una pugna entre los que conducen los tractores y los que promueven no pequeños huertos solares, sino grandes parques fotovoltaicos. Enfrentamiento que, una vez más, está poniendo a prueba la capacidad que tenemos en León para planificar los distintos usos y actividades que se deben desarrollar en el territorio. ¿Qué es lo que está sucediendo? En apretado resumen, lo siguiente. Tras el cierre de las centrales térmicas, las subestaciones asociadas a las mismas podrán inyectar en el sistema eléctrico español una importante producción generada por otras fuentes alternativas, lo que ha incentivado la ubicación de grandes proyectos de energías renovables en este entorno, que compensaría la pérdida de generación térmica. Muchos de estos proyectos se suman a otros ya en marcha, y dado que se está optando mayoritariamente por la energía eléctrica de origen fotovoltaico, se necesitan miles de hectáreas para instalar estas nuevas plantas. Hectáreas que ahora tienen otros usos, especialmente agrícolas. En conclusión, sobre la misma superficie compite ahora el tractor y el parque solar; sobre las mismas hectáreas tendremos o una producción agrícola o una producción eléctrica. El viejo dilema de cañones o mantequilla. Y la cuestión es: ¿quién y cómo se va a decidir entre estas dos alternativas excluyentes? Y este no es un debate irrelevante, pues nos jugamos mucho, pues si los agricultores y ganaderos son el principal grupo de personas que quedan en nuestro medio rural, debe meditarse si debemos desplazar su actividad por otra que, monetariamente, es más rentable.

Desde hace años estoy involucrado en los conflictos que han surgido por la implantación de proyectos de energía renovable, y conozco de primera mano como una inadecuada planificación energética ha hecho que en León pierdan todas las partes implicadas: los propietarios de los terrenos, los que los explotaban, las empresas que promueven los proyectos eléctricos y las entidades conservacionistas que, defendiendo las energías renovables, no están de acuerdo con ubicaciones sensibles ambientalmente; es decir, hemos perdido todos, tanto los interés públicos y como los privados. En mi opinión, hoy estamos a punto de cometer los mismos errores y, lo que también es grave, de recrudecer los conflictos que ya se están produciendo en algunos pueblos entre los agricultores que quieren seguir cultivando las tierras comunales y los vecinos no agricultores que quieren cobrar las rentas que prometen las empresas eléctricas, que multiplican por diez lo que puede pagar un agricultor.

Permítanme aportar unas reflexiones para este debate, un debate que necesita argumentos serenos más que nunca, ya que todos nos enfrentamos a la urgente tarea de reconstruir nuestra economía desde sus bases. Es lógico que las empresas eléctricas apuesten, en primer lugar, por los terrenos más aptos para sus proyectos, y estos son los más llanos, los más limpios de árboles y maleza y los que no tienen protección ambiental. Por razones obvias, estos terrenos suelen ser los ya ocupados por actividades agrícolas. También por una razón de eficiencia, interesa alquilar grandes superficies que pertenezcan al menor número de propietarios, y ahí entran las Juntas Vecinales y sus bienes comunales e, incluso, sus montes de utilidad pública. Es lógico también que las Juntas Vecinales quieran obtener más beneficio por el arrendamiento de sus tierras, y es entendible que esto lo exijan más intensidad los que no viven del campo o en el pueblo, por estar jubilados o incluso por tener algún interés particular en los proyectos eléctricos. Por otro lado, también pudiera parecer oportuno que la Junta de Castilla y León pretenda facilitar a las eléctricas al máximo el uso de todos los terrenos, incluso en montes de utilidad pública; pero ¿debe hacerlo a costa de la actividad agrícola? También es cierto que no todas las superficies agrícolas tienen la misma rentabilidad ni económica ni social. Por supuesto que los ecologistas intentarán defender las zonas protegidas y el respeto a los procedimientos administrativos de autorización. Por último, parece una postura razonable que los agricultores no quieran verse expulsados de las tierras que trabajan, aunque sea con una compensación económica, pues quieren seguir desarrollando su actividad en su pueblo, y ojo que la rescisión generalizada de contratos está dejando la provincia sin suelo agrario libre; frente a lo que los sindicatos agrarios no se han posicionado públicamente. Ante esta situación, mi pregunta a cada uno de los grupos mencionados y también al lector es: ¿vamos a dejar que los conflictos individuales que están surgiendo se resuelvan de forma bilateral ante los tribunales o hacemos el esfuerzo por decidir entre todos qué modelo de ocupación y de uso de nuestros campos y montes queremos tener en los próximos treinta o cuarenta años? Y una última pregunta. ¿Tenemos derecho los leoneses a saber si dentro de cinco años va a haber 2.000 o 25.000 hectáreas de parques solares en nuestro entorno y cuántas de esas hectáreas dejarán de ser tierras agrícolas?

Creo que la provincia de León y, por extensión, la economía española, no puede prescindir de ningún megavatio de energía renovable, pero también creo que no nos podemos permitir que ningún agricultor tenga que bajarse del tractor definitivamente, cerrar su explotación e irse de su pueblo. Y hasta ahora no he hablado de despoblación rural, ni lo haré. Sin embargo, sí quiero pedir una planificación de nuestro territorio integral, transparente y participativa, que intente conjugar todos los intereses en la explotación sostenible de los muchos recursos que nos quedan. La reconstrucción de nuestra economía va a exigir sacrificios de todos, pero que sea también en beneficio de todos. En León nos jugamos mucho y no tenemos ya ningún margen para más errores.