La tentación portuguesa

Parece posible que los socios minoritarios del gobierno español imiten a los homólogos lusos a medida que se enfila el segundo tramo de la legislatura. Durante la semana pasada se produjo la principal crisis, hasta el momento, entre los partidos teóricamente cogobernantes. El motivo ha sido la pendiente reforma de la reforma laboral de Rajoy, en la que habrían avanzado Yolanda Díaz y los dos principales sindicatos sin la participación de más interlocutores. No han trascendido los motivos de fondo en la discrepancia (aunque es obvio que el mayor girará alrededor de las primacías entre convenios, sectorial o de empresa) pero sí se ha sabido que hay dos puntos principales de fricción. El primero surge porque la Ministra de Trabajo y Unidas Podemos han considerado una «injerencia inaceptable» la participación del Ministerio de Economía en las negociaciones llevadas a cabo con los sindicatos, como si en el gobierno hubiera compartimentos estancos. El otro motivo es la conveniencia de la participación de la CEOE en las negociaciones y el posible acuerdo. Parece claro que, si con la patronal en la mesa de negociación no hay acuerdo, sería responsabilidad de los dirigentes empresariales. En cambio si se la excluye de antemano la responsabilidad caería sobre el Gobierno en su conjunto.

La modificación de la legislación laboral es la primera reforma que ha de presentarse en Bruselas antes de que finalice el año para poder recibir el siguiente paquete de fondos europeos y asegurar la recuperación económica. Por eso es evidente que no se trata de una mera política sectorial del Ministerio de Trabajo sino de una cuestión clave, competencia también de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Economía, Nadia Calviño, principal interlocutora con la UE para los fondos NEXT Generation y responsable de que nos vayan llegando para afianzar una recuperación que va menos rápida de lo esperado.

Sin embargo, portavoces acreditados de Unidas Podemos aprovecharon la discrepancia abierta entre vicepresidentas para lanzar una campaña en redes sociales contra Nadia Calviño, tachándola de neoliberal y tecnócrata, en una demostración de que el sectarismo adolescente no se cura por pasar una temporada en el gobierno. Acosar y descalificar en las redes a la Vicepresidenta Primera del Gobierno es un acto de deslealtad flagrante no solo al socio mayoritario sino a la coalición de gobierno en su conjunto y a su imagen ante los españoles.

El segundo motivo de discrepancia resulta todavía más incomprensible habida cuenta de la capacidad negociadora demostrada por Yolanda Díaz. La participación de la organización patronal en la negociación debería ser obligada para intentar alcanzar una reforma de largo recorrido. Pero hay demasiados actores interesados en extremar la polarización política y social, así como en obstruir los consensos de estado. Ya vimos en julio la bronca del PP a la CEOE por alcanzar acuerdos con el gobierno sobre las pensiones o por no ser beligerante contra los indultos a los condenados por el «procés». Desde el otro extremo del arco político parecen fomentar también la confrontación entre bloques ideológicos, independientemente de la conveniencia para los intereses de España en su conjunto a medio y largo plazo. La miopía política avanzará conforme se acerquen las próximas elecciones.

Con todo, a corto plazo y a diferencia de Portugal, aquí finalmente los presupuestos para 2022 saldrán adelante con el voto favorable de ERC y PNV. Los independentistas habían supeditado no presentar enmienda a la totalidad a que Netflix (una empresa privada) emita un porcentaje en catalán. ¡¡Vivir para ver!! Por supuesto esto es mucho más llevadero que el tiempo del «España nos roba». Pero no deja de ser pasmoso el universo mental del mundo soberanista: no se ponen de acuerdo sobre cuestiones como el aeropuerto del Prat, las olimpiadas de invierno en 2030 o cualquier otro proyecto de futuro y, en su lugar, la preocupación principal es ¡¡Netflix!!

En cambio, el PNV es mucho más previsible. Como todos los años, fieles a la doctrina beatífica de que «todo es bueno pal convento», esta vez se alzaron con la gestión del Ingreso Mínimo Vital en el País Vasco. Han institucionalizado la inevitabilidad del «tractor de Aitor» para el gobierno español, gobierne quien gobierne. Lo mejor de todo es que pueden exhibir un sentido de la responsabilidad que falta en otros grupos parlamentarios. Argumentan que garantizan la estabilidad del gobierno español y con ello la llegada de los fondos europeos y la recuperación económica. Y, por supuesto, como es cierto, debemos quedar agradecidos.