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Desde luego 2022 va a ser un año «glorioso». A eso apunta lo ocurrido el pasado viernes, fecha en la que el PSOE, Unidas Podemos y sus socios de ERC, no contentos con lo que plantean respecto al delito de sedición, presentaron en el Congreso ... una batería de enmiendas a la reforma exprés en curso del Código Penal por la que- atentos todos- pretenden modificar también el delito de malversación, dulcificándolo para algunos de sus adláteres y proponiendo una pena de tres años de prisión para los casos de malversación sin ánimo de lucro -qué casualidad-; no contentos con ello, retocan las mayorías necesarias para el nombramiento de vocales del Tribunal Constitucional porque así -dicen ellos-desbloquean la renovación de este órgano. Para disimular, y tomándonos por idiotas que no van a darse cuenta de lo que están haciendo, recogen en la misma tanda de enmiendas el endurecimiento de los delitos contra los derechos de los trabajadores.
En cuanto a la malversación- y como ya avisó Gabriel Rufíán no hace tanto, señalando que ese sería el coste de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado- ERC plantea dividir el actual delito en función de si existe o no ánimo de lucro en el manejo ilícito de los fondos públicos, lo que va a determinar la horquilla de penas a aplicar a cada caso.
Sin entrar en farragosos pormenores jurídicos, lo que nos interesa destacar es que con este vicio adquirido de legislar ad hoc para casos y sujetos concretos, se pretende abaratar el coste de este delito para, por ejemplo, cuatro decenas de ex altos cargos de la Generalitat con causas en los tribunales, de los que más de una docena son de ERC, además de favorecer a algunos de los ya condenados por el procés y -sé que no lo dudan- a Carles Puigdemont y los otros huidos de la justicia española.
Cierto es que los autores materiales de la enmienda son los de ERC pero, no se equivoquen, el PSOE y Unidas Podemos (el Gobierno) ya han dicho que están abiertos a transaccionar. Es decir, que ya está todo atado y bien atado y, además, que lo quieren rematar rápidamente para que este año 2022 no lo podamos olvidar ninguno.
Si les parece que exagero repasen los tuits del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que, por cierto, junto con Dolors Bassa o Jordi Turull, fueron condenados por malversación por el Tribunal Supremo en el juicio del procés. Este pelma, al que no tardando volveremos a ver en las andadas, ha felicitado a su partido por la iniciativa legislativa, afirmando textualmente: «Con pasos como éste, conseguimos concentrar toda nuestra fuerza política para poner justicia allá donde había injusticia. Solo así será posible limitar la capacidad represiva del Estado y, al mismo tiempo, avanzar en el camino de la construcción de una República Catalana justa». Pues nada, todo sea por aprobar unas Cuentas Públicas que le garantizan a Sánchez un añito más y si de paso, acertando con la redacción de este bodrio, arreglamos lo de Griñán y Chaves pues «miel sobre hojuelas».
Pero no vayan a creer que acaba ahí la cosa. Ya puestos, por qué no utilizar la reforma exprés del Código Penal para «arreglar» a favor del Gobierno lo del Tribunal Constitucional. Y es que en la misma tanda de enmiendas, se propone eliminar la obligatoriedad de los tres quintos de los votos del Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde, estableciendo un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos.
Encima, se amenaza vía enmienda a los vocales y al presidente del CGPJ con imputarles los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva, si tras la aprobación de la reforma- atada y bien atada por eso del «do ut des»- persisten en el bloqueo. De hecho, se les da un plazo perentorio de tres días desde que el presidente convoque el pleno para realizar los nombramientos lo que, no sin razón, ha provocado la amenaza de moción de censura, por parte de algún partido.
Es de sobra conocida la falta de empatía del presidente Sánchez con la máxima de la separación de poderes propia de un Estado democrático; tampoco es que se haya mostrado como un fervoroso creyente de la independencia del Poder Judicial lo que desde luego, rubrica con este empeño en garantizarse una «mayoría progresista» en el Tribunal Constitucional a cualquier coste.
Como jurista y convencida defensora de nuestro Estado de derecho, no puedo ni imaginar que lo que quiera el presidente sea asegurarse que los jueces nombrados estén a su servicio, contando así con una sumisión que le pueda favorecer cuando ejercen su función; y ello porque sería una forma muy sibilina de incumplir el mandato constitucional que, afortunadamente para todos, nos garantiza en su artículo 117.1 la independencia del tercer poder del Estado, señalando que «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».
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