La rebelión de lo local

En resumen, y por lo que aquí nos interesa, para cumplir con la senda presupuestaria impuesta por Europa, las Corporaciones locales, tuvieran o no sus cuentas en orden - la mayoría de ellas, salvo los grandes Ayuntamientos, las tenían saneadas (y bien saneadas)- se vieron obligadas a acumular el dinero que ahorraban sin poder gastarlo ni siquiera en lo que consideraran imprescindible, como podían ser políticas de empleo, inversiones…

Cuántas quejas escuché en su momento, yo creo que justificadísimas, de alcaldes de todo signo político que, muy a su pesar, se veían absolutamente impedidos para gastar sus remanentes para mejorar la vida de sus vecinos que, y es lo que resulta perverso, son los que finalmente consiguen esos ahorros bien a través del pago de impuestos, bien dejando de recibir los correspondientes servicios públicos municipales (o recibiéndolos en menor medida de los que justamente les correspondería, es decir, con los famosos recortes). Mas de un alcalde amenazaba con rebelarse si las cosas seguían de esa guisa.

No voy a insistir en el descontento que esta medida, tal vez en algún momento necesaria e impuesta por la estricta senda de déficit a la que nos sometió Europa, generó entre nuestros Regidores municipales; no obstante, desde un punto de vista positivo, quizá en algún caso haya tenido la bondad de obligar a que las Entidades locales se conviertan en buenos gestores, capaces incluso de ahorrar.

Pero Montoro se marchó en junio de 2018, hace mas de dos años, y parecía que las circunstancias económicas mas favorables y el propio sentido común iban a producir la flexibilización de la regla de gasto, permitiendo a los Ayuntamientos, en general buenos ahorradores, poder utilizar el fruto de su esfuerzo de tantos años.

Además, consultando la bendita hemeroteca, es fácil encontrar el compromiso del PSOE de derogar la Ley Montoro a través de un Decreto Ley, señalando incluso que era una prioridad lo que, en la práctica, no acababa de asumir el actual Ministerio de Hacienda que computaba un superávit municipal de unos 27.000.000M€ generado, no lo olviden, gracias al esfuerzo de los vecinos empadronados en cada Ayuntamiento. De hecho, Unidas Podemos (UP) recientemente reforzó esa prioridad presentando una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que conminaba al Gobierno a acelerar los trámites, Gobierno del que, por si no se habían dado cuenta, forman parte (ya, ya, que no van a estar de acuerdo en todo).

No sé si quizá para acallar a sus socios, en primavera Hacienda amagaba con corregir el problema, procediendo a aflojar el corsé Montoro como consecuencia de la maldita COVID, y autorizando a los Ayuntamientos a gastar hasta 300 M€ del superávit acumulado para «financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social».

Imagino la alegría de muchos alcaldes al pensar que ese dinero podía revertir en las necesidades de sus vecinos porque la política en el ámbito local cursa por lo general con la honestidad, la ingenuidad y la presencia de ese interés general que debería empapar la vida pública.

Pero, como decía mi padre, «qué poco dura la alegría en la casa del pobre» porque a la vista de lo que ha ocurrido la pasada semana, está claro que esto era el «chocolate del loro» y que no solo no existía la voluntad real de flexibilizar la situación financiera de las Corporaciones locales sino que, antes al contrario, se estaba larvando por el Ministerio de Hacienda un plan que las iba a dar la puntilla definitiva con forma de Acuerdo económico entre la FEMP y Hacienda que pretende, pomposamente, impulsar medidas de recuperación de pueblos y ciudades tras la pandemia. Y no solo eso, sino que dicho Acuerdo se vende con una apariencia de apoyo indiscutido por parte de las Entidades locales que está muy lejos de producirse pues es vox populi el cabreo - disculpen- de la mayoría de los Ayuntamientos y Diputaciones que hablan de robo, atropello, expropiación, incautación, confiscación, engaño…

Es cierto que el Acuerdo prevé un ingreso no financiero de 5.000 M€ para las Entidades locales, un fondo de 400 M€ para compensar el déficit de los servicios de transporte urbano, y la participación en fondos europeos que ascienden a 72.000 M€; eso si con la trampa de que la disposición de dichos fondos se condiciona a que las Entidades locales con carácter voluntario (o quizá no tanto), pongan a disposición del Gobierno sus remanentes de tesorería durante los ejercicios 2020 y 2021.

A partir de 2022, y en un plazo que en el Acuerdo se contempla de diez años, pero que el BOE, que es lo que cuenta, sube sorpresivamente hasta los quince (en función de supuestas ventajas de los que acepten esta ampliación de años), los Gobiernos locales irán recibiendo la totalidad de los remanentes cedidos que podrán utilizar en lo que quieran, sin incurrir en déficit. La alternativa que se les ofrece, es optar por seguir acumulando superávit que, por la vigencia de la Ley Montoro, no podrán gastar.

Y lo mejor de todo, las declaraciones del Presidente de la FEMP, Abel Caballero, que sacó adelante el Acuerdo con su voto cualificado tras un empate, pues solo el PSOE, alineado con Hacienda, ha entendido sus bondades, rompiendo de paso el afamado consenso histórico en el seno de la FEMP. Dice Caballero que «este acuerdo es la eclosión de las Entidades Locales. La pandemia puso de relieve la importancia de lo local y en ese contexto, este acuerdo es muy importante para las Entidades Locales, muy positivo. El municipalismo sigue atento a 47 millones de personas que viven en todos los municipios». Es mas, conforme contemplan las redes sociales de la FEMP, en el acto de firma con Moncloa, este señor, que es un figura, señala que «nunca se firmó un acuerdo de esta envergadura entre la FEMP y el Gobierno».

«Amos anda», que diría aquél, por varias razones.

La primera, porque lejos de prevalecer el interés municipal este Acuerdo vela por atender las necesidades cada vez más acuciantes de una Administración Central cada vez mas endeudada justificada (e injustificadamente) lo que no parece que sea lo que debe defender la FEMP. Y ello sin perder de vista que la supuesta voluntariedad de las Entidades locales en la suscripción de dicho Acuerdo se matiza absolutamente por la suerte de chantaje que suponen las consecuencias que tendrán por no suscribirlo, es decir, no poder gastar sus remanentes, condicionados aún por la Ley Montoro, ni siquiera en las necesidades perentorias generadas por la COVID.

La segunda razón y más preocupante, que el Acuerdo puede ser contrario a los artículos de la Constitución donde se consagran «los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales« (137, 140 y 142), estableciendo una suerte de tutela del Estado intolerable que, con toda seguridad, conllevará a que se convierta en protagonista de un recurso de inconstitucionalidad. Y sin olvidar que el Real Decreto Ley que contiene el Acuerdo no afecta a las Entidades locales del País Vasco donde la tutela financiera de los Ayuntamientos corresponde a los Territorios históricos (no hago ni comentario).

La tercera razón, peor si cabe, que actualmente hay en España cerca de tres mil Ayuntamientos que no tienen superávit y que, por ese motivo de quedarían fuera del Acuerdo y, por lo tanto, de la disposición de los Fondos que el Estado pone a disposición, por no hablar de los miles de pueblos de menos de 1000 habitantes para los que las inversiones aprobadas no tienen ninguna utilidad lo que, a la postre, genera gravísimas discriminaciones entre nuestras ciudades y pueblos.

Eso si, hay que reconocerle al Acuerdo la capacidad de aunar el criterio de todas las fuerzas políticas en su contra, a salvo del PSOE, trascendiendo lo ideológico en favor de las necesidades de los ciudadanos que atienden las Administraciones más cercanas, lo que aboca seguramente a que el Decreto Ley que lo contiene no se convalide en el Congreso. Si estoy en lo cierto, esto supondrá al final un nuevo y rotundo fracaso del actual Ejecutivo.