Ya no quedan vacas que fotografiar

Según la interesadísima versión del Partido Popular, esos asuntos eran cosa de Tomás Villanueva, sus viceconsejeros y unos amigotes de Valladolid, algunos conocidos como «los cartones». Pero Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2018, no se enteró de nada. Tampoco se enteraba de nada Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Presidencia desde 2001; después consejero de Justicia e Interior y, desde 2002 hasta 2019, secretario general del PP en Castilla y León. Ni Herrera ni Mañueco leían la poca prensa que se atrevía a publicar lo que era un clamor en toda la comunidad: que el pringue salía a raudales por las ventanas del gobierno autonómico en Valladolid. Mientras tanto León perdía entre 2002 y 2021 el 9,05 % de su población, 44.949 habitantes, entre los que se encuentran la mayoría de los jóvenes que deberían estar cimentando el futuro de la provincia.

Con esos precedentes, Mañueco (el que no se enteraba de nada) nos prometió «seguir liderando la transformación de León» y se obsequió con un congreso al que trajo como estrella invitada a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña no desperdició la ocasión para demostrar que «lo suyo no es soltura sino desfachatez» (parafraseando la aguda distinción de Mafalda). Para empezar exhibió una ignorancia histórica monumental, acompañada de su simpleza política habitual que remató tomándose unas cañas para profundizar en su densa idea de la libertad política. Es la receta para el triunfo del populismo de derechas según demostraron Trump y Bolsonaro: exaltación de la ignorancia y mentir sin complejos

Tras dos semanas hablando sin ningún rigor de granjas y ganadería, Mañueco ha pasado a la ofensiva con los impuestos, siguiendo cual monaguillo las instrucciones de la dirección nacional. A continuación atacará al gobierno por los fondos europeos que, según Pablo Casado, no se sabe dónde están o se los está gastando Sánchez con sus amigos. Ya sabemos que el fuerte del presidente nacional del PP no es la verdad ni la lectura, así que no ha visitado la web del gobierno (https:/planderecuperacion.gob.es) que da cuenta de todas las convocatorias, adjudicaciones y transferencias. Si leyera podría enterarse de que, hasta el momento, la comunidad que más fondos ha recibido es Andalucía con 1.916 millones seguida de Cataluña, Madrid y Valencia. Castilla y León es la quinta comunidad por cuantía y le han adjudicado por ahora 742 millones destinados a muy diferentes fines entre los que destacan 450 millones para transición verde o 70 millones para protección social. Lo que nos falta saber es qué van a hacer Mañueco y el gobierno autonómico con ese dinero porque obviamente León debería ser el primer beneficiario de la transición verde. De momento no han acusado recibo ni a la ciudadanía ni al Gobierno.

Es de conveniencia pública que Pablo Casado lea algo (aunque no tenga costumbre) porque dejaría de hacer el ridículo en las instituciones europeas desprestigiando a este país (no al gobierno). Tal vez también abandonaría los pronósticos de su economista de cabecera, esa lumbrera que en 2020, en plena crisis de la covid, se ufanaba públicamente de que España llegaría al 35% de parados al año siguiente. Evidentemente confundía sus deseos con la realidad, pero sobre todo descubría las malas intenciones que le animan en su visión política.

Mientras comienza la campaña electoral en sentido estricto, Mañueco presume de la hazaña de haber bajado el año pasado un 99% el impuesto de Sucesiones, un tributo que solo pagaba una franja del 0,2 al 0,6% de población porque la inmensa mayoría de los declarantes quedaban exentos al no alcanzar el mínimo impositivo. El favor que le hizo a los 5.000 habitantes más ricos de la comunidad supone, según cálculos de la Junta, dejar de ingresar 35 millones de euros anuales. Con esa cantidad la Junta podría pagar los sueldos de 600 profesionales sanitarios, pero esa consideración resultó insuficiente en plena pandemia. Lo importante era bajar los impuestos… a los amigos. Aunque se mantengan los consultorios urbanos y rurales cerrados o abiertos pero sin médico.

Los gobiernos autonómicos reclaman continuamente del gobierno central más fondos para cubrir las crecientes necesidades de la ciudadanía. Una de las fórmulas para atender esas demandas fue la transferencia de diferentes tributos (como el de sucesiones) que venía cobrando la Hacienda central. Resulta una incoherencia y una deslealtad infames que, a continuación, algunos populistas de derechas aprovechen para suprimir o dejar en nada los impuestos transferidos que penalizan a los más acaudalados. Primero en Madrid lo hicieron de forma silenciosa y vergonzante, pero ahora lo han convertido en seña de identidad. Cuando esos ingresos no se sustituyen por otros la consecuencia inmediata es la degradación de los servicios públicos, comenzando por la sanidad. Esa es la apuesta de la que presume Mañueco.