El polémico Apartado 84

La iniciativa tiene de loable por poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario, lo que, por cierto, debería ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas en nuestra tierra donde el interés general y el bien común priman por encima de intereses particulares o partidistas; no obstante, veo con tristeza que, con la mejor voluntad seguro, se ha incurrido en una cierta incoherencia que ha hecho que las empresas de nuestra tierra, auténticos puntales del crecimiento económico y de la creación de empleo, se sientan damnificadas por una de las medidas adoptadas en dicho Pacto.

Me explico. Aunque, por un lado, se recogen casi una veintena de medidas destinadas a fortalecer, potenciar y recuperar la economía y el empleo en el marco de un diálogo social que tan buenos frutos ha dado desde hace décadas, y tan necesario en estos momentos, por otro lado, llegando al final, y casi de soslayo, en el punto 84 de los 86, se cuela una medida con claros visos de cesión política o ideológica que introduce una seria cortapisa al desarrollo de ese tejido empresarial que parece querer potenciar el legislativo autonómico, que tan imprescindible resulta para salir de esta crisis.

Y es que el apartado 84 referido declara literalmente la «suspensión del trámite del Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos», decisión que impacta de plano en todos los contribuyentes castellano y leoneses del impuesto, y muy directamente en el sector de la Empresa familiar que, como ellos mismos denuncian, ante la pérdida de valor de los activos en estos meses de parón, pueden verse impelidos, por falta de liquidez, a renunciar a su herencia, lo que dificultará, en muchos casos, su continuidad, con las consiguiente pérdida de actividad económica y empleo regional.

En definitiva, bajo el paraguas de las medidas necesarias para paliar el impacto del COVID-19, se está incumpliendo lo que muchos empresarios consideran, no sin razón, una promesa electoral, un compromiso cierto que nuestro Ejecutivo había adquirido con los contribuyentes del impuesto dándole una forma de Proyecto de Ley cuya tramitación ahora se paraliza, lo que genera una gran desconfianza y el malestar justificado en la Empresa Familiar de Castilla y León.

Y digo justificado porque me consta que las empresas familiares- que en Castilla y León son casi todas- han dado la cara durante la pandemia, haciendo esfuerzos notables por el mantenimiento de la actividad y del empleo en un compromiso incontestable con nuestra tierra y sus gentes.

Por ello precisamente, es lógico que no entiendan que se dé marcha atrás en una medida que el propio Gobierno Regional había impulsado y que justificaba como una forma de facilitar «el relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como el emprendimiento»… cuyo incumplimiento ahora, de forma incomprensible, se intenta vender (ex medida 84 del Pacto) como una de las panaceas para la recuperación económica y social.

No se ustedes, pero a mí me cuesta entenderlo y comparto la postura crítica que ha mantenido la Empresa Familiar de Castilla y León por la inconsistencia de este apartado 84.

Quiero añadir que, a los efectos de financiación autonómica, la eliminación de este impuesto para los familiares directos tiene una incidencia mínima para las arcas autonómicas ya que teniendo en cuenta las cifras facilitadas por el Ejecutivo regional, el impuesto para familiares directos supone 38,8 millones de euros (33,9 millones de euros en sucesiones y 4,9 en donaciones) lo que equivale a un 0,35% de la cantidad recaudada por el conjunto del sistema impositivo autonómico. En fin, como yo lo veo, con una mínima ganancia recaudatoria, lo que se obtiene es la máxima desconfianza y el malestar justificado de nuestras empresas.

Si a ello se añade que en Comunidades Autónomas limítrofes como Madrid si funciona este incentivo fiscal (además de algunos otros de diversa naturaleza), y que la deslocalización de empresas, con la consiguiente incidencia en la despoblación de nuestra tierra, es un lujo que no podemos ni debemos permitirnos, estoy segura de que nuestros Poderes Públicos se replantearán reactivar el compromiso adquirido respecto a la supresión del Impuesto de Sucesiones en los casos referidos, porque incumplirlo tiene efectos perniciosos para las familias empresarias de Castilla y León que redundarían en dificultar la generación de riqueza y de empleo que deben salvaguardarse por el interés de todos.

Para salir adelante necesitamos la implicación efectiva y la confianza de un sector empresarial que ha demostrado con creces que se sienten orgullosos de nuestra tierra y que han dado y seguirán dando «el do de pecho» para retener en ella la riqueza y el talento necesarios para una reconstrucción económica y social efectiva de nuestra Región. Por eso, atender a su demanda no solo me parece una medida inteligente sino y, sobre todo, un acto de justicia.