Peones para el bloqueo

La tristemente famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la procedencia del estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la pandemia fue acordada por una mayoría de un solo voto y con unos votos discrepantes (entre los que se encuentra el del presidente) con mucha más consistencia jurídica que los de la propia resolución. La sentencia contradice abiertamente las dictadas con anterioridad por el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia autonómicos sobre la misma materia. Al parecer todos ellos estaban inmersos en el error. No se ha destacado bastante lo que modestamente entiendo como la primera incongruencia del alto tribunal: admitir a trámite el recurso de VOX, quien había votado en el Congreso a favor de estado de alarma y no estaba legitimado para recurrir (de acuerdo con la doctrina tradicional del tribunal) porque le vinculan sus propios actos.

Pero lo más sorprendente es que el TC eluda, como ha señalado acertadamente el maestro Tomás de la Quadra-Salcedo («Rompiendo el consenso constitucional») que «no existe el derecho a contagiar a los demás enfermedades epidémicas graves invocando la libertad de circulación, cuando esa libertad es el motivo de la propagación de la epidemia y vehículo del contagio». Y, entre otras consideraciones igual de contundentes, resume la gran contradicción de la sentencia: «difícilmente puede entenderse que un estado de excepción apoyado por una eventual mayoría absoluta del Congreso garantice mejor los derechos individuales cuando aquél supone la supresión temporal de los mismos».

En toda Europa los gobiernos han recurrido durante la pandemia a la legislación del estado de alarma o con denominación similar para casos de catástrofes naturales, epidemias, etc. En ningún país se ha utilizado la legislación para preservar el orden público porque conlleva medidas mucho mas duras sobre los derechos individuales y porque resulta obvia su improcedencia. Sólo Vox y la mayoría por la mínima del Tribunal Constitucional español han tenido esa ocurrencia. Por ello cabe preguntarse a qué se debe esta anomalía. Cómo un órgano clave en el correcto funcionamiento del sistema democrático formado de «pesos y contrapesos» ha podido caer en tamañas contradicciones y descrédito. Especialmente si se tiene en cuenta que cuatro de sus doce miembros tienen el mandato caducado.

Este Tribunal Constitucional tiene pendiente la renovación de la tercera parte desde noviembre de 2019. Son cuatro de sus miembros que le corresponde elegir al Congreso por una mayoría cualificada para la que el consenso de los dos grandes partidos resulta imprescindible. En la misma situación se encuentra el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas. Todos estos órganos fueron elegidos con la leal colaboración del PSOE cuando el PP tenía mayoría en las cámaras. Y ahora que está en la oposición bloquea la elección de nuevos miembros con diversos pretextos de chisgarabís. El cumplimiento de la Constitución para el PP solo es obligatorio cuando le conviene. En este caso ha decidido que le conviene la continuidad de los que ya han cumplido el mandato legal porque le sirven también para bloquear al gobierno como se demuestra con la sentencia del TC. Ese constitucionalismo de mala fe demuestra, además, la profunda hipocresía de los populares cuando denuncian incumplimientos de otros actores políticos

Desde que comenzó esta legislatura la nueva y endeble dirección del PP, cuestionada internamente y amenazada electoralmente por VOX (aunque agraciada con el suicidio de Ciudadanos), decidió no hacer una oposición convencional como se estila en las democracias parlamentarias europeas: control del gobierno y programa de gobierno alternativo. Su opción fue practicar el bloqueo político y la oposición de «tierra quemada» al estilo de la derecha más radical norteamericana que pretendió conseguir la reelección de Trump en los tribunales aunque la había perdido en las urnas. Ni siquiera la trágica irrupción de la pandemia motivó al PP para corregir esa estrategia. Y evidentemente ha caído en la tentación de utilizar a los órganos constitucionales como peones de la misma, cuando se dejan. Algo absolutamente impropio, como dice el catedrático de Derecho Constitucional Javier García Roca («Una controvertida decisión»): «la función de oposición no debería llevarse al seno de los órganos del circuito de garantía».

La tentación del desprecio a la legalidad parece permanente en el PP. Ya cayeron en la financiación ilegal (Gurtel, Púnica, etc.), en la utilización ilegal de medios y fondos públicos para proteger al partido (Kitchen) o acaban de romper el pacto antitransfuguismo para asegurar la corrupción murciana. En esa misma línea hay que entender el bloqueo a la renovación obligada de los órganos con mandatos caducados. Todo lo anterior, sumado a la crispación permanente, abarca la completa oferta política actual que presenta el principal partido de la oposición para este país.

La estrategia anticonstitucional del PP solo puede explicarse en un clima político madrileño tóxico, al que colabora de forma indispensable y rabiosa una parte importante de los medios de comunicación como vehículos de odio y resentimiento político y social. El afán descalificatorio absoluto es superior al espíritu democrático básico que debería existir entre partidos condenados a la regular alternancia en el gobierno como sucede entre nuestros socios y vecinos europeos. Todas estas prácticas fomentan un clima artificial de enfrentamiento social con el único objetivo de asegurar votos en negativo. Pero todavía es más grave el desprestigio que conlleva de las instituciones y de un sistema democrático que se encuentra en la primera división de todas las clasificaciones. A lo peor pretenden, como sus inspiradores del Partido Republicano norteamericano, aliarse con la extrema derecha, desanimar al voto de gran parte de la gente y desvirtuar completamente el sistema.