Parques Fotovoltaicos

En León se está tramitando la ocupación de miles de hectáreas para producir 2.347 MW con una inversión prevista de más de 870 millones de euros. Para evitar que afecten al núcleo duro de nuestra agricultura, simplemente deben cumplirse y hacer que se cumplan las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes en esta provincia desde julio de 1991 y modificadas en dos ocasiones. En ellas se establece, entre otros, el «Suelo rústico protegido agrícola o agropecuario» que comprende «las vegas tradicionales y las zonas de regadío creadas con inversión pública, en especial las del proyecto de zonas regables y de concentración parcelaria». Las normas solo permiten otros usos vinculados directamente con el principal y prohíben expresamente «las actividades extractivas y los usos industriales, comerciales y de almacenamiento». Obviamente, producir electricidad para su comercialización es una actividad industrial y está tajantemente proscrita en la normativa. La razón principal es que, desde hace poco más de un siglo, siguiendo los presupuestos regeneracionistas, se ha llevado a cabo una ingente inversión pública para transformar de secano a regadío gran parte de la agricultura de este España (incluida la de León) y conseguir la autosuficiencia alimentaria. Gracias a ese esfuerzo se ha logrado el autoabastecimiento y nuestra conversión en una potencia exportadora de productos agroalimentarios. Ese logro no puede verse lastrado por intereses particulares y oportunistas.

Cuando, hace 31 años, redactamos y aprobamos en la Diputación Provincial esas normas, ya sabíamos que muchos pequeños municipios leoneses no tenían planeamiento urbanístico propio y tampoco la fuerza política y económica para hacer frente a presiones de intereses particulares. También éramos conscientes de que muchos alcaldes preferían la ausencia de cualquier marco legal que les limitara su discrecionalidad. Por ello se señalaron como suelos especialmente protegidos los cauces, embalses, lagos y lagunas, los ecosistemas singulares, el suelo agrícola, el suelo forestal y el de patrimonio cultural. Curiosamente, pocos años más tarde, las normas sirvieron para desbaratar la cacicada tramada en la propia Diputación cuando quiso instalar el Centro de Tratamiento de Residuos en el pinar de Camposagrado, uno de los espacios catalogados como vulnerables.

Entonces, aunque ya existían especuladores, no podíamos sospechar que los terrenos especialmente protegidos tendrían que hacer frente a la presión de grandes inversionistas como las empresas de energías alternativas. Lo cierto es que ya desde aquella fecha quedaron catalogadas legalmente en el Anexo 5 las grandes zonas de regadío de la provincia, incluida la mayor de todas, Los Payuelos, cuando solo era un proyecto. Por eso resulta injustificable que esa normativa, necesitada de actualización, se haya ignorado en determinados casos. Ahora ya es ineludible su aplicación con criterios estrictos y las administraciones implicadas (Junta y ayuntamientos) no pueden mirar para otro lado.

El Consejero de Agricultura debe aprender rápidamente que la capacidad de gestión de la Junta en la materia es total y su responsabilidad también, porque hay un régimen administrativo muy claro en vigor, al menos en León. Por cierto, después de respetar todas las restricciones recogidas en la legislación vigente, todavía quedan amplísimas extensiones en la provincia para implantar parques fotovoltaicos. Aunque les queden más lejos los puntos de enganche a la red.

Coincide este debate con un momento muy particular para la agricultura leonesa, que emerge como la más potente de España en cultivos de tipo continental con 170.000 ha de regadío: 105.000 del sistema Riaño-Porma y 50.000 del Barrios de Luna-Villameca, más las vegas tradicionales de zonas sin embalses. Nuestra agricultura, uno de los pilares básicos de la economía leonesa, no ha dejado de crecer en producción y valor. Por ejemplo, en 20 años se ha duplicado la productividad del cultivo estrella, el maíz, que con frecuencia supera los 20.000 Kg/ha en seco. A punto de completarse (hacia 2025) la transformación al regadío de los últimos sectores de Payuelos (43.000 ha) y la zona de Valderas, también están programadas las modernizaciones de zonas de regadío tradicional cuyas comunidades no quisieron entrar cuando lanzamos la primera oleada en 2004. Esta potencia agrícola debe ser la base para una industria agroalimentaria que se ha ido desarrollando y para la que sería deseable un ritmo más acelerado.

La semana pasada el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la Feria Nacional del Vino el PERTE del sector agroalimentario dotado con 1.800 millones de los fondos Next Generation. De ellos 800 millones se dedicarán a mejorar el sistema de gestión del agua y a la modernización de regadíos; 400 se destinarán al fortalecimiento de la industria agroalimentaria; 454 están previstos para la adaptación digital de todos los agentes de la cadena de valor (producción primaria, transformación, comercialización y distribución) y 148 millones se asignarán para el apoyo a la investigación, innovación y transferencia de tecnología. Estas cifras aseguran los fondos necesarios para los proyectos de modernización pendientes en León. Tras las previsiones del Plan Hidrológico 2022-2027 que garantizan el agua para los regadíos existentes y los proyectados (a la vez que se pone fecha final al trasvase del Esla al Carrión) quedaron despejadas algunas viejas dudas. Ahora solo falta que haya iniciativa privada suficiente para aprovechar buena parte de esos fondos en la industria agroalimentaria.

La ignominiosa agresión de Rusia contra Ucrania, dos de los principales productores mundiales de grano, está provocando una crisis alimentaria en todo el planeta con fuertes subidas de los precios de los cereales. Lo peor será, como siempre, para los países más pobres donde puede haber más muertos por hambre que en los campos de batalla de Europa oriental. La agricultura leonesa debería verse beneficiada por esa subida de precios — a la vez perjudicial para la ganadería poco autosuficiente — aunque la guerra también esté incrementando los costes de carburantes y fertilizantes. Es un recordatorio de que todas las crisis nos reiteran el papel estratégico de nuestra agricultura más productiva y, en consecuencia, la necesidad que tenemos de proteger esos terrenos frente a otras actividades económicas como la energía solar.

Por último debo referirme a uno de los agentes más dinámicos de nuestro entramado agrario: las comunidades de regantes, que celebrarán su XV Congreso Nacional en León a partir del día 30. Las ya modernizadas se han convertido en importantes consumidores eléctricos. En los próximos años deberán abordar la autosuficiencia energética mediante instalaciones de generación fotovoltaicas, eólicas o minihidráulicas. Su caso está autorizado por las normas que otros intentan eludir ya que esa electricidad se pondrá directamente al servicio de la producción agraria. En resumen, las energías renovables tienen todo el futuro y nos resulta imprescindible su desarrollo, pero no deben asentarse a costa de otras actividades económicas esenciales para nuestra sociedad.