Obstrucción sin tregua

Lo sorprendente es que con gran frecuencia el PP español aparece entre esos partidos al margen del consenso mayoritario europeo, aunque nadie podría asegurar si es por auténtica convicción carpetovetónica o por el puro atolondramiento de llevar la contraria a Sánchez por sistema. Así fue durante la pandemia cuando Casado se empeñó en avalar tesis menesterosas como que el virus había sido importado por Pedro Sánchez y difundido desde una manifestación feminista. Después no apoyó la creación del Fondo europeo de recuperación y resiliencia. Recientemente el PP de Feijóo se obcecó (coaligado con las empresas energéticas) en oponerse a la «excepción ibérica» promovida por Pedro Sánchez y Antonio Costa para topar el precio del gas destinado a la producción de energía. Para su sorpresa y desilusión, la Comisión acabó venciendo las reticencias iniciales y finalmente aprobó la «excepción ibérica». Ahora se propone generalizarla al conjunto de la Unión.

La semana pasada hemos asistido a otro espectáculo incoherente. El PP votó en el Congreso de los Diputados contra el anunciado impuesto a los bancos y empresas energéticas sobre los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la actual escasez y especulación con los combustibles. Lo grotesco fue que al día siguiente el PP votó con su grupo en el parlamento europeo el establecimiento de un nuevo impuesto a las energéticas. La torpe sumisión y la dependencia de las derechas españolas respecto de bancos y eléctricas quedaron de nuevo en evidencia. Por lo visto no se enteran del aire fresco que corre por Europa. Ellos siguen con la cantinela trumpista de bajar los impuestos a los que más pueden y deben cotizar especialmente en situaciones de crisis. Su falsa coartada propala «bajar los impuestos a las familias» como receta universal. Pero la realidad desnuda se aprecia bien en la Comunidad de Madrid donde, según los últimos informes, «casi 500 multimillonarios y unos 3.700 contribuyentes con entre 6 y 30 millones de patrimonio evitaron pagar [el impuesto de patrimonio] gracias a su residencia fiscal en Madrid (…) Según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la región dejó de recaudar en 2020 unos 990 millones de euros al bonificar en su totalidad este tributo». Por eso se están produciendo deslocalizaciones fiscales de empresas y personas en el resto de las comunidades, para evitar el pago de este y otros impuestos. Ahora Andalucía anuncia una idéntica supresión del impuesto y no será la última comunidad. A continuación, en un perfecto ejercicio de cinismo fiscal, esas mismas comunidades (y Feijoo) reclamarán más dineros al Gobierno para evitar el deterioro de la sanidad y de la educación públicas en sus territorios. Algo que tienen demostrado les importa muy poco. Hay apasionadas defensas ideológicas cuyas causas radican en que afectan a las carteras más abultadas.

Durante la semana pasada también hemos conocido los argumentos de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre los ERE, incluidos los votos discrepantes de dos magistradas del Tribunal. Al mismo tiempo la prensa de derechas ha lanzado una campaña intoxicadora para obstruir el posible indulto del Gobierno a José Antonio Griñán con una manipulación retorcida de hechos y datos jurídicos. Trataban de evitar que se hablara del fondo del asunto y sobre todo de los votos discrepantes. El esfuerzo ha sido inútil porque las dos magistradas autoras de los mismos han exhibido ¡27 sentencias! (ni una más, ni una menos) del Tribunal Constitucional, que rebaten la interpretación artificiosa del «dolo eventual», la clave de la sentencia para imputar a Griñán el delito de malversación sin pruebas fehacientes y basándose únicamente en suposiciones.

Lo paradójico ha sido que mientras arreciaba la campaña contra un posible futuro indulto a Griñán, miles de firmas se adherían a la petición formulada por la familia por razones de «humanidad y equidad». Se trata de gentes de variada ideología, posicionamientos dispares, y con un gran prestigio personal y profesional. Al mismo tiempo, con el PSOE sumido en un prudente silencio, también se han manifestado contrarios al indulto «los que nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad»: los dirigentes del PP, Echenique y Rufián.

Esta guerra de propaganda, con Griñán como arma arrojadiza, viene a demostrar mejor que ningún discurso por qué el PP obstruye obscenamente desde hace más de tres años la obligada renovación del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Constitucional. Las sucesivas direcciones de ese partido han entendido que, antes que órganos del estado constitucional son instrumentos de poder político para manipular la vida pública. Ignacio Cosidó lo expresó con absoluta claridad cuando era portavoz popular y negociaba la renovación de dichas instancias: «controlaremos la Sala Segunda desde atrás», escribió a sus compañeros para explicar los objetivos y estrategia del PP. Y en ello siguen.