Una nueva era para la cohesión europea

La recuperación marca el inicio de un proceso de transformación a gran escala: el progreso hacia una economía verde y hacia la sociedad del conocimiento. Se trata de una oportunidad sin precedentes, que traerá consigo nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo, pero cuyas ventajas no están al alcance de todas las regiones en estos momentos. Podemos preguntarnos legítimamente: ¿dejará esta nueva economía atrás a algunas regiones?

El octavo informe sobre la cohesión que ha presentado la Comisión Europea constituye una herramienta especialmente valiosa para responder a estas preguntas, aportando abundantes datos, cifras y análisis. Este informe nos cuenta una compleja historia de saltos cualitativos en la riqueza y la calidad de vida de las regiones y ciudades de Europa en las últimas décadas, pero también de dificultades en el presente y futuros retos. En general, las regiones del Este de la Unión Europea han convergido espectacularmente con el resto de regiones, pero siguen subsistiendo importantes deficiencias. Estas regiones han crecido más, gracias a la ventaja derivada de sus bajos costes de producción y a las inversiones en infraestructuras, que constituyen importantes motores de crecimiento, pero tenderán a ralentizarse con el tiempo. Para ilustrar esta idea, consideren las numerosas regiones de renta media o menos desarrolladas, especialmente en Europa meridional y suroccidental, que han experimentado largos períodos de estancamiento o declive económico relativo. Para escapar a esta trampa en el proceso de desarrollo, se requieren políticas específicas en materia de gobernanza, educación, innovación y entorno empresarial.

Estas inversiones son especialmente cruciales de cara al futuro, habida cuenta especialmente de las transiciones ecológica y digital. La nueva economía representa oportunidades tales como nuevos puestos de trabajo, empresas más competitivas y un mejor acceso a los servicios. Ahora bien, se está abriendo una brecha en la innovación, ya que las regiones más desarrolladas están avanzando, mientras que las zonas menos desarrolladas y de renta media se han vuelto menos innovadoras en comparación con la media de la UE. Una brecha similar existe en el ámbito de la transición ecológica, puesto que algunas regiones, debido a la orientación de su modelo productivo, deben recorrer un camino mucho más largo que otras para alcanzar la neutralidad climática.

Más aún, esto ocurre en el contexto de un cambio silencioso, pero constante: el envejecimiento (y, a menudo, la disminución) de la población. El número de niños, adolescentes y adultos en edad laboral está disminuyendo en casi todas las regiones, mientras que el número de personas de 65 años o más crece rápidamente. Esta tendencia va a continuar y tendrá importantes repercusiones en el sistema escolar, el mercado laboral, el sistema de pensiones y la asistencia sanitaria.

Si no ponemos en marcha las políticas adecuadas, corremos el riesgo de que estas transformaciones –digital, ecológica, demográfica– creen nuevas brechas territoriales y sociales. Pero Europa no puede permitirse dejar atrás a ninguna región. Es nuestra obligación garantizar una transición justa, para la que me parecen necesarias tres principales líneas de actuación.

En primer lugar, es esencial potenciar la inversión, lo cual supone un reto, dado que la inversión pública todavía no ha recuperado los niveles anteriores a 2008. En los momentos difíciles que vivimos en la última década, las inversiones en cohesión adquirieron una importancia creciente, en ocasiones fundamental. El informe estima que los fondos de la cohesión de 2014-2020 incrementaron el PIB per cápita en hasta un 5 % en las regiones menos desarrolladas. Para los próximos años, contamos con recursos financieros sin precedentes como respuesta a la crisis de la covid-19: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los fondos de la política de cohesión, que nos permitirán trabajar juntos por las regiones de Europa.

En segundo lugar, el conjunto de políticas públicas debe recuperar la dimensión territorial. Todas ellas –políticas horizontales e instrumentos de recuperación– tienen un impacto en nuestros territorios, y es algo que no podemos pasar por alto. La política europea de cohesión no puede garantizar por sí sola economías y sociedades cohesionadas, antes bien, otras políticas públicas europeas y nacionales también deben tener en cuenta sus repercusiones regionales. En otras palabras, los poderes públicos han de incorporar en todas sus actuaciones los principios de evaluación sistemática del impacto regional y de «no perjudicar a la cohesión». Esta dimensión territorial ha quedado demasiado tiempo al margen de las principales decisiones políticas y nuestras economías, nuestro tejido social y nuestros sistemas democráticos han pagado por ello. Es el momento de cambiar esta situación.

En tercer lugar, tenemos una gobernanza a varios niveles. Las políticas locales necesitan interlocutores locales; debemos garantizar la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para reforzar la gobernanza, introducir buenas prácticas, difundir la innovación y aplicar políticas adaptadas a cada ámbito. Y la política europea de cohesión ofrece un marco idóneo para combinar todos estos elementos en la escala territorial adecuada.

El octavo informe de cohesión constituye una excelente base para la reflexión colectiva entre responsables políticos, actores de la política de cohesión y los ciudadanos. En lo que respecta a las transiciones ecológica, digital y demográfica, ¿cómo podemos garantizar que ningún lugar se quede atrás y se sienta olvidado? Las respuestas a esta pregunta definirán Europa durante una generación y debemos encontrarlas juntos. Hagamos del 2022 el año 1 d.c., el inicio de una era para el «despegue de la cohesión».