La necesaria neutralidad política de la Universidad

La enmienda en cuestión, asumida por la ponencia de forma transaccional con el PSOE y Unidas Podemos, y que se aprobó finalmente en el pleno del Congreso para su posterior debate y aprobación por el Senado- proceso en el que estamos-, pretende que entre los cometidos fundamentales del Claustro universitario esté el de «g) «Analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia».

Viniendo de quien viene la enmienda, y a la vista del calvario que está siendo esta legislatura en la que todo vale con tal de conseguir apoyos para aprobar muchas leyes que, a la vista está, se convierten en verdaderos bodrios, es fácil adivinar la pretensión última de quienes proponen tal añadido. Se trata de abrir la puerta a que las Universidades públicas-como, por cierto, ya hicieron las catalanas- en sus órganos de máxima representación y participación realicen pronunciamientos de tipo político, rompiendo con ello el principio de neutralidad ideológica exigible a nuestras Universidades y a las restantes Administraciones públicas de las que éstas últimas forman parte.

Se despeja cualquier duda de que esto es así atendiendo a la interpretación que realiza la portavoz de universidades de ERC, la Sra. Rosique, de la aprobación de esta enmienda calificándola de un gran logro pues, en sus propias palabras: «Hasta ahora, universidades como la Universidad de Barcelona o la Politécnica de Cataluña eran denunciadas ante los Tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta Ley, las Universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley».

Por si fuera poco, con este añadido a la LOSU, el legislador, como últimamente nos tiene acostumbrados, quiere también enmendarle la plana al Tribunal Supremo.

Éste último órgano jurisdiccional, a instancia de los recursos planteados por aquellos profesores decididos a no ver vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión como base de su libertad de cátedra, ratificó la nulidad de aquel famoso «Manifiesto conjunto de las universidades catalanas en rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la vida política» en el que, en 2019, las Universidades catalanas se posicionaron ideológicamente aprobando en sus Claustros un documento redactado al alimón con quienes ahora están promoviendo esta enmienda a la LOSU que busca, clarísimamente, politizar nuestras Universidades públicas.

Debemos negarnos y debemos hacerlo con rotundidad. La Universidad no puede convertirse en altavoz de quienes no creen en los valores que precisamente representa.

Secundar este texto puede convertirse en la puerta de entrada a posicionamientos políticos interesados por parte de los órganos de aquellas Universidades que no acaban de entender su función, por no hablar de la falta de respeto que supone a la autonomía universitaria. Politizar la Universidad es, a mi juicio, un atentado a la libertad de quienes formamos parte de ella y pensamos que la ideología debe quedar fuera de los quehaceres universitarios, centrando nuestro activismo en mejorar la docencia y la investigación que forman parte de nuestra esencia.

Como ha recordado el Tribunal Supremo de forma reciente, la ideología no es de la institución pública (SSTS 920/2019, 922/2019 y 464/2021); no debe serlo, y mucho menos imponerse al conjunto de los universitarios por votación, ofreciendo el resultado a la sociedad como un triunfo de quienes están empeñados en imponer su forma de pensar y amordazar a quienes no comulgamos con ellos.

La libertad de nuestras Universidades públicas está avalada por la exigencia constitucional de neutralidad institucional, imperativo necesario para preservar el mandato del artículo 103.1 de «servir con objetividad los intereses generales». Por ello, más allá de lo que diga cualquier Ley- la LOSU inclusive- debe cumplirse el Texto Constitucional que garantiza que nuestras Universidades públicas no puedan convertirse en cómplices de ningún ataque a los valores que propugna nuestro Estado de Derecho, alejándose de la «universitas» que representan.

En la carta que firmé, elaborada por algunos de mis admirados colegas catalanes, y que tantos de nosotros secundamos más allá de la ideología de cada cuál, pedimos a nuestros parlamentarios que, en la medida en que deben representar el interés general por el que están obligados a velar, eludan este tipo de pretensiones partidistas que deforman los fines y cometidos de las instituciones, y que no permitan que se consume la aberración que supondría la final aprobación de esta enmienda. Deben manifestarse claramente partidarios de la neutralidad política necesaria para que podamos trabajar en libertad. La incorporación de este texto a la LOSU nunca debió admitirse y aún están a tiempo de corregir su error.