Memoria reconciliada

La democracia española, en los años 80, adoptó diversas medidas para atender a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior: se indemnizó a los republicanos que habían sufrido prisión en las cárceles franquistas, a los familiares de los republicanos fallecidos en la guerra, a los mutilados por heridas de guerra y se devolvió la condición de funcionarios a quienes fueron privados de ella por su pertenencia al lado republicano –militares y maestros, sobre todo–, incluso se ampliaron esas indemnizaciones a las víctimas de la represión policial antes de la amnistía del 77. Así, muchas otras medidas compensatorias a la España que perdió la guerra.

Quedan causas pendientes, lo reafirmo, y por ello creo en una política de memoria. Especialmente con la exhumación y dignificación de los restos en fosas y en el Valle. Entiendo por ello que el actual Gobierno haya presentado una ley queriendo culminar esa tarea, tantos años después. Pero estoy absolutamente en contra de exigir responsabilidades penales a nadie por el pasado anterior a aquella Ley de Amnistía de 1977 que todos los demócratas del momento consideramos una gran conquista de libertad y justicia.

Creo firmemente que debe ser una memoria reconciliada y sin afán vengativo. Que no abra esa inmensa caja de Pandora sobre culpabilidades penales, aunque todos sepamos que las hubo.

El pacto reconciliatorio de España cristalizó en la Ley de Amnistía y en la Constitución. El éxito de la Transición democrática de España tuvo su fundamentación sentimental en el perdón colectivo. Que el régimen franquista se disolviera y que hubiera una autentica ruptura con la dictadura fue posible porque la amnistía inauguraba un tiempo nuevo para todos. Porque decidimos no volver a las dos Españas, porque aceptamos la existencia del otro y reconocimos sus derechos en un régimen de pluralismo político. Porque no quisimos que el pasado dañara nuestra convivencia del futuro.

No fue una imposición de los viejos poderes, sino una convicción de los jóvenes demócratas que queríamos construir un marco de convivencia para todos. Por eso, la Constitución nunca fue un texto de unos sobre otros, sino la suma de renuncias de unos y otros, para hacer posible la alternancia de todos en un régimen de libertades y democracia

No comprendo que incorporemos disposiciones a la Ley de Memoria Histórica que producen confusión jurídica dando a entender que lo que hicimos en su día no estuviera bien hecho. Pretender ahora que los crímenes del franquismo no queden impunes por la aplicación del principio de Derecho Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra equivale a su aplicación a todos los crímenes de nuestra Guerra Civil. Y todos sabemos que hubo muchos en las dos partes. ¿Estamos pensando en perseguirlos todos?

Me entristece que no defendamos nuestros principios y nuestras convicciones sobre aquel pacto que elogió el mundo entero. Nunca quisimos juzgar el pasado. Por eso celebramos con tanta alegría la conquista de la amnistía y que no quedara ningún preso político, ni de ETA ni del antifranquismo, en la cárcel.

Es verdad que confundimos perdón con olvido durante demasiado tiempo, pero me pregunto si es posible recordar sin culpar ni perseguir a nadie por nuestros recuerdos. ¿Cabe una memoria reconciliada de nuestro trágico pasado? ¿Es posible una memoria sin afán vengativo? Gregorio Peces Barba, nuestro constituyente, solía decir que el gran paso que dimos los españoles en nuestra historia, con la Constitución que inauguramos en 1978, fue el reconocimiento y el respeto al otro, al diferente, al portador de otras ideas, de otros recuerdos, de otro proyecto para el país. Lo decía, recordando el bello verso de Machado: «El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve».