De justicia social y medidas fiscales

Dice este precepto algo que con tintes demagógicos y populistas nos vende sin parar la locuaz Ministra Montero, y por si fuera poco, enfatiza a golpe de tweet, como si lo hubiera inventado ella, la Vicepresidenta Díaz: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio»

Rafael Calvo Ortega nos enseñaba, y tanto lo interioricé que me convertí en su discípula, que por mucho que se persiga la justicia a la hora de pagar los impuestos - algo siempre deseable-, esta justicia se rompe absolutamente si no se cumple el apartado segundo de este mismo artículo, al que, por cierto, nuestro Gobierno no alude nunca, porque le impone un mandato que incumple de forma sistemática. En esta parte del artículo 31, de la que siempre se olvidan, señala nuestro constituyente que «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a criterios de eficiencia y economía».

Esta necesaria vinculación entre los dos apartados del artículo 31 de nuestra Constitución la interioricé en su momento y no he dejado ni un solo curso de repetírsela a mis estudiantes, y ahora, en honor a mi maestro y a quienes con absoluta clarividencia redactaron nuestra Carta Magna, quiero compartirla con ustedes, para aclarar algunas de las cuestiones que vengo oyendo estos días.

Porque en esta fase preelectoral se ha abierto de nuevo el melón de la reforma tributaria, una reforma exprés, chapucera y poco reflexionada -más bien nada- que rezuma absoluto populismo y que el Ministerio de Hacienda publicita en un documento resumen, nada más y nada menos, como «Medidas fiscales para la justicia social y la eficiencia financiera».

Señala el susodicho documento, sin sonrojo alguno, que a lo largo de la legislatura han llevado a cabo una política fiscal «coherente» como lo demuestra- y se atreven incluso a ponerlo de ejemplo- que bajaron el IVA a las mascarillas (olvidando el matiz de que lo hicieron cuando ya no teníamos que comprarlas a docenas).

Siguiendo con la reforma fiscal que se propone a la carrera como respuesta improvisada a la bajada real de la presión fiscal en algunas CCAA como Andalucía o Madrid, entre las que denominan medidas «quirúrgicas» para mejorar el Estado del bienestar- ahí es nada- y que venden como la panacea, estarían, según ellos, el nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas o la subida del IRPF a las rentas de capital por encima de los 200.000 y 300.000 euros o a limitación de las bases negativas a las grandes empresas que, por cierto, están de enhorabuena porque están en las oraciones del Gobierno como lo demuestra la propuesta del impuesto (que así lo llama la Ministra Montero), y no gravamen, a la banca y a las energéticas, también temporal, y con el que se pretende castigar a los «ricos» para contentar al resto de los ciudadanos que, como somos bobos, estamos felices por lo que esas medidas van a incidir en nuestra cesta de la compra.

Por arte de birlibirloque, este Bigobierno ha encontrado el chivo expiatorio perfecto en los «ricos», a quienes castiga con medidas impositivas populistas para esconder el problema real que tan bien definía mi querido profesor, y que tiene más que ver con el despilfarro en la gestión de lo público. Y es que este Ejecutivo, lejos de utilizar el gasto público para fomentar la redistribución y la solidaridad, tamiza sus decisiones a través de intereses electoralistas, más que evidentes, que en nada contribuyen a mejorar la cohesión social y a conseguir esa justicia por la que tanto claman, pero con la boca pequeña.

En otras palabras, aunque a parte del electorado les suene muy bien ese soniquete demagógico de gravar a los «ricos», al común de los mortales poco nos va a resolver la papeleta, y esperen que no compliquen aún más las cosas porque de muchos de esos a los que llaman »ricos» depende el empleo y la ansiada recuperación económica que, a las malas, se puede ralentizar por falta de competitividad lo que, a la postre, si nos afectaría a todos. Y también nos afecta, y mucho, que se malgaste la recaudación que generan nuestros tributos, o que no se lleve una adecuada gestión del gasto público (por cierto, que me dice un pajarito que lo de cobrar los cuatrocientos euros del bono cultural a los votantes que se estrenarán las próximas generales, ejemplo innegable de excelente gestión, se les está complicando un pelín a los guajes)

Eso sí, de lo de bajar los impuestos, el IVA, por ejemplo, nada de nada, y ello pese a ser un impuesto indirecto que nos afecta a todos, a las rentas más bajas y a esas clases medias que el Gobierno, sin ningún pudor, sostiene que quiere defender. De ese tema la Ministra de Hacienda no quiere ni oír hablar porque bajar la presión fiscal que nos ahoga de forma inmediata, con una rebaja de los tipos de este impuesto para lo más primordial, supondría perder parte de la ingente recaudación que genera el consumo de los hogares- cuando las arcas del Estado están recaudando más que nunca- hogares a los que la inflación está estrangulando y a los que las medidas tributarias que ahora se proponen les quedan un poco lejos. Porque, no lo olviden, la rebaja del IRPF que se contempla por el Gobierno para las rentas más bajas, se aprobará, con suerte, para 2023, eso sí, coincidiendo con la subida de sueldos de estos dechados de solidaridad.