Irresponsabilidad

El Consejo de Ministros aprobó ayer, 31 de marzo, un Decreto Ley que modifica la Ley de Bases de Régimen Local añadiendo un tercer apartado a su art. 43 que permite celebrar reuniones de forma telemática, plenos o comisiones, en situaciones como la que en estos momentos vive nuestro país. La Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, publicado en el BOE de 1 abril, introduce en el ordenamiento jurídico esta previsión legal.

La Secretaria Municipal ya había elaborado un informe al respecto (anterior al Consejo de Ministros) por el que se determinaba que la Ley no permitía la celebración de reuniones telemáticas sin la presencia de Concejales o Concejalas más allá de los supuestos de larga enfermedad u otros similares que impediría la asistencia presencial.

A pesar de ello el Grupo Ciudadanos del Ayuntamiento de León presentó ante el Juzgado de lo Contencioso nº 1 medidas cautelarísimas para impedir la celebración del Pleno convocado el pasado 27 de marzo que fueron aceptadas por el Juzgado de forma automática «In audita parte« (esto es, sin escuchar al Ayuntamiento y haciendo caso omiso del Informe de la Secretaría Municipal) ordenándose la suspensión del Pleno y, por ende, la paralización de la vida municipal del máximo órgano representativo de la Soberanía Local. El Juzgado asumió en ese primer momento la tesis de un Grupo Político que, en cambio, sí había participado en reuniones presenciales de comisiones informativas en el propio Ayuntamiento o en la Diputación Provincial. Las manifestaciones públicas del partido naranja fueron de celebración y júbilo ante lo que suponía una torticera manipulación de la Ley, de los Informes de los Funcionarios Habilitados y del desarrollo normal de la vida municipal.

El hecho de que el Consejo de Ministros haya tenido que introducir expresamente la posibilidad de realizar reuniones de forma telemática en la Ley de Bases de Régimen Local es una clara demostración de que dicha posibilidad no existía antes del 31 de marzo y que las personas que representan a la Corporación Municipal debían estar presentes para ejercer dicha función (salvo los casos de larga enfermedad u otros ya regulados por norma autonómica). Con su actitud y forma de proceder, con la judicialización de sus «opiniones», han llevado al Ayuntamiento a no poder celebrar Pleno y a demostrar la falta de unidad y responsabilidad que predican en estos momentos tan difíciles. Deberían reflexionar quienes han venido a sentar cátedra en política.