A veces sucede que dos noticias, sin tener en apariencia ninguna relación entre sí, se comprenden mejor juntas, o al menos en conjunto son capaces de explicar algo acerca de la sociedad que las ha producido. Es el caso de dos titulares que han aparecido ... recientemente: por un lado, la Fiscalía ha pedido un año y diez meses de prisión y cinco años -¡cinco años!- de inhabilitación profesional para el humorista David Suárez, que ha sido juzgado por un chiste de humor negro; por otro, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado con un total de 6,3 millones de euros a 22 de las mayores empresas consultoras que operan en España -les sonarán algunos nombres, como Deloitte o PwC- por constituir cárteles, algo expresamente prohibido por la ley de competencia y por el TFUE. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido inhabilitada todavía para suscribir contratos con las administraciones públicas: aunque la CNMC lo ha solicitado, la decisión final le corresponde al Gobierno de España, y más concretamente al Ministerio de Hacienda, que podría hacer caso omiso de la petición de Competencia.
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El texto constitucional aún se está levantando después de la doble zancadilla: si estos dos casos se resuelven en la dirección más probable, las patas del artículo 20 y del artículo 38 van a necesitar años de rehabilitación para recuperarse del batacazo. El propio David Suárez, al enterarse de las pretensiones de la Fiscalía, escribió el siguiente tweet: «Recordad que es importante estar en contra de las palabras y no de los actos, porque es más cómodo parecer buena persona que demostrarlo». Ser buena persona, o parecerlo, no debería ser obligatorio; pero cumplir la ley sí lo es. Por ahora.
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