El presidente y el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo

La indefinición del PP

El creciente peso internacional de España exige que el segundo partido del parlamento y alternativa de gobierno deje de coquetear con la extrema derecha y estorbar a los intereses nacionales. Feijoo tiene que aclararse de una vez y decir si cuenta con la extrema derecha como aliado estratégico para gobernar este país

Jueves, 26 de enero 2023, 11:02

En los últimos días hemos asistido al primer choque grave entre el PP y Vox en la Junta de Castilla y León. Antes que nada es necesario fijar exactamente los hechos: el anuncio de restringir y obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir su ... embarazo (contraviniendo así el gobierno de la comunidad autónoma la legislación española) fue realizado en la rueda de prensa que sigue a la reunión del Consejo de Gobierno. Se presentó por el vicepresidente Gallardo (Vox) como uno de los acuerdos tomados en dicho Consejo, sin que el también presente portavoz Carriedo (PP) expresara algún matiz o corrección al asunto. Solo cuando estalló la gran polvareda social, que dio paso a un requerimiento del gobierno nacional, la dirección del PP exigió a Mañueco (hasta entonces desaparecido) que rectificara el fiasco.

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A partir de ese momento, durante una semana hemos asistido a un intercambio de declaraciones de Mañueco y Gallardo usurpando los papeles de Martes y Trece (aunque sin gracia) en las que confirmaban y desmentían, rectificaban y se ratificaban en que todo eran malos entendidos sobre acuerdos que no existían. A pesar de su «inexistencia» Mañueco ha considerado necesario aclarar que no eran obligatorios para embarazadas y médicos, aunque Gallardo había explicado que claro que eran obligatorias las medidas de coacción sobre mujeres y médicos «porque sino no servirían para nada». Al final el dislate se cierra apelando ¡cómo no! a maniobras de Pedro Sánchez.

El asunto merece varias reflexiones. Vox está intentando aprovechar que el PP se debate entre sus incoherencias y demagogias. Mantiene presentado desde el año 2010 un recurso de inconstitucionalidad contra la vigente «ley de plazos» impulsada por el Gobierno Zapatero. Sin embargo, durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy no intentó modificarla (lo que le costó la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia) porque eso le supondría una importante pérdida de votos. El recurso lo había planteado cuando Rouco Varela (presidente entonces de la Conferencia Espiscopal), tocado con visera de manifestante, arremetió contra el anterior gobierno socialista presionando de paso al PP. Desde entonces este partido tiene puestas una vela a la Conferencia Episcopal y otra a las votantes, cirios incompatibles que Vox trata de explotar. Feijoo ya ha declarado que a él le parece bien la vigente «ley de plazos», pero no retira el recurso. Está esperando a que el Tribunal Constitucional lo desestime para librarse del enredo echándole la culpa, por supuesto, a Sánchez.

Según Gallardo, sus propuestas estaban directamente copiadas de las impuestas por Orban en Hungría lo que confirma la fortaleza, coordinación y vida propia que va adquiriendo la extrema derecha en Europa. Sin equiparar situaciones muy diferentes, debe recordarse que en el primer tercio del pasado siglo grandes partidos de derecha en varios países europeos creyeron que podían usar a la extrema derecha cuando les venía bien contra la izquierda y después prescindir de ella cuando les conviniera. Lamentablemente todos sabemos la sorpresa que se llevaron y las desastrosas consecuencias de aquella estrategia. Mucho más recientemente se ha visto como la extrema derecha norteamericana (empezó siendo el Tea Party) se ha apoderado del Partido Republicano. En Italia encabeza una coalición de todas las derechas y parece dispuesta a terminar devorando a todos sus socios en el gobierno.

Como se pudo comprobar otra vez con la manifestación del domingo, el PP es incapaz de desmarcarse de la extrema derecha española —no convocó la manifestación pero envió representantes, militantes, juventudes— que impulsa una cruzada contra Pedro Sánchez con los mismos parámetros propagandísticos del resto de sus congéneres en el mundo occidental: deslegitimación de gobiernos elegidos democráticamente. Aquí se autodenominan constitucionalistas mientras defienden el incumplimiento de la Constitución y llevan cuatro años obstruyendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los asaltantes del Congreso norteamericano de 2020 lo hacían por la libertad y contra el «fraude electoral», los de las sedes brasileñas pedían un golpe de estado a los militares porque llega el comunismo con Lula. A los manifestantes madrileños les han intoxicado con majaderías como que, según una iluminada, Pedro Sánchez encabeza «una dictadura en marcha»; otra ignorante enciclopédica proclama que España está en «la deriva totalitaria (…) que desembocó en la discordia y en la Guerra Civil». Todos los días anuncian la ruina (con algunos de los mejores datos económicos de Europa), la ruptura de España y otras muchas estupideces ajenas a la realidad como a diario se comprueba y reconocen organismos internacionales, dirigentes extranjeros y hasta foros como Davos, nada sospechoso de bolivariano. Pero eso no afecta ya a los fanáticos de la extrema derecha igual de intoxicados que los insensatos de Washington y Brasilia.

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El PP tiene la obligación de definirse y decidir si está con la democracia o en territorio ultra. Vox ya sabemos que está con Trump, Bolsonaro, Orban y Putin. Sin embargo existe otra derecha en Europa. El día 19 en Barcelona, tras su reunión con Pedro Sánchez y la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, Macron declaró expresamente «yo soy patriota [francés] y europeo (…) la extrema derecha es el nacionalismo no el patriotismo (…) es el odio al otro, y no se puede transigir con ella por pragmatismo o por debilidad». Parece una descripción adelantada de la manifestación de Cibeles el día 21, y podía estar refiriéndose al PP de Feijoo. Macron no es ningún izquierdista pero sus palabras están respaldadas por los hechos: nunca ha pactado ni se ha mezclado con los sucesivos partidos de los Le Pen. Por su parte la democracia cristiana alemana (CDU) también tiene muy presente la mala experiencia del siglo pasado y se ha negado a cualquier tipo de acuerdo con la extrema derecha aunque esta haya crecido de forma notable. De hecho, en junio de 2021, la CDU ganó las elecciones en el land de Sajonia-Anhalt; fiel a su compromiso político, se negó a pactar con la ultraderechista Alternativa para Alemania, que había sido la segunda más votada, y formó gobierno regional con los socialdemócratas y los liberales.

El creciente peso internacional de España, especialmente en Europa como se demuestra a diario, exige que el segundo partido del parlamento y alternativa de gobierno deje de coquetear con la extrema derecha y estorbar a los intereses nacionales. Feijoo tiene que aclararse de una vez y decir si cuenta con la extrema derecha como aliado estratégico para gobernar este país. Seguir dedicado a torpedear la labor del Gobierno y tergiversar la realidad española en Europa (donde no tiene ninguna credibilidad) solo le servirá para caer en la irrelevancia como le ha pasado a Italia con el Gobierno de Meloni. Por el contrario, para ganar credibilidad democrática y homologarse a una derecha europeísta, Feijoo debe seguir el ejemplo de Macron y la CDU alemana. En definitiva tiene que romper ya con Vox sin más coartadas ni cortinas de humo. Y, obviamente, debe empezar por Castilla y León.

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