Imposturas

Como bien dijo Iceta (autor intelectual del candidato Illa) este es el comienzo de otra etapa, después de una década perdida en Cataluña sin ir a ninguna parte. Una década de despropósitos desde que los nacionalistas comenzaron con la impostura del «procés» para desviar la atención de los recortes en medio de la crisis económica de 2008. Aquella ocurrencia de Artur Mas se produjo tras un violento asalto al Parlament según ha descrito detalladamente el entonces conseller Santi Vila. Aunque posteriormente elaboraron otro relato impostado (son especialistas en la propaganda de los relatos) partiendo de la sentencia del TC sobre el Estatut, la apuesta independentista fue otra maniobra de distracción que no evitó a Mas ser devorado por sus propias criaturas. Después de pasar por Puigdemont y Torra —presidentes sin presentarse a las elecciones, designados en gatuperios antidemocráticos, aunque legales—, ahora toca enterrar a los zombis y nadie entre los independentistas sabe cómo hacerlo. Algunos siguen con la ensoñación de lograr objetivos anticonstitucionales, algo que Pedro Sánchez les ha desmentido por activa y por pasiva.

El disparate catalán ha tenido graves consecuencias en toda España. En 2014, en un programa de Salvados, Felipe González le pronosticó a Artur Mas que su deriva separatista iba a despertar el nacionalismo español, a lo que el fatuo president no supo qué responder porque ni se lo había planteado. El vaticinio se ha cumplido y ya tenemos a Vox como tercer partido en toda España y cuarto en Cataluña con todo lo que significa. Para ese salto, además del combustible separatista, Abascal ha tenido otra colaboración fundamental: la insoportable levedad política de las direcciones del PP y de Ciudadanos. Cuando en 2019 Albert Rivera se negó a formar gobierno con el PSOE y obligó a repetir elecciones, declaró a su partido inútil para la democracia española. Algo que ya se sospechaba cuando no era capaz de jugar el papel de partido más votado en Cataluña. La catastrófica pérdida de votos actual solo es una consecuencia de sus propios actos.

El PP de Casado, por su parte, llevaba un año de acoso y derribo al gobierno aprovechando la pandemia. Era un momento para exhibir sentido de estado y supeditación al interés general como han hecho todos los partidos de oposición en Europa y, de paso, para confirmarse como alternativa de gobierno (cuando toque). Sin embargo su oposición frontal, en medio de la crisis sanitaria, social y económica, entre la irresponsabilidad y la frivolidad, le ha desacreditado. Se ha comportado como un partido de extrema derecha que ha optado por la polarización y ha llevado a sus electores al terreno de Vox, donde naturalmente los acogen sin mayor esfuerzo. A pesar del impostado discurso de Casado en la moción de censura presentada por Abascal, los hechos diarios (especialmente de Ayuso en Madrid) y el bloqueo en la renovación pendiente de los órganos constitucionales lo hacen indistinguible de esa extrema derecha que ya le ha superado en Cataluña por goleada. No parece que la huida de la sede de Génova le vaya a llevar muy lejos, aunque le aleje físicamente de la Audiencia Nacional, demasiado cercana en todos los sentidos. La dirección actual del PP se ha mostrado incapaz de afrontar su necesidad más acuciante, distanciarse de Vox. Para el futuro todo queda pospuesto hasta que Feijoo decida si sube o baja desde Galicia.

Por si no teníamos problemas importantes, la entrada en prisión de un reincidente condenado por injurias, agresiones, amenazas, apología del terrorismo y otros delitos se ha convertido en motivo de disturbios con el pretexto de defender la libertad de expresión. Carlos Jiménez Villarejo le ha contabilizado seis condenas a Pablo Hasél desde 2011 por los más diversos motivos (colecciona el Código Penal), añade que tiene pendientes otras seis peticiones de condena por la fiscalía y enfatiza que «no es aceptable, bajo ningún concepto, el apoyo al mismo». Sin embargo, se defiende la libertad de expresión de un sujeto que canta un machismo violento y pregona la violación, algo que solo puede sostenerse por los impostores que confunden las ideas con los esputos. No es casual que el asunto tenga por escenario Cataluña, donde las autoridades políticas llevan años predicando que la legalidad es un menú a la carta donde solo se respeta lo que a cada uno le interesa. Lamentablemente el desnortado socio minoritario del gobierno parece incapaz de ubicarse institucionalmente y ha justificado las manifestaciones violentas con argumentos adolescentes. Por supuesto la democracia española sería de muy baja calidad si no pudiera defenderse de los desatinos de individuos como Hasél. Sin ir más lejos, Francia ha aprobado la semana pasada un endurecimiento de las penas para quienes cometan los delitos de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y fomento del odio.

Mientras todas las noches ardían los coches y se saqueaban las tiendas del centro de Barcelona, el presidente en funciones de la Generalidad y candidato de ERC para ser investido tardó siete días en condenar el vandalismo. Los partidos independentistas que negocian formar gobierno en el circo catalán no saben qué hacer con la policía autonómica porque la CUP y Los Comunes la consideran un cuerpo represivo. Si logran pactar una investidura con esos mimbres tan contradictorios habrá más años de impostura y desgobierno en Cataluña.