El hermano pequeño

Los sistemas democráticos han intentado, con un éxito variable y casi siempre con efectos limitados, convertir la cultura en un derecho accesible a todos los ciudadanos. Esta pretendida secularización deja de ser democrática en el momento en el que sacraliza una determinada idea de lo que es cultura —aquello que nos eleva en lo moral, nos fermenta en lo intelectual y nos obliga a ser productivos también en nuestro tiempo libre— en detrimento de la diversión o el entretenimiento. En esto debería incidir el bono cultural: contribuir a la disolución de esa frontera rancia que separa la alta de la baja cultura y conseguir que el ocio deje de ser un privilegio de quienes se lo pueden permitir —y se vuelva, por tanto, un derecho exento de culpa— serían dos bellos objetivos para una política pública que busca paliar los efectos —también los psicológicos, no sólo los económicos— de la pandemia.