El PP y los etarras

Los comicios del próximo día 28 son municipales y en algunas comunidades también hay elecciones autonómicas. Como parece que el PP no entiende que estamos en esas convocatorias y tiene a Bildu como principal argumento conviene recordar algunos hechos para saber cómo llegamos hasta aquí. El día 4 de noviembre de 1998 José María Aznar, a la sazón Presidente del Gobierno, declaró «Yo he querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el Gobierno, y yo personalmente, ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan…». Al día siguiente, 5 de noviembre, Aznar anunciaba que estaba dispuesto «al perdón y a la generosidad», si ETA aceptaba el resultado de las elecciones y renunciaba definitivamente a las armas. (https://www.youtube.com/watch?v=Xo8LKBgvpQs).

Como ustedes recordarán, aquel gobierno del PP ordenó el acercamiento de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y permitió el regreso a nuestro país de más de 300 exiliados de la banda terrorista. Pero, después de una tregua, fracasaron las negociaciones en Zurich a pesar de tanta «generosidad» con la banda.

En cambio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí consiguió el fin de la actividad terrorista de ETA. Fue el 20 de octubre de 2011 y también era lendakari Patxi López. Y se logró a pesar del sabotaje de la derecha mediática que hasta el último minuto intentó con la mayor deslealtad reventar aquella posibilidad (caso Faisán contra Rubalcaba). El 3 de mayo de 2018, con Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, ETA anunció su disolución. Conviene también repasar todo lo que declararon los líderes políticos de aquellos momentos, en la oposición y en el gobierno, cuando se ponía final a la pesadilla terrorista que había durado casi 50 años.

No sabemos lo que entendía Aznar por «perdón y generosidad» pero lo cierto es que a los antiguos terroristas se les ha aplicado la legislación penal sin la más mínima alteración del estado de derecho. Y por ello han tenido que cumplir las penas de privación de libertad y de inhabilitación determinadas por la Audiencia Nacional. En este mismo momento se siguen investigando y juzgado delitos cometidos por la banda terrorista, especialmente a partir de la entrega de archivos por parte de Francia o de las declaraciones de testigos. En consecuencia, que Bildu presente en sus listas a ex terroristas de ETA es indecente, como ha señalado el presidente Pedro Sánchez, porque causa más dolor a las víctimas. Pero no es responsabilidad del Gobierno español, ni siquiera puede impedirlo con la legislación electoral vigente que es la misma de siempre. Es evidente que, tras la denuncia política de COVITE sobre la incrustación de etarras en las listas de Bildu, la dirección de este partido ha considerado que le resultaba muy oneroso mantenerlos. En consecuencia ha obligado a los condenados por delitos de sangre a renunciar al acta en el caso de ser elegidos concejales. Pero la desaforada reacción de las derechas no fue contra los etarras ni contra los dirigentes de Bildu. Una vez más fue contra el PSOE porque solo les interesa el desgaste del gobierno con la excusa que se presente cada día.

Viene siendo cada vez más frecuente el comportamiento inmoral de las derechas que utilizan la voz ETA (que ya no existe), Bildu y todo lo que se aproxime para erosionar al Gobierno. Pero todo ese ruido no le impide al PP votar a diario con Bildu en el parlamento de Vitoria contra las propuestas del gobierno vasco sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. La manipulación de los sentimientos antiterroristas con fines electorales es tan descarada que ha llevado a Consuelo Ordóñez (hermana del asesinado Gregorio Ordóñez y presidenta de COVITE, la mayor organización de víctimas) a criticar al PP «por utilizar políticamente el terrorismo»; o a Maixabel Lasa (viuda del asesinado Juan María Jáuregui y exdirectora de la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco) a decir «El PP sigue utilizando el terrorismo. Parece que lo echa en falta. Es una barbaridad».

La campaña electoral debería estar centrada en conocer qué esperamos de nuestros ayuntamientos después de la pandemia y demás calamidades como la sequía. Sin embargo comenzó con una tergiversación total por parte de Feijoo anunciando que se jugaba «la derogación del sanchismo». Ahora, siguiendo con la política ficción, quieren derogar el terrorismo (12 años después del fin de ETA), y no sabemos cuál será la siguiente ocurrencia sobre la legislación electoral o la legislación de partidos.

Lo que sí está derogado de hecho para el PP es el artículo 122 de la Constitución sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial. El actual tiene su mandato caducado desde hace cinco años y no hay forma de renovarlo porque el PP se niega. De nada han valido los requerimientos de los demás grupos parlamentarios, la dimisión del anterior presidente del consejo o el llamamiento del comisario europeo de justicia la semana pasada. El PP se niega a cumplir la Constitución como un insumiso cualquiera y, eso sí, exige al gobierno que se invente sobre la marcha leyes electorales sobre quienes pueden ir en las listas municipales.

Lo que también está derogado de hecho para el PP es «el viaje al centro» que anunciaron con la llegada de Feijoo a la presidencia. A estas alturas ha quedado completamente abducido por el ambiente político y mediático de las derechas madrileñas como se ha visto estos días. En esa atmósfera tóxica Vox marca el paso que Ayuso sigue con 24 horas de diferencia y Feijoo termina adaptándose dos días más tarde de forma vergonzante pero sumisa.

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