El futuro de la sanidad pública

Villarig también reiteraba en esta ocasión su demostrada tesis de que «León es una provincia discriminada sanitariamente con respecto a Valladolid y Salamanca». Lo sorprendente es que sus declaraciones no han tenido el eco público que merecen ni han abierto el debate que se supondría en un asunto de tanta trascendencia cuando hay polémicas todos los días por temas anecdóticos.

Hasta ahora, el Sistema Nacional de Salud era merecidamente considerado la joya de la corona en el estado de bienestar español. Y además podíamos presumir con argumentos ciertos de que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Sin embargo, el reto que ha supuesto la pandemia ha dejado ver los flancos más débiles de su organización. Sobre todo han quedado al descubierto las enormes diferencias entre comunidades autónomas que son las gestoras de la sanidad en cada uno de sus territorios. Esas diferencias se expresan en los presupuestos y están poniendo de manifiesto que no existe un solo modelo sanitario para toda España. En estos momentos, hay comunidades autónomas que están intentando imponer un sistema de salud que no es el previsto legalmente para todo el territorio nacional. El caso más claro es el de la Comunidad de Madrid cuyo gobierno autonómico tiene como programa máximo la privatización sanitaria. En Madrid no existen los problemas de dispersión geográfica ni de envejecimiento poblacional que hay en Castilla y León sino todo lo contrario. La Atención Primaria de Madrid es la peor de toda España como nos recuerdan todas las semanas los manifestantes de la «marea blanca». Sin embargo, el consejero de Hacienda madrileño, Fernández Lasquetty, responsable del desastre, presume de que un 30% de los madrileños acuden a la medicina privada para recibir la atención que debía proporcionarles la sanidad pública. En suma, presume de obligar al 30% de los madrileños a pagarse un seguro privado para suplir las deficiencias de la gestión sanitaria de su gobierno.

El asunto se explica porque Madrid, la comunidad más rica de España, con 34.821 € de PIB por habitante en 2021, es la que menos presupuesto dedica a sanidad: 1.446,13 € per cápita, muy lejos de la media española (1.808 €) o de los 2.133,13 € que dedica Asturias, la autonomía que encabeza el ranking sanitario. Castilla y León, con 1.999,38 €, está por encima de la media española pero lejos de la media europea (2.244 €). En todo caso, desde la crisis de 2008, ha aumentado la diferencia del gasto sanitario en España con el resto de la Unión Europea en la que hay 10 países que superan los 3.000 € por habitante y año.

El PP de Feijoo tiene en Madrid su principal referencia, también en materia sanitaria. Cuando Fernández Lasquetty fue consejero de Sanidad en 2013 (con el reincidente Ignacio González), intentó privatizar la gestión de 6 hospitales públicos y 27 centros de salud de una primera tacada. Afortunadamente la oposición ciudadana lo impidió, pero el objetivo político del PP sigue siendo hacer de la sanidad un gran negocio. Y eso que durante los últimos diez años han fracasado estrepitosamente dos de sus experimentos insignia: el hospital de Alzira en la comunidad valenciana o la gestión privatizada del hospital de Burgos en Castilla y León.

En opinión de Marciano Sanchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública: «la Comunidad de Madrid, desde hace bastantes años, ha apostado por deteriorar el sistema sanitario público para favorecer su privatización (…) Hay dos vías para esto: una es desfinanciar el sistema público, aprobando presupuestos que son claramente insuficientes, y la otra incrementar las privatizaciones y la derivación de enfermos hacia el sector privado, financiado públicamente». Y los datos —valora Sánchez Bayle— avalan los resultados: la Comunidad de Madrid es ya la autonomía que tiene mayor porcentaje de ciudadanos con seguros privados, seguida de Cataluña.

Paradójicamente, aquí hemos sabido esta misma semana que «Un millar de pacientes ha renunciado a operarse fuera del Hospital de León» durante 2022. Han preferido esperar un tiempo antes que ser derivados a un centro privado, lo que pone de relieve la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública y, a la vez, los límites de la privatización en la medicina hospitalaria.

Todos los problemas enumerados son palpables ya en este momento y cabe esperar que se agraven mucho en los próximos años, sobre todo en una comunidad tan envejecida como esta. Sin embargo no existen en el gobierno ni en el parlamento autonómico propuestas que afronten los retos de la sanidad pública. La salud constituye la preocupación más sentida de la ciudadanía (aunque una parte de ella no sea plenamente consciente del privilegio que supone un buen sistema público que la gestione). Debería constituir también la atención más urgente de todo gobierno. Pero aquí, lejos de ello, la coalición PP-VOX se dedica a inventar problemas que no existen y a desarrollar su propaganda ideológica. Eso sí, con dineros públicos que escatima a la sanidad.