Formar parte del problema o de la solución

Después de haber conseguido el Gobierno (junto con los de Italia, Francia y Portugal) lo más difícil, como es poner en pie un fondo europeo para la reconstrucción por importe de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 podrían corresponderle a España, todavía queda concretar cuánto, dónde, cómo, cuándo, etc. Ese fondo debe ser el punto de partida para salir de la postración económica y social en la que la covid-19 ha situado a la mayoría de las empresas y autónomos españoles tras tres meses de parón. Según Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea (entre otras muchas cosas), «El dinero que nos va a llegar hay que ponerlo en el contexto de los Presupuestos, por lo que hay que tener Presupuestos y que estos sean compatibles con los paquetes de ayuda de la UE».

Ahora bien, la búsqueda de soluciones a nuestros problemas no forma parte del debate político prioritario en España. Hace unas semanas Vox votó en el Parlamento Europeo contra la creación del fondo de recuperación y el PP, el pasado día 11, votó con los halcones europeos para imponer fuertes obstáculos a los países que quieran utilizar esas ayudas, es decir a España. Ambos partidos han demostrado que no les importa nada la situación de necesidad en la que se encuentra nuestro país, las empresas y los ciudadanos españoles. El PP y Vox están convencidos de que cualquier deterioro de la situación les beneficia políticamente y a partir de ahí se explican sus posiciones políticas en Europa y en España. Su interés en la reconstrucción es nulo y siguen centrados en inventar polémicas chuscas para mantener un ambiente de descalificación y crispación que desgaste al gobierno. Pero lo cierto es que ya no engañan a casi nadie. La última encuesta de Metroscopia (4 de junio) recoge que «el 85% de los ciudadanos cree que la crispación amenaza más a la democracia que la crisis sanitaria» y que un 82% considera principal responsable de la crispación a Vox y un 75% al PP. Hace tiempo que estos partidos decidieron formar parte del problema en lugar de contribuir a encontrar soluciones.

Afortunadamente Ciudadanos ha decidido formar parte de la solución y ha abandonado el confinamiento ideológico al que le había sometido Albert Rivera cuando se dejó abducir por el ayatolá de FAES y lo más tóxico del ambiente político madrileño. Las últimas declaraciones de Edmundo Bal y Luis Garicano constituyen un giro importantísimo para salir de la trinchera irracional y ocupar el centro político. El resultado es que Ciudadanos hace propuestas en positivo, negocia con el gobierno y, de paso, resucita en las encuestas.

Por otro lado, aprovechando que la covid-19 pasaba por Valladolid, la Junta de Castilla y León ha decidido dar un gigantesco salto en el centralismo sanitario. El Director General de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, anunció, el pasado día 5, en la Comisión de Sanidad del parlamento autonómico, que se utilizarán 7,5 millones de euros iniciales para habilitar 250 camas más en el antiguo Hospital Río Ortega de Valladolid con las que «centralizarán la respuesta a un rebrote del coronavirus en Castilla y León». A las camas ordinarias se añadirán 28 camas UCI más, con las que los hospitales de Valladolid tendrán en total 92 y se colocarán en la ratio máxima aconsejada por el Ministerio de Sanidad (2 camas UCI por cada 10.000 habitantes). Mientras tanto los hospitales de León y Ponferrada quedarán con 40 camas UCI, muy lejos del mínimo exigido por el ministerio (1,5 camas UCI por cada 10.000 habitantes) y que se traduciría en 69 camas en total. Esta información que publicó documentadamente y en solitario Leonoticias es de una importancia vital para la sanidad leonesa y para todo León.

El pretexto del coronavirus es delirante porque si hubiera un fuerte rebrote lo que menos convendría sería trasladar enfermos a un nuevo centro de Valladolid desde cientos de kilómetros de distancia. Lo razonable sería mejorar las dotaciones de los centros ya existentes con los equipos humanos ya entrenados. Por lo tanto se trata de un pretexto para poner en marcha un proyecto congelado a la espera de la oportunidad política que lo vistiera y de la existencia de presupuesto extra para sanidad. Se quiere desviar los dineros de la covid-19 a una inversión millonaria en Valladolid con el correspondiente aumento de cientos de personas en las plantillas sanitarias y con vistas a especialidades punteras en el futuro. Descongelar el proyecto vallisoletano se traduce en congelar proyectos en el resto de la comunidad autónoma. La lógica centralizadora que rige en la comunidad autónoma posterga las necesidades de los leoneses y el reconocimiento al esfuerzo hecho en los hospitales de León y Ponferrada por su personal durante la pandemia. Con esta nueva y arbitraria decisión, se va cumpliendo lo planificado en el Proyecto Valladolid Siglo XXI (2007), un programa oculto que la Junta ejecuta sin cesar. Pasan los gobiernos, los consejeros y las crisis, pero todos los días, todas las consejerías se aseguran de que Valladolid seguirá creciendo a costa del resto de las provincias de Castilla y León. A continuación harán grandes campañas para convencernos de que el centralismo no tiene nada que ver con la despoblación. Que solo es una mera coincidencia en el tiempo y en el espacio. Pero la consecuencia es la pérdida de 10 habitantes al día en León (35.682 en 10 años) y, ahora, también de dotaciones sanitarias imprescindibles.