Las familias y los impuestos

Precisamente porque están próximas las elecciones autonómicas, es importante que se conozca la política fiscal que se ha llevado a cabo por nuestra Comunidad en esta materia que atañe directamente a cada uno de sus ciudadanos, en un tiempo en el que las familias castellanas y leonesas, de las que son miembros, están sufriendo el incremento desmedido del coste de la vida en las prestaciones y productos más necesarios.

Para ello, repasaré en estas líneas los beneficios fiscales con los que Castilla y León, aprovechando sus competencias normativas, ha favorecido a la institución familiar en los principales impuestos: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el propio IRPF.

De sobra es conocido el tratamiento favorable en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se eliminó prácticamente la pasada primavera para los familiares directos: cónyuge- al que, además, se equipara la pareja de hecho- descendientes y ascendientes de primer grado. En la sucesión en estos casos, se aplica una bonificación del 99 por ciento lo que, en definitiva, significa que se resuelve casi sin pagar impuestos. En el caso de las donaciones de bienes y derechos, la familia se ve igualmente favorecida con una bonificación del 99 por ciento en la cuota cuando las mismas se produzcan entre los mismos sujetos; en ambos casos se defienden claramente los intereses familiares que no se ven obstaculizados por el pago de impuestos, Con ello, además, se ayuda al relevo intergeneracional de empresas y negocios, al emprendimiento, y al mantenimiento de las rentas y del patrimonio en las familias castellanas y leonesas, con lo que ello supone para la creación de empleo y oportunidades en nuestra tierra.

Por su parte, en el Impuesto sobre el Patrimonio la protección de la familia toma forma de exención de los patrimonios especialmente protegidos de las personas con discapacidad, beneficiando con esta medida a los más vulnerables de los que, además, se ocupan las normas fiscales autonómicas que afectan a otras figuras tributarias.

También se regulan importantes beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a través de tipos de gravamen reducidos, sin olvidar las bonificaciones aplicables en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En concreto, se aplica un tipo reducido a las familias numerosas cuando se cumplen determinados requisitos; también a aquellas otras en las que el adquirente o cualquiera de los miembros tiene una discapacidad severa y, como no, a aquellas familias en las que todos los adquirentes son menores de 36 años cuando para todos ellos se trate de su primera vivienda.

No obstante, si en algún impuesto ha destacado el particular esfuerzo realizado por Castilla y León para proteger la familia y para promover la natalidad ha sido en el IRPF, aprovechando sus competencias normativas para apostar por un sistema de beneficios fiscales muy favorable para las familias y, en particular, para las que más lo necesitan por tener rentas más bajas, para aquellas otras que han decidido desarrollar su vida en el ámbito rural sobre todo si sus progenitores son jóvenes menores de 36 años, y para las familias numerosas.

Se constata en la regulación autonómica de este impuesto la intención clarísima de fomentar la natalidad, al preverse deducciones específicas para nacimientos o adopciones múltiples, u otras que defienden la conciliación de la vida laboral y la incorporación de la mujer al trabajo incentivando las bajas de paternidad. Se establece además la posibilidad de que la familia se deduzca por el cuidado de hijos menores, con lo que se garantizan los mismos derechos en el acceso al empleo a ambos progenitores y, con ello, la conciliación y el desarrollo profesional en igualdad de oportunidades. En la misma línea, se favorece a las familias numerosas.

Pero entre las actuaciones estrella de la fiscalidad autonómica en este impuesto se protege especialmente a las familias que tienen su vivienda habitual en el ámbito rural, lo que supone una medida incontestable en la lucha contra la despoblación en un entorno en el que la institución familiar se convierte en una poderosa herramienta ante el reto demográfico; sin lugar a dudas, la familia es una pieza esencial para fijar población y revitalizar los pueblos de Castilla y León, lo que justifica que se establezcan deducciones a la carta que suponen un claro compromiso y la total implicación con el medio rural de la Comunidad.

No obstante, todavía hay margen de mejora, y si se quitase el límite de edad de los 36 años para este tipo de beneficios se incrementaría el número de contribuyentes favorecidos por esta política fiscal, animando a otras familias para que elijan fijar su residencia en nuestros pueblos, con lo que implica vivir y trabajar en ellos. Se evidencia cada vez más la necesidad de una fiscalidad diferenciada para aquellas zonas con menor densidad de población que demandan, a todas luces, una apuesta valiente por implantar una discriminación positiva en el plano fiscal que sirva para potenciarlas económicamente.

En línea con otros impuestos, resulta también especialmente protegidas aquellas unidades familiares en las que alguno de sus miembros tiene discapacidad con mayores necesidades de todo tipo que deben tenerse en cuenta en el cálculo de su carga fiscal, lo que encuentra reflejo tanto en la fijación del mínimo familiar en estos casos como a la hora de aplicar las deducciones que afectan al tramo autonómico del impuesto.

En definitiva, Castilla y León ha realizado un importante esfuerzo para proteger a sus familias, esfuerzo que el Partido Popular pretende continuar mediante la reducción del tramo autonómico del IRPF- dentro del margen que posibilita el actual modelo de financiación, tan necesitado de revisión- y ampliando las ventajas fiscales en los impuestos cedidos en la línea emprendida y consolidada en anteriores legislaturas.