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El sentido de estado forma parte de la cultura política elemental en todas las democracias. Supone que existe siempre un interés superior –el del estado democrático- al de cada opción partidista. Es muy notorio ese valor en la vida política de Francia y de Alemania ... por razones históricas muy diferentes. Alemania y España son los dos países de la Unión Europea con una estructura política territorial más parecida pues, aunque la RFA es un estado federal acabado, en muchos aspectos las comunidades autónomas españolas gozan de mayor capacidad política que los länder alemanes. Sin embargo el comportamiento de los territorios no puede ser más diferente en ambos países. Es inimaginable en Alemania que un land aproveche la Covid-19 (o cualquier catástrofe natural) para hacer oposición al gobierno federal. Sería considerado por los ciudadanos una inmoralidad y terminaría convenientemente castigado en las urnas. Lo normal es que gobierno federal y gobiernos de los länder hagan frente conjuntamente a la calamidad y, cuando esta haya pasado, cada uno responderá ante su parlamento sobre sus hechos y su gestión.
En España, en cambio, se está normalizando la anomalía anticonstitucional de que algunas comunidades autónomas dediquen sus máximos esfuerzos a buscar enfrentamientos con el gobierno de la nación aún a costa de sus ciudadanos. Esta disfuncionalidad que no deja de crecer viene de lejos: comenzó con la ingenuidad de los constituyentes al redactar el Título VIII (auténtico talón de Aquiles de nuestra Carta Magna) cuando olvidaron el nefasto cantonalismo que hizo fracasar la Iª República o los permanentes disgustos y maltrato del nacionalismo catalán a Manuel Azaña durante la IIª República. Siguió con la perversa dialéctica establecida por los nacionalistas periféricos según la cuál la construcción autonómica se hacía contra «el estado español», es decir sin sentido de estado. Ahora hemos llegado a que son las comunidades gobernadas por el PP las que se dedican a hacer oposición al gobierno central aprovechando cualquier circunstancia como la pandemia o el temporal Filomena. El asunto ha llegado hasta la caricatura con la presidenta de la Comunidad de Madrid cuyas decisiones se basan en hacer lo contrario de lo que diga el gobierno de la nación, sea lo que sea.
Ese modelo se ha extendido a otras comunidades como Castilla y León que hasta ahora procuraban resguardarse de las decisiones impopulares (cierres y confinamientos) reservándolas para el gobierno central. Mientras tanto los dirigentes regionales del PP se apuntaban oportunistamente a terminar con el primer estado de alarma, a finalizar el confinamiento, a salvar el verano, a salvar la hostelería, a salvar la navidad. Todo eran salvaciones.
Ahora, con la tercera ola desatada, Mañueco e Igea se han inventado un conflicto con el gobierno adelantando dos horas el toque de queda. Todo para desviar la atención de su propia incompetencia. Entre otros asuntos, hemos sabido que se están perdiendo miles de vacunas porque las jeringuillas compradas por la Junta (como en Madrid, Cataluña y Andalucía) no llegan hasta el fondo del vial de Pfizer y la sexta dosis se desperdicia. Los cuatro gobiernos autonómicos negligentes han intentado ocultar este desastre con respuestas peregrinas. La consejera Casado dice mohína que aprovechar todas las dosis depende de «la pericia» de los profesionales, y el consejero andaluz argumenta con facundia que solo queda «un culillo» de vacuna en cada vial.
A la gresca por los fondos europeos
Para incrementar los problemas de hacer frente a la pandemia, algunos gobiernos autonómicos se enfrentan al gobierno central a cuenta del Mecanismo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia (NG-UE) que, por cierto, en los últimos días se ha incrementado en otros 11.000 millones y pueden llegar hasta los 150.000 millones para España durante el periodo 2021-2026. Nadie recuerda el más mínimo respaldo de la oposición parlamentaria al gobierno español cuando en abril pasado lanzó la idea de un nuevo Plan Marshall para salir de la catástrofe en la que nos encontramos. Tampoco se recuerda un reconocimiento al gobierno cuando alcanzó el acuerdo para establecer el Mecanismo Europeo, pero ahora todas las comunidades quieren su parte del pastel como si hubieran trabajado codo con codo al lado de Sánchez. Llaman a una rebatiña del maná europeo para desembocar en otro espectáculo que nadie verá en los länder alemanes. Lo cierto es que el uso de esos fondos está condicionado por la UE para que se destinen a fines muy concretos y prioritarios. A tal fin Europa someterá a un examen semestral a los estados para comprobar la coherencia de esas inversiones con los fines previstos. El cumplimiento de las condiciones europeas para recibir los fondos es algo que omiten deliberadamente las comunidades autónomas. También lo olvida a diario el socio minoritario del gobierno cuyo comportamiento es cada vez más errático bajo la esquizofrenia de hacer oposiciónal gobierno desde el gobierno.
Cuando se avecina una importante llegada de esos dineros a la comunidad autónoma, es el momento para recordar algunas experiencias del pasado con los recursos que el estado ha transferido a la Junta de Castilla y León. El caso más notorio por su volumen y escaso resultado fue el de los destinados a la reindustrialización de las cuencas mineras de León y Palencia. Debían ser fondos «adicionales» que, al margen del presupuesto ordinario, se debían invertir en las comarcas que tenían a la minería como actividad principal para fomentar una vida económica alternativa. Lo cierto es que nunca se cumplió la «adicionalidad» porque ese dinero fue a la caja general de la Junta y desde ahí llegó lo de siempre a León y Palencia. En las zonas mineras se llevaron a cabo algunas obras de infraestructura importantes como la mejora del «eje subcantábrico» (la que más dinero absorbió) y que también sirvieron para demostrar que solo con obra pública e infraestructuras de todo tipo no se despierta la iniciativa privada o se atrae a un territorio la instalación de industrias generadoras de puestos de trabajo.
La última experiencia conocida de transferencia fue el dinero incondicionado que el gobierno central adelantó al autonómico en mayo de 2020 para combatir la pandemia. Por lo que sabemos la Junta aplicó la mayoría de aquél fondo a completar un nuevo hospital en Valladolid y descartó (luego dijo que era un aplazamiento) la ampliación de camas UCI en León tan imprescindibles como se demuestra en esta fase de la pandemia. Una vez más, sin el menor sentido de comunidad (como para esperar sentido de estado), continuó la práctica de la centralización cuyo reverso es la despoblación de la mayor parte de las provincias. Con lo que sobró de aquellos fondos primaverales, adquirió (entre otras menudencias) unas malas jeringuillas que desperdician la sexta vacuna de cada vial de Pfizer.
La falta de sentido de estado se ha agudizado en los últimos tiempos con la apuesta de algunos partidos políticos por la polarización y la crispación. Así se ha llegado a la indecente campaña de las derechas españolas contra una posible victoria de Salvador Illa en las próximas elecciones catalanas. Prefieren que ganen los independentistas. Ese es todo su sentido de estado.
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