De la «expertitud» y sus derivas

Y es que, como han rubricado ochenta intelectuales que se han visto empujados a hacer un manifiesto contra la referida Ley, no sobra un «llamamiento en defensa de la lengua común, española y universal, a la que consideramos cada vez más atacada y agredida en particular con lo sucedido con la última Ley Celaá, borrando su condición de lengua vehicular en la enseñanza«.

Mucho menos, si esta forma de hacer obedece a dar gusto a ese independentismo rancio que para apoyar los Presupuestos -en este juego de mayorías que se ha concitado en el Congreso- impone eliminar el castellano como idioma oficial y vehicular en todo el Estado, rompiendo con ello aquello que más nos une y nos identifica, que cimenta nuestra pertenencia a una misma Nación y que nos proporciona el necesario punto de encuentro: la lengua de Cervantes que, por su carácter universal, debería ser, como poco, un gran motivo de orgullo para todos.

Porque como han mantenido recientemente en los medios de comunicación algunos académicos de la RAE, evidenciando la preocupación de esta Institución por la deriva de esta cuestión, «formamos parte de una comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas con capacidad para utilizar el español y más de 485 millones que lo tienen como lengua materna. Esta circunstancia convierte nuestra lengua en un bien de valor incalculable que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento».

No es un tema anecdótico, en absoluto. Porque desde postulados totalitaristas se está embistiendo conscientemente contra lo que somos, contra nuestra propia esencia como pueblo, como Nación, contra aquello que más nos une; se está poniendo en tela de juicio el artículo 3 de la Constitución que garantiza en su número uno que el castellano es la lengua española oficial del Estado, añadiendo que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» pues, como afirma con acierto nuestro Tribunal Constitucional (SSTC (82/86 y 84/86), «sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen».

El resto de las lenguas españolas también son oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, y su existencia, según se señala en el número tres del mismo precepto, es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección constitucional como demostración de nuestra indudable riqueza cultural que, por cierto, y como es fácilmente constatable, siempre ha estado a salvo a lo largo de nuestra historia democrática hasta la fecha. Cualquiera de ellas, catalán, vasco, gallego, valenciano… o, en nuestro caso, el leonés, solo pueden ser objeto de respeto y admiración en la medida en que su uso y conservación nos ayuda a defender nuestras raíces, lo que no se opone en absoluto a mantener el castellano como lengua principal.

Considero que es una pena que, como en su momento hizo el artículo 4 de la Constitución republicana de 1931- que, por cierto, también reconocía el castellano como lengua oficial- no se añadiera la coletilla de cierre que tenía ese precepto y que decía que «a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional». Este colofón, sin duda, nos hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza y no hubiera dado pie a atacar el derecho de muchas personas a expresarse y a ser educadas en castellano con normalidad.

Porque la Ley Celaá, no se equivoquen, tiene el fin, nunca escondido, de erradicar la lengua común en Cataluña y otras posibles Comunidades Autónomas. Y si piensan que exagero no me digan que no es escandaloso que el Olentzero, carbonero mítico que en el País Vasco se encarga de repartir los regalos a los niños en estas fechas, no entienda el castellano y encima se permita tirar de las orejas a 4000 niños de Leioa pidiéndoles que redacten las misivas navideñas en euskera, so pena de dejarles sin lo que pidan; o que los partidos separatistas catalanes JxCat y ERC, la semana pasada hayan votado en contra de una propuesta de resolución del Grupo Político Ciudadanos en la Comisión de Cultura del Parlamento Catalán, que pedía el reconocimiento de Juan Marsé y Carlos Ruiz Zafón como «autores ilustres de las letras catalanas« y que se organizasen dos ciclos a cargo de la Consejería de Cultura de la Generalidad, y solo por el mero hecho de que ambos escribieran su obra en castellano.

En fin, dos meros ejemplos de sectarismo ideológico y miopía cultural, por no decir de estupidez supina, que demuestran el empeño de algunos en imponer otras lenguas atacando la nuestra, la de todos, unos por acción, otros por omisión…Y hablando de ataques, no es el único que contiene esta Ley, porque tras poner a la lengua castellana al pie de los caballos, arremete de forma furibunda contra el derecho a una educación en libertad… Pero de eso, que daría para reflexionar un buen rato, les hablaré en otro momento.