Exclusión financiera

Posteriormente y de manera más reciente se ha demostrado que numerosas entidades bancarias, no sé si todas incluso, han estado mucho tiempo aprovechándose de estas «inversiones» aparentemente inocentes que no eran otra cosa que una verdadera sangría para los ahorros de los ciudadanos. Así, ya hace unos años comenzaron las reclamaciones judiciales contra los bancos por acciones preferentes, cláusulas suelo hipotecarias, reclamación de gastos de constitución de hipoteca y demás. Lo cierto es que bajo estas prácticas bancarias que podemos calificar, cuando menos, como poco ortodoxas, las distintas entidades bancarias han hecho acopio de ingentes beneficios a costa de los inocentes consumidores.

Hasta aquí el somero análisis de la actividad bancaria de los últimos treinta años, pero cómo está la situación actual, pues resulta que en los últimos años se ha procedido al cierre sistemático se sucursales bancarias debido a la crisis de ese sector. Así en el año 2020 se cerraron más de mil oficinas y se prevé que para este año se llegue al cierre de otras cuatro mil. Esta situación, unida a la creciente digitalización en los trámites que antes se hacían de forma presencial, ha llevado a una reducción de las estructuras bancarias hasta el punto de llegarse a la llamada exclusión financiera, que no es otra cosa que la imposibilidad para los ciudadanos de acceso a los productos y servicios financieros. Y esta exclusión se acentúa mucho más en las zonas rurales, hasta el punto de que existen muchos pueblos de tamaño mediano que han pasado de tener cinco o seis sucursales bancarias a tener una o ninguna. Es importante tener en cuenta que para una gran parte de la población el uso del dinero en efectivo es habitual en sus vidas, de manera que, por ejemplo, son muchos los jubilados que acuden cada mes a su banco a retirar efectivo una vez se les ingresa su pensión, dinero en efectivo que administran a su manera para su vida diaria, lo que llevan haciendo toda su vida y en la actualidad están casi totalmente limitados para ello. Hay ya estudios que nos dicen que Castilla y León, con Zamora y Ávila a la cabeza, es en este sentido la comunidad autónoma que presenta una situación peor por la cantidad de oficinas bancarias cerradas.

Esta terrible situación actual no tiene visos de solucionarse, de manera que todo parece indicar que la cosa va a ir de mal en peor en estas cuestiones. Únicamente la iniciativa de algunas Administraciones Públicas puede paliar en parte este problema con actuaciones como la que parece que va a poner en práctica la Diputación Provincial de León consistente en la instalación de oficinas móviles y cajeros dispersos por distintas zonas rurales que den un servicio a los ciudadanos. Es sorprendente que tengan que ser las Administraciones Públicas las que tengan que sufragar los gastos para conseguir que la población tenga acceso a unos servicios bancarios básicos, unos servicios que deberían ser prestados por los propios bancos y que creo deberían exigírseles dentro de su propia actividad. Aquí se visualiza el poder de la banca, que además nos lleva a recordar las importantes cantidades de dinero empleadas a fondo perdido para el rescate de diversas entidades del sector. O sea, cuando la cosa va muy bien, «los ingentes beneficios para mí» y cuando la cosa no va tan bien se aprovechan de una u otra manera del apoyo que reciben de la Administración.

La exclusión financiera va más allá de todo esto y es que además de afectar tan negativamente a gran parte de la población, provoca también una importante pérdida de puestos de trabajo por el cierre de las sucursales bancarias. Así, la proliferación de los ERES en el sector para la eliminación de los trabajadores que ya no son precisos supone un serio quebranto económico para numerosas familias.

La reflexión de todo esto, pues que con la banca hemos topado. Y lo que vendrá…