Escándalo de espionaje

Por tercera vez en la actual legislatura, tras las votaciones de la prórroga del estado de alarma y la de reforma laboral, el gobierno salvó los trastos de milagro. El PP y VOX volvieron a demostrar que los intereses de los españoles les importan mucho menos que los de sus propios partidos. Los argumentos de Abascal solo pueden considerarse como patológicos. Con Feijoo, el PP ha dejado de insultar al gobierno a diario como hacía Pablo Casado, pero hasta el momento no ha demostrado más solvencia ni sentido de estado que su predecesor. Está visto que la cabra tira al monte de manera irresistible: ante la posibilidad de que el Gobierno perdiera una votación o sufriera desgaste no dudaron en perjudicar potencialmente a todos los españoles con su voto. Con lo fácil y civilizada que le hubiera resultado una sencilla abstención.

Ahora bien, el pretexto de ERC ha resultado el más sorprendente de todos porque ha utilizado un escándalo de espionaje, prefabricado por los chicos de Puigdemont, de manera absolutamente artificial. Acusan de que algunos independentistas fueron vigilados con el programa Pegasus por el CNI, entre 2017 y 2020, cuando se dedicaban a delinquir (según sentencia firme) o a conspirar para reiterar su actividad delictiva. Según la Ley 11/2002, de 6 de mayo, el CNI actuará «para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones». El CNI tiene la facultad de vigilar y la obligación de hacerlo en esos casos, bajo control judicial que ejerce un magistrado del Tribunal Supremo. Los actores del procés en su momento álgido obviamente merecían la máxima atención del CNI. Actualmente el procés está de capa caída entre la población de Cataluña. Pero el tenderete de Puigdemont en Bruselas no se resigna y sigue condicionando al gobierno y al parlamento catalanes con sus maniobras propagandísticas. Su activismo alterna espasmos de prepotencia y de victimismo, aparentando una relevancia que no tienen en la realidad salvo para los que viven en la entelequia de la república catalana.

En este país todo el mundo espía a todo el mundo o al menos eso parece. Empezando por los clientes de Villarejo que siguen dando trabajo a los tribunales. Iberdrola espiaba a ACS, BBVA espiaba a SACYR. La policía patriótica espiaba a Bárcenas, etc. Lo sabido es que la mayor parte de las causas importantes de corrupción que pululan por los juzgados incluyen escuchas telefónicas por orden judicial entre las pruebas de cargo, como es natural. En las últimas fechas fue noticia una conversación telefónica grabada por no se sabe quién entre Piqué y Rubiales donde nos enteramos de una comisión de 24 millones de euros por llevar una competición del fútbol español a Arabia Saudí. El espionaje sirvió para confirmar que el fútbol es la actividad pública con la corrupción más extendida y tolerada por la sociedad española.

Hay que suponer que no han trascendido muchos más espionajes ejercidos por agencias de información mucho más importantes que Villarejo con su gorra y gafas a juego, mirando de reojo y tapándose con una cartera.

Por supuesto el CNI debía tener vigilado al anterior Jefe del Estado (para protegerlo de sí mismo) a partir del momento en que empezó a chochear (en todos los sentidos posibles del verbo), cuando perdió definitivamente el oremus y 65 millones por unas faldas. Ahora hemos sabido que la muy habilidosa Corina Larsen también encargó el espionaje a catorce amigos del ex rey Juan Carlos aunque nos falta saber si era para conseguir más dinero o para asegurar el que ya le había extraído.

Lo extraño de la maniobra de Puigdemont y los independentistas es que les haya hecho caso tanta gente, comenzando por los medios de comunicación y siguiendo por el partido minoritario del gobierno que pide dimisiones. Otros organismos similares al CNI como el MI5 británico o el Deuxieme Bureau francés habrán quedado asombrados ante esta muestra de catetismo. La explicación está otra vez en que no interesa hablar de los asuntos que importan a los españoles y para evitarlo vale cualquier cortina de humo.

El pasado 15 de marzo, cuando se confirmó que (en pleno revolutum del procés) los chicos de Puigdemont se habían reunido con agentes de Putin para pedir asistencia y ofrecerse en cuerpo y alma, Gabriel Rufián, en un rapto de sinceridad, los describió ajustadamente: «Son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque por un rato se creían James Bond». Obviamente Rufián sabía más de lo que confesaba.

Sin embargo, un mes más tarde, la obligada vigilancia de «los señoritos» por el CNI se convierte en el pretexto de ERC para votar contra el decreto de medidas económicas derivadas de la guerra de Putin. En realidad ha servido para demostrar una vez más que el PSOE no tiene socios sino malos compañeros de viaje, prestos siempre al navajazo parlamentario. El propio Rufián lo había dejado claro en una de sus intervenciones: «No nos une el amor, sino el espanto», citando a Borges. Pero se le olvidó mencionar que el procés fue el combustible que ha llevado a la extrema derecha a consolidarse como el tercer partido político de España según se describe en «VOX, S.A.» de Miguel González. La aventura soberanista está acabada, pero nos ha dejado a todos los españoles la herencia de VOX.

Pedro Sánchez se afana en llevar la legislatura hasta su final temporal, pero está claro que no depende solo de su voluntad. Los aliados de Unidas Podemos están más desunidos que nunca y con los últimos esquemas ideológicos fundidos por la guerra de Putin. Su principal dedicación consiste en torpedear el proyecto autónomo de Yolanda Díaz y su portavoz parlamentario dedica la mayor parte de sus intervenciones a criticar al Gobierno del que forman parte. La última ocurrencia pidiendo la dimisión de Margarita Robles, excelente ministra de Defensa, solo puede entenderse desde el desnorte general. Deberían saber que es una jueza profesional de larguísima trayectoria y si de algo se puede estar seguro es que se ha atenido a todas las previsiones legales en sus funciones con el CNI. Margarita Robles (que debería ser diputada por León) seguirá siendo ministra y Pedro Sánchez habrá dejado claro que gracias a su infinita frialdad es posible que la legislatura llegue hasta el final.

Las últimas noticias llegadas desde Moncloa refieren que el Presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y la exministra de Asuntos Exteriores sí fueron espiados con el famoso Pegasus por servicios extranjeros (como otros muchos gobiernos) y este sí es un asunto que merece la pena tomarse en serio como todo lo internacional. No las operetas soberanistas y los escándalos prefabricados para pedir la dimisión de Sánchez todos los días.